LA SOCIEDAD LIMITADA EN EUROPA

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    Sumario: La sociedad de responsabilidad limitada en Europa.
     PRESENTACIÓN.
     
I. CONSTITUCIÓN.
II. RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.
III. ORGANOS SOCIALES.
IV. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
La nueva Ley 2/1995 de 23 de marzo de «Sociedades de Responsabilidad Limitada», ha introducido, siguiendo las palabras de su exposición de Motivos, «una reforma global del Derecho español de la Sociedad de Responsabilidad Limitada» desde «una concepción más ajustada a la realidad».
     En el siglo de vida que esta forma social tiene, la realidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en Europa, se ha mostrado evolutiva, de influencia recíproca y de crecimiento e implantación desigual, en función de la flexibilidad de su regulación por comparación a la de la Sociedad Anónima su gran competidora, el trato fiscal recibido en los diferentes países, y el mayor o menor carácter anónimo, personal o capitalista dado por las distintas regulaciones.
     La doctrina continental europea RIPERT, RIVOLTA, PATRY, DI SABATO, KUS-TERMANN, GALGANO, es unánime al configurar esta forma social como intermedia entre la sociedad capitalista y personalista, utilizando al efecto calificativos diversos entre los que llama la atención su definición como sociedad «híbrida» o «intimista».
     Lo cierto es que a partir de la Ley Alemana de 29 de abril de 1892, y de la Austríaca de 1906, esta forma social se expande por Europa en la primera mitad del presente siglo con relativa cadencia: Portugal 1901, Francia 1925, Italia en el Venneto 1928 y con carácter general 1942, Suiza 1937, Bélgica 1944, España 1953.
     La aceptación plena de esta forma societaria no se produce, sin embargo, hasta una época ya relativamente reciente.
     Con el impulso definitivo de la 1.ª Directiva de la Comunidad Europea, que armoniza el proceso de constitución, publicidad y nulidad de Sociedades de los Estados miembros en 1968, surgen las Leyes Holandesa de 1971 y Danesa de 1973, y con la publicación de las posteriores directivas comunitarias que afectan a estas sociedades (4.ª, 7.ª, 8.ª y 9.ª, la última reconociendo la sociedad Unipersonal), la Sociedad de Responsabilidad Limitada en Europa, se sujeta a un definitivo proceso de Armonización Legislativa.
     En la visión general del Derecho europeo no debe olvidarse el Derecho anglosajón.
     La Companies Act de 1844 sienta las bases de la regulación del Derecho inglés de sociedades con limitación de responsabilidad, que evolucionarán dando lugar a la regulación de la PRIVATE COMPANY, en la Companies Act 1900.
     A partir de aquí, múltiples disposiciones la van desarrollando hasta llegar a la importante y decisiva «Companies Act de 1985» que determina la asunción de las directivas europeas en materia societaria en el Reino Unido, encontrando de alguna manera el correspondiente a la Sociedad de Responsabilidad Limitada continental en las islas, en esa forma social.
     La implantación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en Europa es desigual, y si bien no todos los países recogen estadísticas, sí resultan suficientemente expresivas las recogidas por PATRY en Suiza por comparación a Alemania.
     Según este autor la proporción es, 1 Sociedad Anónima en Alemania por cada 7 u 8 Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en cambio, 1 Sociedad de Responsabilidad Limitada en Suiza por cada 20 Sociedades Anónimas.
     En Francia las cifras son crecientes, y así, de 320.690 sociedades el 1.º de enero de 1983, pasan a 479.282 sociedades el 1.º de enero de 1989, aunque RIPERT reconoce que es una forma social, ahogada, entre las Sociedades Anónimas para las grandes compañías, y las sociedades colectivas para las pequeñas compañías, quedando su uso reducido a ambientes familiares o entre empleados, o éstos y sus empleadores.
     En lo que sí es unánime la doctrina europea es al reconocer en esta forma social una sociedad que limita la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, que como contrapartida exige un rigor en la formación del capital, que es más flexible y menos formalista que la Sociedad Anónima, y en la que el socio tiene una mayor participación en la vida social.
     Por otro lado y de manera semejante a la Ley española, que pretende evitar la aplicación supletoria general del régimen de la Sociedad Anónima (E de M.) las legislaciones europeas pretenden darle el carácter de forma social autónoma, con sabor de novedad (DI SABATO), pero no obstante este intento, recurren una y otra vez a la remisión directa a la normativa de Anónimas no sólo por la mejor técnica legislativa de estas Sociedades (RIPERT), sino por las exigencias de las propias directivas comunitarias de aplicación común a ambas formas sociales.
     
I. CONSTITUCIÓN
     La constitución de las Sociedades de Responsabilidad Limitada en los distintos países europeos debe hacerse en forma simultánea o por contrato.
     A este tipo social se le veda el acceso al ahorro público, y de aquí que las distintas legislaciones no admitan la constitución en forma sucesiva o por suscripción pública, y que exijan que el contrato social sea suscrito por un número mínimo de dos fundadores.
     Alemania introdujo por la Ley de 4 de julio de 1980 la Sociedad Unipersonal recogida por la nueva Ley española; Francia lo hizo por la Ley de 11 de julio de 1985, en cumplimiento de la 9.ª Directiva de la CE.
     En aplicación de esta directiva la reunión de todas las participaciones en una sola mano no es causa de disolución de esta forma social.
     Existen límites máximos en cuanto al número de socios en determinados países (Francia 50, Bélgica 50, Luxemburgo 40). En estos dos últimos países se permite que el número de socios sea sobrepasado por causa de sucesión.
     En Francia, por el contrario, cuando los socios han pasado de 50, la Sociedad tiene un plazo de dos años para transformarse en Sociedad Anónima, siendo sancionada con la disolución en caso de mantenerse la situación de socios por encima del límite indicado (art. 36).
     CAPITAL Y SU FORMACIÓN El acercamiento de esta forma social al de la Sociedad Anónima se muestra de una manera generalizada en las distintas legislaciones europeas en materia de formación y conservación del capital, por tratarse en ambos casos de sociedades no permeables, que limitan la responsabilidad social al patrimonio social.
     El capital se divide en participaciones o cuotas, que se configuran en estas sociedades de una manera negativa por relación a las acciones:
     No puede estar representado por títulos negociables (art. 34 C. francés), no pueden ser representados por acciones (art. 2472, párrafo 2.º C. Italiano), todo asociado participa en el capital social sin que su participación tenga el carácter de una acción (art. 772 C. Obligaciones suizo), etc.
     La mayoría de las legislaciones europeas exige un capital mínimo, de distinto y variado importe (con la excepción del Reino Unido e Irlanda que no lo exigen) y en algún caso se impone también capital máximo (Suiza).
     En unos casos el capital ha de estar íntegramente suscrito y desembolsado (España, Luxemburgo, Francia), en otros íntegramente suscrito pero parcialmente desembolsado (Italia un 30%, Suiza un 50%), en otros desembolsado en el mínimo legal (Alemania, Bélgica), pero no por encima de éste.
     El capital en unos países se divide en cuotas iguales que se atribuyen al socio (España, Francia), en otros países el socio tiene una cuota única en la sociedad, en función de su participación en el total capital (Portugal, Suiza, Italia, Alemania).
     En materia de formación de capital es donde la más detallada y rigurosa regulación de la Sociedad Anónima influye decisivamente en la Sociedad de Responsabilidad Limitada.
     En algunos países como Italia la remisión a las normas de la Anónima es completa (art. 2476), en otros casos como Francia se imponen los controles de formación de capital propios de las Anónimas, para evitar la responsabilidad del socio por el valor de las aportaciones no dinerarias, exigiéndose de otro lado el depósito notarial o bancario de las aportaciones dinerarias (art.
     40 Code de Sociétés).
     Esta normativa parece haber sido la guía del sistema introducido por la nueva Ley española en el artículo 21, cuyo último párrafo que exime de responsabilidad a los socios por la realidad y valor de las aportaciones no dinerarias en el caso de su refrendo por el experto independiente, de conformidad con el art. 38 de la Ley de Sociedades Anónimas, debe entenderse aplicable en una interpretación lógica y sistemática del precepto, no sólo a los socios aportantes, sino a todos los socios de la sociedad.
     ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN, INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN Desde el punto de vista formal la 1.ª Directiva Comunitaria ha permitido la unificación documental del negocio de constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada entre los distintos países europeos.
     La escritura pública notarial, como solución alternativa al control judicial o administrativo preventivo, exigido por el art. 10 de la 1.ª Directiva de la CE en materia de sociedades, ha sido seguida de forma casi unánime en la CE para la constitución de estas sociedades. Suiza por su parte también exige la escritura pública notarial.
     La excepción a esta forma documental se encuentra en Francia, donde la constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en documento notarial es voluntaria, y tan sólo se impone como necesaria en el caso de aportaciones inmobiliarias. Esta solución es criticada por RIPERT, que reconoce la problemática de la constitución de la Sociedad en documento privado, sobre todo por las cuestiones que se suscitan en materia de titularidad y constitución de garantías sobre las participaciones sociales, y por su comparación con el sistema más perfeccionado de las demás legislaciones. También se pone en duda el pleno y perfecto cumplimiento de la 1.ª Directiva Comunitaria por el sistema de constitución francés.
     El Reino Unido e Irlanda desconocen desde el punto de vista de su derecho interno el documento público, su eficacia probatoria y ejecutiva, así como su exigencia en cuanto instrumento necesario para la publicidad jurídica de los Registros Jurídicos, por lo que estos países han de acudir al procedimiento alternativo judicial o administrativo previsto por la propia directiva.
     La escritura pública notarial debidamente inscrita en el Registro de Comercio, o en su caso acompañada por un certificado de inscripción de dicho Registro, se convierte, amparada en la equivalencia de formas atribuida por la intervención notarial en todos estos países europeos con Notariado Latino, en el instrumento idóneo y ordinario para acreditar la existencia y contenido estatutario de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como de la designación de sus administradores, gerentes o apoderados, por aplicación del principio de libre circulación del documento, y de igual contenido formal, y de la eficacia probatoria y de publicidad reconocida en todos ellos para el «ACTE AUTENTIQUE NOTARIALE».
     La constitución, además, se halla sujeta en todos estos países al depósito o inscripción de la escritura o documento en constitución en el Registro de Comercio, y finalmente a su publicación en los Boletines o Gacetas correspondientes, requisito este último de oponibilidad a terceros de la existencia de la sociedad, aunque se reconozca su personalidad jurídica plena, desde el momento de la inscripción.
     CONTENIDO DEL ACTO CONSTITUTIVO Las distintas leyes europeas precisan con mayor o menor detalle y exigencia el contenido esencial del acto constitutivo:
     La voluntad de adoptar esta forma social, los datos de los fundadores y de sus aportaciones y participación en la Sociedad, el futuro régimen de funcionamiento con las menciones estatutarias definidoras de la misma, el régimen orgánico y designación de administradores, las modificaciones convencionales a los regímenes de mayorías de los acuerdos de las Juntas, prestaciones accesorias, aportaciones suplementarias, régimen de transmisión de las participaciones por actos inter vivos o mortis causa, normas sobre el ejercicio del derecho de voto y mayorías, derechos preferentes para unas u otras participaciones, causas de exclusión del socio o del ejercicio del derecho de separación de los socios, pactos sobre prohibición de concurrencia o de fidelidad, ejercicio del derecho de información, designación de auditores, etc.
     Es, por tanto, de esencial importancia la negociación y precisión del contenido contractual del negocio de constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuya amplitud varía en cada uno de los estados, pero pudiendo afirmarse que se permite una flexibilidad contractual y estatutaria, y variedad superior a la Sociedad Anónima, como expresión de su carácter personalista.
     
II. RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
     Es esta una de las materias en que las distintas regulaciones europeas muestran una mayor diversidad de soluciones.
     En unas legislaciones se parte del principio de libertad absoluta de transmisión de las participaciones tanto entre socios como respecto de terceros no socios (Italia, Reino Unido, Alemania), libertad que puede ser restringida por vía estatutaria, incluso hasta el punto de poder exigirse el consentimiento de todos los demás asociados para la misma (Alemania).
     En otros se parte de la libertad de transmisión interna o inter socios (Francia, Bélgica, España), o a determinadas personas normalmente parientes del socio, exigiéndose un consentimiento o unas mayorías reforzadas para la transmisión a terceros no socios (Francia, Bélgica), e imponiendo para el caso de negativa una obligación de compra de las participaciones ofertadas en un plazo determinado.
     Otras finalmente reconocen la posibilidad de prohibir la venta de las participaciones (art. 791 C.O. Suizo); si bien, compensan esta prohibición con un derecho de separación del socio para evitar que quede prisionero de la Sociedad.
     Las soluciones son, como se puede apreciar, esencialmente dispares, desde la libertad absoluta hasta la prohibición absoluta, con todos los pactos graduales intermedios.
     La diversidad legislativa en el régimen de transmisión de las cuotas surge también desde el punto de vista de la forma de instrumentar la misma transmisión.
     Si bien, en algunos países el sistema de transmisión es formalmente libre, y se realiza en documento privado (Italia, Francia y Bélgica, salvo transmisión a tí-tulo gratuito, Reino Unido e Irlanda) se pone en ellos de manifiesto por la Doctrina (DI SABATO) la problemática de probar la titularidad de las cuotas transmitidas cara a los actos dispositivos sobre ellas frente a terceros no socios, por ejemplo: embargos o prenda sobre las mismas.
     La mayoría de los países europeos exige la escritura pública notarial para la formalización de la transmisión de las cuotas sociales (Alemania, España, Portugal, Suiza, Austria, Grecia), constituyendo este documento público el instrumento de garantía y eficacia probatoria de la transmisión frente a la sociedad y los terceros. Frente a la Sociedad, una vez notificada la misma para su inscripción en los Libros Registros de Socios, ordenados por todas las legislaciones, y de publicidad cuando la transmisión ha de inscribirse en el Registro de Comercio (inscripción exigida en determinados países, que impide el carácter anónimo de la condición de socio de estas sociedades (Portugal, Suiza, Grecia, Turquía).
     Finalmente la transmisión mortis causa se reconoce con carácter general libre, sin perjuicio de limitaciones estatutarias reconociendo derechos de adquisición preferentes.
     
III. ORGANOS SOCIALES
     En materia de órganos sociales las distintas legislaciones europeas distinguen entre un Organo deliberante (la Asamblea o Junta de Socios), y un Organo de gestión y representación (los Administradores o Gestores).
     Además algunas legislaciones introducen órganos de control (Consejo de Vigilancia en Alemania, Collegio Sindicale en Italia, Commissaires aux Comptes en Francia, Auditores en Reino Unido, Irlanda, España, etc.).
     JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS La Asamblea de Socios en la Sociedad de Responsabilidad Limitada no distingue, sin perjucio de su regulación estatutaria, entre primera y segunda convocatoria en las distintas Leyes.
     Tampoco exige un quórum de asistencia sobre el que se computen las mayorías de la Junta.
     Los acuerdos según las distintas Leyes se adoptan por el principio capitalista de participación en el capital, existiendo mayoría cuando existe el voto favorable de más de la mitad del capital social, y exigiéndose mayorías reforzadas 2/3, 3/4 de capital e incluso de personas, para acuerdos específicos (modificación de estatutos, aceptación de una transmisión de una cuota social, etc. Francia, Bélgica, Suiza, etc.).
     Las restricciones al ejercicio del derecho de voto se admiten en algunas legislaciones como la Alemana, la Holandesa, el Reino Unido e Irlanda, que también reconocen las participaciones sin voto aunque este régimen no sea norma general en Europa.
     La Junta puede en la mayoría de los países ser sustituida por acuerdos adoptados y emitidos por correspondencia (Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Turquía, Suiza).
     Con carácter general suelen quedar reservadas a la Junta General Ordinaria la aprobación de cuentas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, siendo además competencia de las Juntas la modificación de estatutos, designación y revocación de Administradores, reclamación de aportaciones suplementarias, consentimiento a transmisión de las cuotas sociales, fusión, escisión, transformación o disolución de las compañías.
     ORGANO DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN El Organo de gestión y representación de las Sociedades de Responsabilidad Limitada en Europa admite configuraciones diferentes: Administrador Unico, Varios Administradores con carácter solidario, o mancomunado, o Consejo de Administración.
     Estas soluciones son más flexibles que en la regulación de las Sociedades Anónimas donde las Leyes suelen ser más rigurosas; por ejemplo: en Francia la Sociedad Anónima exige Consejo de Administración y en Italia tan sólo permite la opción entre el Administrador Unico o Consejo de Administración.
     La regulación del Organo de Administración suele ser objeto de desarrollo y precisión estatutaria, ya que en distintos países se reconoce el derecho de todo socio a participar en la gestión de la compañía ante la falta de precisión estatutaria al respecto (Italia, art. 2487; Suiza, art. 811).
     Las distintas legislaciones confieren al Administrador bien en virtud de la teoría de la procura alemana, o de la representación orgánica (España, Holanda, Italia), o del mandato legal (Francia, Bélgica, Luxemburgo), todas las facultades del giro y tráfico de la empresa, siendo inoponible frente a terceros, cualquier limitación que al efecto se le imponga por vía estatutaria o en su designación, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad interna.
     Algunas legislaciones prohíben que puedan ser administradores de una Sociedad de Responsabilidad Limitada personas jurídicas (Alemania, Francia, Grecia, Italia), y en todas se reconocen unas mayores o menores prohibiciones o limitaciones para el ejercicio del cargo y especialmente limitaciones por razones deontológicas (Abogados, expertos contables y fiscales, Notarios, funcionarios del Ministerio de Justicia o de Finanzas Públicas, Militares, etc).
     La designación del Administrador puede tener en algunas legislaciones carácter estatutario en cuyo supuesto la misma exige la forma pública notarial (Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Suiza).
     La designación de los Administradores no estatutarios puede realizarse en virtud de escritura pública, o en virtud de documentos privados, en función de las distintas legislaciones.
     En los casos en que la designación del administrador no estatutario no se formalice en escritura pública, ni en documento privado con firmas legitimadas, en el tráfico internacional se plantea el problema de acreditar su designación y la vigencia de su nombramiento.
     Es por ello que en estos casos será necesaria la presentación del certificado correspondiente de inscripción del cargo en el Registro de Comercio, bastando en otro caso la exhibición de la copia de la escritura de nombramiento, debidamente inscrita, o con el certificado de inscripción acompañando a la misma.
     La designación del Administrador debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Boletín Oficial o Gaceta correspondiente, sin cuyo requisito el cargo no es oponible a terceros (art. 3, n.º 5 de la primera Directiva CE).
     La duración del cargo de Administrador es objeto de delegación por las Leyes a la determinación estatutaria, admitiéndose por las distintas legislaciones la duración indefinida o limitada para tales cargos, e incluso de por vida (Irlanda).
     La revocación del cargo corresponde a la Asamblea y así como ésta puede realizarse ad nutum, con carácter general (excepción Bélgica para los designados con carácter estatutario que exige mayorías reforzadas), la dimisión se halla sujeta a diferentes requisitos tendentes a garantizar que la sociedad no quede sin Administrador (por ejemplo: en Francia la dimisión intempestiva que perjudica a la sociedad, puede dar lugar a una indemnización de daños y perjuicios) (Sentencia de la Corte de Casación 13/01/69).
     La dimisión y la revocación o cese deben, lo mismo que la designación, inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse para ser oponibles a terceros.
     Finalmente señalar que las distintas legislaciones (Italia, Francia, Suiza, España, etc.) hacen remisión a la Normativa de las Sociedades Anónimas para completar el régimen jurídico de los Administradores de las limitadas.
     Las distintas legislaciones introducen una prohibición de concurrencia al Administrador de la compañía, y le imponen un control de los actos y contratos que realiza con la propia sociedad.
     Junto al Organo de Gestión y Representación, determinadas legislaciones introducen un Consejo de Vigilancia (Alemania, Holanda, o Colegio Sindical en Italia) con facultades superiores a las de una mera auditoría de cuentas, exigible cuando lo imponen los estatutos o se sobrepasa un límite determinado de capital social.
     ORGANO DE CONTROL DE CUENTAS Por aplicación de las directivas comunitarias en materia de formulación de cuentas y auditoría, la figura del Comissaire aux compts del Derecho francés o belga, o del auditor del Reino Unido e Irlanda, se han generalizado como auditoría con carácter obligatorio en función de determinados parámetros seguidos por cada ordenamiento.
     Independientemente de este sistema de control, las distintas leyes regulan con mayor o menor amplitud susceptible de gradación estatutaria, un derecho individual del socio de examinar con un carácter más o menos amplio, los estados contables y documentación de la compañía por sí o por medio de expertos independientes (Italia, art. 2489, Francia 64-1 y 2, Suiza 819, Portugal 214 a 216 ambos inclusive).
     
IV. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
     La regulación de las modificaciones estatutarias así como del aumento o reducción del capital, disolución y liquidación de estas sociedades es por lo general breve con remisión expresa a las respectivas regulaciones de las Sociedades Anónimas, o de las sociedades generales mercantiles de cada país.
     Así, en Italia, la modificación estatutaria, disolución y liquidación se rige por la regulación de la Sociedad Anónima; en Francia y Portugal la liquidación se realiza según el régimen de la Sociedad General y en Suiza hay remisión concreta a la Sociedad Anónima.
     Lo que sí es destacable en materia de disolución y liquidación es de nuevo el aspecto personal de esta Sociedad que surge con formas y maneras muy diferentes.
     Así, en Francia puede establecerse como causa de disolución la muerte de un socio (art. 67 bis), y constituye una manifestación más de este carácter personal la regulación o contemplación expresa del derecho de separación del socio o expulsión del mismo por causas legales o estatutarias (Portugal, Suiza), e incluso la facultad que este último ordenamiento confiere al socio para solicitar del Juez la disolución por justa causa y la separación de la sociedad.
     Epílogo Resulta optimista realizar en estas breves notas un análisis comparado en profundidad del régimen de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en Europa.
     Es por ello que me remito para dicho examen a los distintos tratados europeos, y a un trabajo con esa intención realizado en el año 1984 por la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado Latino, Organización no Gubernamental.
     En la actualidad la misma Comisión, hoy Comisión de Asuntos de la Unión Europea, está realizando una labor de actualización de dicho trabajo, de próxima aparición, que permitirá una visión general y comparada de esta forma social en Europa, pudiendo completarse con los trabajos doctrinales existentes en cada país con relación a esta forma social.
     Juan Ignacio Gomeza Villa
     Notario
     Colegio Notarial de Bilbao
     

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