X De la disolución y liquidación

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CAPITULO X

SECCIÓN 2.ª LIQUIDACIÓN.
Artículo 109. Período de liquidación.
Artículo 110. Nombramiento de liquidadores.
Artículo 111. Duración del cargo.
Artículo 112. Poder de representación.
Artículo 113. Separación de los liquidadores.
Artículo 114. Régimen jurídico de los liquidadores.
Artículo 115. Las cuentas durante la liquidación.
Artículo 116. Operaciones de liquidación.
Artículo 117. Cesión global del activo y del pasivo.
Artículo 118. Balance final de liquidación.
Artículo 119. Cuota de liquidación.
Artículo 120. Pago de la cuota de liquidación.
Artículo 121. Escritura pública de extinción de la sociedad.
Artículo 122. Cancelación de los asientos registrales.
Artículo 123. Activo y pasivo sobrevenidos.
Artículo 124. Insolvencia de la sociedad en liquidación.
    

SECCIÓN 2.ª LIQUIDACIÓN

Artículo 109. Período de liquidación
     2. La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión «en liquidación».
     3. Durante el período de liquidación continuarán aplicándose a la sociedad las normas previstas en esta Ley que no sean incompatibles con las establecidas en esta sección.

     Comentario La disolución de la SL inicia un proceso que culmina con la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad mediante la cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil.
     La disolución de la SL lleva consigo los siguientes efectos necesarios o ineludibles: La sociedad entra en fase de liquidación (Artículo 109) y cesan en sus cargos los administradores (Artículo 110).
     Da paso a una nueva fase en la vida de la sociedad en la que la actividad de sus representantes, los liquidadores, sólo podrá ir encaminada a obtener la liquidación como resultado.
     Y como refuerzo de la publicidad que proporciona la inscripción de la disolución en el Registro Mercantil (Artículo 205 y siguientes del Reglamento del RM), el artículo que comentamos ordena que se añada a la denominación la expresión «en liquidación», avisando a los terceros sobre la especial situación en que se encuentra la compañía.
     Mientras la sociedad se encuentra en liquidación conserva su personalidad jurídica y mantiene su régimen jurídico, constituido por la propia Ley de SL, salvo en aquello que sea incompatible con lo dispuesto especialmente en la sección que dedica a la liquidación.
     A pesar de que la LSL se refiere a la liquidación como «período», es decir, una situación que se desarrolla en el tiempo, nada impide que todo el proceso desde la disolución hasta la aprobación del balance final se produzcan en una misma Junta de socios si las especiales circunstancias de la sociedad así lo permiten.
     El proceso de liquidación y posterior extinción de la sociedad es irreversible, salvo reactivación con arreglo al artículo 105, o participación en una fusión o escisión con arreglo al artículo 93.3.
     Las normas de esta sección son también aplicables al caso de declaración de nulidad de la sociedad (Artículo17).
     Diferencias con el régimen anterior La Ley de 17 de julio de 1953 no contenía una regulación de la liquidación de la SL. En su artículo 32 se remitía a lo dispuesto en la escritura de constitución y en el C. de c., siendo las normas de éste subsidiarias de lo establecido en la escritura de constitución (Artículo 227 C. de c.). Por tanto, se dejaba a los estatutos un amplio margen de libertad para regular la liquidación de la SL.
     La principal innovación de la nueva Ley radica en que se regula por primera vez la liquidación de la SL, dedicándole en el Capítulo X la Sección 2.ª, que encabeza el artículo que comentamos. Las normas de esta Sección tienen carácter imperativo y obligan a las SL a ceñirse a ellas en la ejecución de la liquidación, quedando reducido el margen de libertad estatutaria a los puntos concretos que la propia Ley determina (arts. 111.1, 112.1, y 119).
     En consecuencia, las diferencias entre la nueva regulación y el régimen anterior han de establecerse con relación a las normas del C. de c. y el Reglamento del RM, lo que será objeto de los comentarios a los artículos siguientes.
     Diferencias con LSA Comparando el artículo 109 de la LSL con el artículo 266 de la LSA, cabe destacar la más correcta expresión del primero cuando dice que la disolución «abre el período de liquidación», en vez de «se abrirá el período de liquidación», que utiliza el segundo. Con el verbo de presente «abre» se pone de manifiesto que la liquidación es un efecto inmediato e ineludible de la disolución, mientras que el impersonal y de futuro «se abrirá» parece hacer referencia a la necesidad de un acto formal de apertura de la liquidación, opinión que podría encontrarse corroborada por el propio título del artículo 266 LSA «Apertura de la liquidación», cosa que no parece haber querido el legislador.
     Por lo demás, la conservación de la personalidad jurídica y el mandato de incluir en el nombre social la expresión «en liquidación» también se recogen en el artículo 264 de la LSA.
     La precisión de que durante la liquidación seguirán aplicándose a la sociedad las normas de la LSL que sean compatibles con las de la sección dedicada a la liquidación, no aparece en la LSA y puede considerarse como una aclaración provechosa.
     
Artículo 110. Nombramiento de liquidadores
     1. Con la apertura del período de liquidación cesarán en su cargo los administradores.
     Quienes fueren administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que se hubieren designado otros

     en los estatutos o que, al acordar la disolución, los designe la Junta General.
     2. En caso de fallecimiento o de cese del liquidador único, de todos los liquidadores solidarios, de alguno de los dos liquidadores que actúen conjuntamente, o de la mayoría de los liquidadores que actúen colegiadamente, sin que existan suplentes, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del Juez de Primera Instancia del domicilio social la convocatoria de Junta General para el nombramiento de los liquidadores. Además, cualquiera de los liquidadores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la Junta General con ese único objeto.
     3. Cuando la Junta convocada de acuerdo con el apartado anterior no proceda al nombramiento de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar su designación al Juez de Primera Instancia del domicilio social.

     Comentario Al comentar el artículo anterior ha quedado establecido que de la disolución de la sociedad se derivan como efectos inmediatos la apertura del período de liquidación y el cese de los administradores, sin que tenga que producirse un acto formal en que se declare uno u otro resultados. En otras palabras, no cabe acordar la disolución y que continúen en sus cargos los administradores, sino que su cese se produce ipso iure y sin alternativa.
     No es demasiado afortunada la LSL sobre el nombramiento de los liquidadores.
     Viene a establecer que serán liquidadores los designados en los estatutos, en su defecto las personas designadas por la Junta al acordar la disolución, y en su caso los administradores quedarán convertidos en liquidadores. Pero no lo dice así de claro y, sobre todo, deja planteada la duda de si no caben otras alternativas y concretamente la de que los estatutos, en vez de designar las personas de los liquidadores, regule de alguna forma su nombramiento por la Junta. En tal caso, si la Junta no los nombra al acordar la disolución, pueden sostenerse dos soluciones: a) Se producirá la conversión automática de los administradores en liquidadores; y b) El nombramiento de liquidadores quedará pendiente para una Junta posterior. La primera solución tiene a su favor los términos imperativos del artículo 110 («quedarán convertidos») y que se obtiene una salida ágil e inmediata al problema. La segunda tendría un sólido fundamento en que la Junta está sometida a los estatutos y debe cumplir con lo en ellos establecido, por lo que sólo ella puede y debe nombrar los liquidadores si así lo establecen los estatutos, pero presenta el inconveniente de que, al cesar los administradores por virtud del acuerdo de disolución, habría que recurrir a la convocatoria judicial, con la dilación consiguiente.
     Quizá quepa sacar la consecuencia de que no conviene dejar en los estatutos sociales la semilla que pueda dar pie al planteamiento del problema comentado, pero si, a pesar de ello, se estima conveniente regular en los estatutos el nombramiento de liquidadores, parece lógica la siguiente conclusión:
     Si por conversión de administradores en liquidadores puede trasladarse a la liquidación cualquiera de los sistemas previstos en los artículos 57 y siguientes de la LSL para la administración, también por vía estatutaria podrá preverse que los liquidadores actúen organizados en cualquiera de dichos sistemas, aunque no sea el mismo establecido para la administración de la sociedad en los mismos estatutos.
     También podrá la Junta que acuerde la disolución, si no hay previsión estatutaria, adoptar cualquiera de los repetidos sistemas, aunque no coincida con el que regía para la administración.
     Queda la incógnita de si el administrador que se convierte en liquidador puede aceptar o no el cargo. Si entendemos que la conversión es automática y llevamos esta idea a todas sus consecuencias, parece que no hay lugar para la aceptación del cargo y que, cuando se aceptó el cargo de administrador, se aceptó implícitamente el de liquidador por conversión. En contra puede argumentarse que todo nombramiento requiere aceptación.
     No se establecen límites al número de liquidadores, salvo lo que se dirá a continuación para el caso de que deban actuar mancomunadamente, ni se exige que su número sea impar.
     Se prevé el supuesto de que la sociedad quede sin representación por fallecimiento o cese de los liquidadores, disponiendo que, a falta de suplentes, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar la convocatoria judicial de una Junta para el nombramiento de liquidadores, y añadiendo que, además, también podrá convocarla directamente cualquiera de los liquidadores que permanezcan en su cargo. Es apreciable la previsión del legislador al dar soluciones a los casos en que la sociedad quede inmovilizada por fallecimiento o cese de liquidadores, pero no puede satisfacer la redacción dada al precepto que nos ocupa, por dos aspectos:
     1. Porque debería haber citado en primer lugar la posibilidad de convocatoria por cualquiera de los liquidadores que permanezcan en sus cargos, e incluso imponerles la obligación de convocar la Junta con fijación de un plazo, y sólo después de transcurrido el plazo o en caso de no quedar liquidador alguno en ejercicio, admitir la convocatoria judicial a solicitud de cualquier socio o persona con interés.
     2. Porque al querer recoger todos los posibles casos en que la sociedad puede quedar sin órgano de representación, deja dos puntos oscuros:
     a) Por un lado, parece dar a entender, de pasada, que los liquidadores que actúen conjuntamente han de ser «dos» necesariamente, cuando no lo impone así en ningún otro precepto y, por el contrario, el criterio que se desprende del artículo 57 es que pueden ser «varios», expresión que admite más de dos; criterio que se confirma en el artículo 62 c) al decir que en el caso de varios administradores conjuntos el poder de representación se ejercerá «al menos» por dos de ellos. Pero si entendemos que los artículos 57 y 62 c) se oponen al 110, habría que concluir, por aplicación del artículo 114, que está limitado a dos el número de los liquidadores mancomunados.
     Sin embargo, creemos que esta argumentación no debe prevalecer sobre la línea marcada en el párrafo primero del artículo 109 cuando ordena la conversión de administradores en liquidadores, con las salvedades citadas, de la que se sigue que si fueran más de dos los administradores mancomunados, todos ellos serían liquidadores con la misma forma de actuación. En conclusión, la frase «de alguno de los dos liquidadores que actúen conjuntamente» debe entenderse como «de un número de los liquidadores que hiciera imposible completar el número de los que deban actuar conjuntamente».
     b) Y por otro lado, al citar el supuesto de liquidadores que actúen colegiadamente, da por inevitable que el fallecimiento o cese de la mayoría de ellos conduce a la necesidad de convocar Junta para nombramiento de liquidadores, cerrando así el paso a la posibilidad de que los estatutos regulen un órgano colegiado de liquidadores que tome decisiones por mayoría de los que vayan quedando, sin que los fallecidos o cesantes se tomen en cuenta para determinar si se alcanza esa mayoría.
     Es también elogiable la previsión de que no se obtenga el nombramiento a pesar de celebrarse una Junta para ello, para cuyo caso se concede a cualquier interesado la posibilidad de instar la designación judicial de liquidadores.
     Los artículos 209 a 211 del Reglamento del RM ordenan y regulan la inscripción de los liquidadores en el RM.
     Diferencias con el régimen anterior Todo el contenido del artículo 110, excepto el cese y conversión de los administradores en liquidadores, puede considerarse innovación con relación a la regulación anterior de la SL, por cuanto el C. de c., aplicable por la remisión del artículo 32 de la LSL de 1953, se limita a establecer en su artículo 228, en los temas objeto de este comentario, que cesará la representación de los administradores para hacer nuevos contratos, y su conversión en liquidadores.
     Diferencias con la LSA En los temas objeto del artículo que comentamos, es más completa la regulación de la LSL que la de la LSA, en el sentido de que se prevén supuestos ignorados por ésta, como son la convocatoria de Juntas para los casos de fallecimiento o cese de liquidadores y la designación judicial de éstos, aunque con los defectos ya señalados.
     Por otro lado, comparando la redacción del artículo 267 de la LSA con el que ahora comentamos, vemos que aquél insiste en dar la impresión de que el inicio del período de liquidación exige una declaración formal, cuando no es así, y en el artículo 109 de la LSL, con una técnica superior, se ha eludido esa imperfección. En la LSL no quedan argumentos para sostener la posibilidad de que continúen los administradores en sus cargos después de la disolución, ni la de que los cargos de administradores y liquidadores pueden ser compatibles en un mismo tiempo, lo que sí resulta posible con las SA, por la confusa redacción del artículo 267 de la LSA.
     No exige la LSL que el número de liquidadores sea impar, apartándose del modelo de la LSA.
     Por último, hay que mencionar lo dispuesto en la Disposición Adicional 3.ª, que establece el cierre registral, trascurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, para cualquier documento en tanto no se tenga constancia registral de la adaptación de la sociedad a la nueva normativa; exceptuando entre otros supuestos el nombramiento de liquidadores y su cese o separación.
     Igual disposición se recoge para las Sociedades Anónimas, en la adicional 2.ª, número 24, produciéndose el cierre registral a partir del 31 de diciembre de 1995.
     
Artículo 111. Duración del cargo
     1. Salvo disposición contraria de los estatutos, los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido.
     2. Transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la Junta General el balance final de liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del Juez de Primera Instancia del domicilio social la separación de los liquidadores. El Juez, previa audiencia de los liquidadores, acordará la separación si no existiere causa que justifique la dilación y nombrará liquidadores a la persona o personas que tenga por conveniente, fijando su régimen de actuación. Contra la resolución por la que se acuerde la separación y el nombramiento de liquidadores, no cabrá recurso alguno.
     La retribución de los nuevos liquidadores será la establecida para los síndicos el caso de quiebra.

     Comentario La ley no señala plazo máximo para el cumplimiento de la misión de los liquidadores, como tampoco lo señala la Ley de Sociedades Anónimas ni el Código de Comercio; no obstante, los liquidadores, igual que los administradores, deben desempeñar su cargo «con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal» (arts. 61 y 114 de la Ley); por ello, tiempo «indefinido» debe entenderse como el necesario para realizar las concretas operaciones de liquidación, tiempo que será más o menos largo en función del número de acreedores, deudores, socios, o de la cuantía del patrimonio.
     Los estatutos podrán fijar, no obstante, un plazo para el ejercicio del cargo por los liquidadores; parece evidente que la Junta General que acuerde la disolución y/o el nombramiento de liquidadores también podrá fijar un plazo a los liquidadores.
     Si los administradores están sometidos a plazo y se convierten en liquidadores (Artículo 110) no les vincula ese plazo para la liquidación.
     Lo dispuesto en el párrafo primero del número dos del artículo se aplicará en el caso de que los estatutos o la Junta no hayan señalado plazo, y parece que ha de entenderse que también cuando hayan señalado un plazo superior a tres años: Siempre será más limitado que el indefinido, y, por tanto, se deberá reconocer a los socios la misma facultad para pedir al Juez la separación.
     La ley fija entonces un plazo de tres años desde la apertura de la liquidación, plazo en principio suficiente para someter a la aprobación de la Junta General el balance final de liquidación, salvo causa justificada. Hasta que transcurran esos tres años, la separación de los liquidadores sólo podrá ser acordada por la Junta General (Artículo 113); pasados los tres años, cualquier socio o persona con interés legítimo (un acreedor, por ejemplo) puede pedir la separación al Juez, que, previa audiencia de los liquidadores, la acordará si no hay causa que justifique la dilación, causa que será discrecionalmente apreciada por el Juez, y nombrará con la misma discrecionalidad nuevo o nuevos liquidadores.
     No hay posibilidad de recurso contra la decisión del Juez: Se trata de atajar la dilación, no de producir más dilación.
     Si los estatutos o la Junta fijaron un plazo a los liquidadores, y no pueden (o no quieren) cumplir su misión en ese plazo, podrán convocar una Junta e x t r a o r d i n a r i a para que, antes del transcurso del plazo, les conceda una prórroga o proceda al nombramiento de nuevos liquidadores; si no lo hacen, por aplicación del artículo 60.2 en virtud de la remisión del artículo 114, el nombramiento caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado Junta General o haya transcurrido el plazo para la celebración de la Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.
     La retribución prevista para los síndicos en caso de quiebra es la establecida en el artículo 1.219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
     
Artículo 112. Poder de representación
     1. Salvo disposición contraria de los estatutos, el poder de representación corresponderá a cada liquidador individualmente.
     2. La representación de los liquidadores se extiende a todas aquellas operaciones que sean necesarias para la liquidación de la sociedad.

     Comentario Tiene por objeto este artículo delimitar el modo y ámbito de actuación de los liquidadores.
     En cuanto al primer aspecto, el párrafo número 1 del artículo en cuestión establece un principio de actuación solidaria de los liquidadores, salvo disposición en contrario de los estatutos. En consecuencia y frente a terceros, lo actuado por cualquiera de ellos ha de estimarse plenamente válido y vinculante.
     Ahora bien, ese poder de representación no será individual cuando los estatutos prevean lo contrario y aquí el problema que se plantea es saber a qué parte de los estatutos se refiere este precepto, es decir, si la disposición contraria ha de estar referida directamente a la actuación de los liquidadores o basta que se desprenda del propio nombramiento de los administradores, puesto que, como señala el artículo 110, 1.º de este mismo texto legal, «quienes fueren administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que se hubieran designados otros en los estatutos o que, al acordar la disolución, los designe la Junta General», y en el caso de que la sociedad tuviera administradores mancomunados podría entenderse que éstos se convertirían en liquidadores, pero cuya actuación debía de ser también mancomunada.
     El supuesto de administradores mancomunados es realmente el único caso conflictivo, puesto que en los demás, es decir, en el caso de nombramiento por la Junta o por el Juez de Primera Instancia, éstos deberán determinar libremente la forma de actuación de los liquidadores, si bien con sujeción a lo que los estatutos pudieran prever para este supuesto.
     Sin embargo, en aquel caso subsiste el problema de si el propio nombramiento de los administradores como mancomunados impone que su actuación como liquidadores sea también mancomunada.
     El artículo 110, 2.º, prevé que los liquidadores, pese a lo dispuesto en el a r t í c u -lo 112, 1.º, puedan actuar de forma independiente en el caso de ser único, o que puedan ser varios solidarios, o varios que actúen conjuntamente, o varios que actúen colegiadamente por mayoría. También el artículo 111, 2.º, prevé un supuesto de nombramiento por el Juez de Primera Instancia de los liquidadores «fijando su régimen de actuación».
     En cuanto al párrafo segundo éste dispone que se extiende la representación a todas aquellas operaciones que sean necesarias para la liquidación de la sociedad, con lo cual se crea un amplio marco de actuación, limitado sólo por la condición de que esos actos sean «necesarios» para el fin de que se trata, es decir, la liquidación de la sociedad.
     No obstante, el artículo 116 enumera alguna de las funciones de los liquidadores, pero la regla general no es la existencia de limitaciones, sino que todo lo que sea necesario para la liquidación entra dentro del ámbito de actuación de los liquidadores e incluso, como señala el artículo 116, letra b), los liquidadores podrán realizar las «nuevas» operaciones que sean necesarias para la liquidación de la sociedad. Además las funciones de los liquidadores se pueden extender en el tiempo más allá de la fecha de cancelación de los asientos de la sociedad en los casos que señala el artículo 123.
     Diferencias con la regulación anterior y con la legislación sobre Sociedades Anónimas En la regulación anterior, el artículo 32 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se remite para la liquidación de la sociedad a lo previsto en el Código de Comercio a falta de previsión estatutaria y siendo de aplicación de dicho Código, según la doctrina mayoritaria, en concreto, lo dispuesto en los artículos 227, 228 y 230, artículos éstos que contienen una normativa más breve y concisa que la que se recoge en el nuevo Texto Legal, que desarrolla con mayor amplitud toda esta materia.
     Por su parte, la Ley de Sociedades Anónimas no tiene ninguna referencia similar a lo que dispone el párrafo primero del artículo 112, y en cuanto al segundo párrafo tampoco tiene aquella Ley una disposición similar, sino que en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas se enumeran las obligaciones de los liquidadores de forma más detallada, si bien, en el apartado c) se indica que realizarán aquellas operaciones convenidas pendientes y también las «nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad».
     Relación con el Registro Mercantil El artículo 94.4 del Reglamento del Registro Mercantil dice que en la hoja abierta a cada sociedad se inscribirán obligatoriamente el nombramiento y cese de liquidadores, y disponiendo el artículo 209 del mismo Texto Legal que la inscripción del nombramiento de los liquidadores podrá ser simultáneo o posterior a la disolución y se hará constar su identidad y el «modo en el que han de ejercitar sus facultades», por su parte, el artículo 211, también del Reglamento del Registro Mercantil, determina los títulos en virtud de los cuales se ha de inscribir el nombramiento de liquidadores.
     El nuevo Texto Legal regulador de las Sociedades de Responsabilidad Limitada también prevé, en su disposición adicional primera, la modificación del artículo 22 del Código de Comercio, de forma que en la Hoja abierta a las Sociedades Mercantiles y demás entidades a que se refiere el artículo 16 se hará constar el nombramiento y cese de los liquidadores.
     
Artículo 113. Separación de los liquidadores
     1. La separación de los liquidadores no designados judicialmente podrá ser acordada por la Junta General aun cuando no conste en el orden del día.
     2. La separación de los liquidadores designados por el Juez sólo podrá ser decidida por éste, a solicitud fundada de quien acredite interés legítimo.

     Comentario Regula este precepto la separación de los liquidadores de la sociedad, la cual puede tener lugar por acuerdo de la Junta General o bien por decisión judicial.
     A) Separación por acuerdo de la Junta.
     No se necesita ninguna causa especial; la Junta, como Órgano Soberano, puede promover la separación de los liquidadores (Artículo 44-b) LSRL) en cualquier momento y aun cuando no conste en el orden del día.
     Debe regir el principio de la libre separación de los liquidadores, basada en la confianza; en ningún caso se admitirían cláusulas estatutarias o contractuales de inamovilidad en el cargo. Tanto si el liquidador ha sido nombrado en la escritura fundacional, o los administradores en virtud del artículo 110 de la Ley se conviertan en liquidadores o si lo han sido posteriormente por la Junta, para la separación bastará la mayoría ordinaria, pues a diferencia del artículo 280 de LSA en su letra a), no exige una mayoría reforzada, ni tampoco el artículo 53 número 2, LSRL, recoge este supuesto; no obstante, los estatutos podrán exigir para la separación de los liquidadores una mayoría que no exceda de los dos tercios, por aplicación del artículo 68 de la LSRL, teniendo en cuenta la remisión que hace el 114.
     Como medida de seguridad sería conveniente, en el supuesto en el que el liquidador separado no haya tenido conocimiento de ello, notificarle notarialmente su cese o separación.
     Cuando el liquidador ha sido nombrado por el Juez no puede la Junta separarlo; sólo podrá ser separado por decisión judicial.
     Por último, los liquidadores son responsables frente a los socios de cualquier perjuicio que resulte al haber común, por fraude o negligencia grave en el desempeño de su cargo (C. de c. Artículo 231) y no sólo frente a éstos, sino también frente a los acreedores (C.C. Artículo 1.902). Cuando son varios, la responsabilidad es solidaria (ya que el artículo 114 nos remite al régimen de los administradores y el artículo 69 de LSRL establece el mismo régimen que las anónimas, y por tanto sería de aplicación el 133.2 de la LSA). A la inversa, los liquidadores no pueden reclamar a la sociedad indemnización de daños y perjuicios, aunque estime injusta la causa de separación, por el principio de la libre separación de éstos. En cuanto a la acción social de responsabilidad, ver artículos 44 b) y 69 LSRL.
     B) Separación por decisión judicial:
     Para ello es necesario una solicitud, es decir, a instancia de parte; fundada, en esa solicitud se deberá reseñar los motivos o causas que fundamentan la separación de los liquidadores; de quien acredite un interés legítimo, que puede ser no sólo los socios, sino también los acreedores que se sientan perjudicados por la actuación de los liquidadores; en todo caso, la designación judicial de los liquidadores tendrá lugar cuando falte la voluntad de la sociedad de proceder al nombramiento de éstos.
     No es necesario que se pida por un grupo de socios que represente la vigésima parte del capital social, como se exige para las Sociedades Anónimas (Artículo 280 c). LSA).
     Los liquidadores podrán ser separados por el Juez cuando éste lo haya nombrado. También podrá separarlo en el supuesto del artículo 111.2 y en los supuestos recogidos en el artículo 110.2 y 3.
     Será Juez competente el de Primera Instancia del domicilio social, debiendo solicitarse en Acto de Jurisdicción Voluntaria (Artículo 1.811 LEC), pudiendo oír al liquidador o a la propia sociedad (Artículo 1.813 LEC) el problema se plantearía si hubiera oposición, pues se haría contencioso el expediente (Artículo 1.817 LEC) y habría que seguirse a través de un juicio declarativo ordinario, lo que supondría dilatar la separación del liquidador y la posible paralización de la liquidación, con lo cual se podría producir graves perjuicios a la sociedad y, en suma, a los socios.
     Causas de separación Estas causas pueden ser muy amplias, pero fundamentalmente la separación vendrá motivada por el incumplimiento por parte de los liquidadores de sus obligaciones, tales como:
     - Falta de formalización de un inventario y balance en el plazo de tres meses desde la apertura de la liquidación (Artículo 115.1 LSRL).
     - No presentar a la Junta dentro de los seis primeros meses el estado de cuentas y el informe sobre el estado de la liquidación (Artículo 115.2 LSRL).
     Otras causas de separación - Cuando la Junta General acuerde promover acción social de responsabilidad contra los liquidadores (Artículo 69 LSRL).
     - Cuando el liquidador esté incurso en cualquiera de las prohibiciones leg a l e s para acceder al cargo.
     - Conflictos de intereses contra la sociedad.
     - Y las recogidas en los artículos 111 y 123 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
     Por último, como causa de extinción del cargo de liquidador podemos añadir, además de las señaladas en el artículo 110.2 LSRL (fallecimiento y cese), la renuncia formulada por el propio liquidador, la incapacidad y como es lógico la terminación de la liquidación, pues en este caso se entiende automáticamente cesado en su cargo el mismo y, excepcionalmente, el transcurso del plazo para el que fue nombrado, ello no obsta a que los liquidadores con plazo vencido puedan, actuando como liquidadores de hecho, adoptar las medidas imprescindibles que posibiliten la continuación de la liquidación hasta la celebración de la Junta General que recoge el artículo 114.2 de la LSRL.
     Formalización A) Título.- Por remisión del Artículo 211 del RRM:
     1) Si la separación ha sido acordada por la Junta General, mediante cualquiera de los documentos recogidos en el Artículo 142 del RRM (Artículo148 a) RRM).
     2) Si la separación se ha producido por resolución judicial firme, testimonio de la misma (Artículo 148 b) RRM).
     3) En los supuestos de dimisión, cese y fallecimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 147 de RRM.
     B) Inscripción.- Se practicará mediante la presentación del título correspondiente; dicha inscripción tendrá el mismo contenido que la del cese de los a d m i n i s t r a -dores.
     C) Publicación.- Por aplicación de los preceptos generales que regulan la inscripción, debe entenderse que el cese de los liquidadores debe remitirse al Registro Mercantil Central para su publicación en el BORME, aun cuando el contenido del artículo 353 RRM números 18 y 10, hable sólo de nombramiento y no de cese, y de administradores, pero por un principio de seguridad y de oponibilidad frente a terceros, la terminación en el cargo sólo producirá efecto frente a éstos desde que se haya publicado.
     
Artículo 114. Régimen jurídico de los liquidadores
     Serán de aplicación a los liquidadores las normas establecidas para los administradores que no se opongan a lo dispuesto en esta sección.

     A) Legislación anterior.- Se contiene en la LSRL de 17 de julio de 1953 (con las Reformas introducidas por la Ley 19/89, de 25 de julio), en un Único Artículo: El 32, que remite a lo dispuesto en la Escritura de Constitución de la Sociedad y en el Código de Comercio.
     Del Código de Comercio resultan aplicables a las SRL los siguientes artí-culos:
     - Artículo 228, por el que los administradores se convierten en liquidadores y se limitan sus facultades: No pueden hacer nuevos contratos ni contraer nuevas obligaciones; sólo pueden cobrar créditos, pagar deudas y realizar operaciones pendientes.
     - Artículo 230, por el que se regulan las obligaciones de los liquidadores (hacer inventario y balance y comunicar el estado de la liquidación).
     - Y artículo 231, por el que se regula la responsabilidad de los liquidadores (no pueden transigir ni comprometer).
     B) Diferencias de la nueva Ley de SRL con la actual Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.
     Básicamente y de forma muy resumida, se concretan en los siguientes artículos de la LSA:
     - El artículo 268, por el cual, en defecto de previsión estatutaria sobre el nombramiento de los liquidadores, solamente cabe su designación por la Junta General (no está prevista, por tanto, la posibilidad de su designación judicial). Además se exige que el número de liquidadores sea siempre impar (a diferencia de la Ley, en el que sí es posible la designación de liquidadores en número par).
     - Y artículos 269 y 270, por los cuales se establece la posibilidad del nombramiento de un Interventor a instancia de: a) Accionistas que representen la vigésima parte del capital social; b) del Sindicato de Obligacionistas y c) del Gobierno en determinados casos.
     C) Ley de SRL Según el artículo 114: «Serán de aplicación a los liquidadores las normas establecidas para los administradores que no se opongan a lo dispuesto en esta sección».
     Por la remisión que el artículo 114 practica, además de lo específicamente contemplado en cuanto a su nombramiento, duración del cargo, poder de representación y separación de los liquidadores (artículos 110 al 113, inclusive) a el régimen jurídico de los liquidadores se complementará con lo dispuesto en las normas establecidas para los administradores (artículos 57 al 70, ambos inclusive), siempre y cuando no se opongan a lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo X de la Ley que se comenta. Por tanto, estimamos que serían de aplicación, con las debidas matizaciones, los siguientes preceptos:
     - El artículo 57, relativo a los modos de organizar la Administración, que recoge distintas posibilidades: Un administrador único, varios administradores solidarios y un Consejo de Administración. Dichas posibilidades se corresponderían con las figuras del liquidador único, de los varios liquidadores solidarios y de los varios liquidadores que actuasen colegiadamente, dando lugar a una Comisión Liquidadora con un número mínimo de tres liquidadores.
     Ahora bien, la cuarta posibilidad, prevista en el artículo 57.1 y en el artí-c u -lo 62.2 c), que hablan respectivamente de «varios Administradores que actúen conjuntamente» y de «mancomunadamente, al menos, por dos de ellos», no queda clara por cuanto el artículo 110, párrafo 2.º habla de «dos Liquidadores que actúen conjuntamente». Y ello plantearía un problema con la conversión automática que de los administradores en liquidadores, que prevé el artículo 110, párrafo 1.º, por cuanto, por ejemplo, tres administradores mancomunados no podrían convertirse automáticamente en tres liquidadores mancomunados. Quizás la referencia del legislador a varios administradores que actúen conjuntamente sea un error de redacción, ya que, por analogía con las Anónimas y por lo dispuesto en el artículo 110, párrafo 2 de la Ley, su propósito pudiera ser el de contemplar dos administradores mancomunados.
     O quizás, y lo que parece ser más lógico, el error pudiera estar, no al hablar de los administradores, sino al referirse a los liquidadores, siendo admisible que pueda haber más de dos liquidadores mancomunados, y debiendo reformarse por tanto el párrafo 2.º del artículo 110, que debería corregirse en su redacción para decir, por ejemplo: En caso de fallecimiento o de cese de un número de liquidadores mancomunados que haga imposible que, al menos dos de ellos, puedan actuar conjuntamente...» (o algo parecido).
     - El artículo 58, en lo relativo a la competencia para su nombramiento (Artículo 58.1), si bien ha de matizarse en su aplicación por cuanto es posible un nombramiento de los liquidadores por la autoridad judicial (Artículo 110, párrafo 3.º), a instancia de cualquier interesado, cuando la Junta, que ha de ser convocada al efecto en las hipótesis que marca el artículo 110, párrafo 2.º de la Ley, no procediese a tal nombramiento y siempre, claro está, en defecto de liquidadores suplentes.
     Por lo demás entendemos que el resto del precepto es de íntegra aplicación.
     - El artículo 59, relativo a los administradores suplentes, que sí sería aplicable.
     - El artículo 60, relativo a la duración del cargo, es irrelevante por cuanto existe un precepto específico que regula la duración del cargo de los liquidadores y que es el artículo 111 de la Ley.
     Ahora bien, por lo que respecta al párrafo 2.º del artículo 60, sobre la prolongación del plazo de caducidad hasta que venza el plazo para la Junta sobre aprobación de cuentas, parece que es aplicable a los liquidadores dicha prolongación, a base de entender que el plazo a que se refiere es, no el del artículo 45, párrafo 2.º, sino el del artículo 115, párrafo 2.º. Ello sería debido a que en la nueva Ley ya no se habla de Juntas Ordinarias, sino de Juntas Generales, y durante la liquidación hay que seguir celebrando una Junta General dentro de los seis meses de cada ejercicio, aunque sólo para presentar un estado anual de cuentas y para informar sobre la marcha de la liquidación.
     - El artículo 61, respecto al ejercicio del cargo, sí sería de íntegra aplicación.
     - El artículo 62, respecto a la representación de la sociedad, sería de aplicación como sigue:
     - En cuanto al párrafo 1.º, matizar que dicho ámbito de representación lo es de una Sociedad en Liquidación y por tanto en juicio y fuera de él se circunscribiría a las operaciones que fuesen necesarias para la liquidación de la sociedad (Artículo 112, párrafo 2.º), es decir, derivadas de las operaciones indicadas en el artículo 116.
     - En cuanto al párrafo 2.º, relativo a la atribución del poder de representación, sí lo sería, si bien parece existir una contradicción entre lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 62 y lo dispuesto en el artículo 112, párrafo 1.º, que atribuye, salvo disposición contraria de los estatutos, un poder de representación individual a cada liquidador, a diferencia de lo establecido para la Administración, que exige que el poder de representación de los administradores mancomunados y del Consejo de Administración se ejerza mancomunada y colegiadamente, respectivamente. La Ley debe, por tanto, explicar más claramente qué es lo que quiere decir cuando habla de que el poder de representación corresponde a cada liquidador individualmente, ya que sería inconcebible e inadmisible que los liquidadores mancomunados o los integrantes de una Comisión liquidadora pudieran representar a la sociedad en liquidación individualmente.
     - El artículo 63, relativo al ámbito de la representación, sí sería de aplicac i ó n pero limitando su alcance, por cuanto el artículo 63 de la Ley extiende la representación de los administradores a todos los actos comprendidos en el objeto social (protegiendo ampliamente a los terceros en los casos de extralimitación de las facultades representativas de los administradores, pese a los pronunciamientos del Registro Mercantil, así como en las hipótesis de extralimitación de las actividades integrantes del objeto social cuando los terceros lo sean de buena fe y no hayan actuado con culpa grave), mientras que el artículo 112, párrafo 2.º, extiende la representación de los liquidadores únicamente a las operaciones que sean necesarias para la liquidación de la sociedad (criterio éste más protector de los socios que de los terceros).
     - El artículo 64, relativo a las notificaciones a la sociedad, sí sería de íntegra aplicación.
     - El artículo 65, relativo a la prohibición de competencia, también lo consideramos aplicable, siguiendo el mismo criterio que hemos mantenido al comentar el artículo 58.
     - El artículo 66, relativo al carácter gratuito del cargo, sí sería de aplic a c i ó n pero con la salvedad de que en el proceso liquidatorio no puede hablarse de una eventual generación de beneficios sociales, por lo que no es posible fijar una retribución por remisión a una participación en los mismos.
     También hay que salvar el supuesto de los liquidadores nombrados judicialmente (artículo 111, párrafo 2.º), que en todo caso percibirán retribución y que se fijará siguiendo los criterios establecidos para la retribución de los síndicos en caso de quiebra (artículo 1.219 LEC).
     - El artículo 67, relativo a la prestación de servicios, sí sería de aplicación siempre que los servicios prestados estén dentro del ámbito propio de la liquidación.
     - El artículo 68, relativo a la separación de los administradores, sí sería de aplicación cuando se trate de liquidadores no designados judicialmente, ya que en este último supuesto se estará al régimen específico del artículo 113.2 de la Ley, conforme al cual los liquidadores designados por el Juez sólo podrán ser separados por éste, a solicitud fundada de quien acredite interés legítimo.
     - El artículo 69, relativo a la responsabilidad, sí sería de íntegra aplicación, remitiéndose a lo dispuesto en los artículos 133, 134 y 135 de la LSA.
     Ello trae consigo una importante consecuencia y es el reconocimiento de la responsabilidad de los liquidadores que hayan procedido «sin la diligencia debida...» -artículo 133 LSA-, colmando una laguna de la LSRL de 1953 y separándose del régimen privilegiado que, sin justificación alguna, establece el artículo 279, párrafo primero de la LSA para los liquidadores de las SA, que exige «fraude o negligencia grave en el desempeño de su cargo».
     - Y finalmente el artículo 70, relativo a la impugnación de acuerdos, también sería de aplicación siempre y cuando el órgano de liquidación adopte la forma de Comisión Liquidadora y remitiéndose en cuanto al procedimiento a lo dispuesto en los artículos 115 al 122 de la LSA.
     
Artículo 115. Las cuentas durante la liquidación
     1. En el plazo de tres meses a contar desde la apertura de la liquidación, los liquidadores formularán un inventario y un balance de la sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto.
     2. Si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, los liquidadores presentarán a la Junta General, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio un estado anual de cuentas y un informe pormenorizado que permitan apreciar con exactitud la situación de la sociedad y la marcha de la liquidación.

     Regulación anterior El artículo 230 del Código de Comercio, aplicable en esta materia por remisión del artículo 32 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, ordenaba formar un inventario del haber social y un balance de las cuentas en el término de veinte días, a partir del acuerdo de disolución.
     Se establecía también la obligación de los liquidadores de informar mensualmente a los socios del estado de la liquidación.
     Novedades de la nueva Ley En primer lugar aumenta el plazo para formular el inventario y balance (de los veinte días indicados se pasa a tres meses), sin duda por la previsible mayor complejidad que en la actualidad tienen estas operaciones y también para hacerlo coincidir con el plazo que, podemos considerar ordinario, establece el artículo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas para formular las cuentas anuales, aplicable a las sociedades limitadas por mandato del artículo 84 de la nueva ley.
     En segundo lugar desaparece la obligación de informar mensualmente a los socios del estado de la liquidación; pero, a cambio, se impone a los liquidadores la obligación de informar a la Junta de la sociedad en cada ejercicio del estado de cuentas y de la marcha de las operaciones de liquidación, dentro del período ordinario de aprobación de las cuentas (seis meses). Esta obligación es exclusivamente informativa, no habiendo prosperado en el Senado una enmienda que pretendía que, además de aportarse dicha información, las cuentas fueran auditadas y aprobadas en la forma ordinaria.
     Régimen de las Sociedades Anónimas y diferencias De acuerdo con el artículo 272 a) de su ley reguladora, el inventario y balance inicial debe ser suscrito no sólo por los liquidadores, sino también por los administradores.
     En cuanto al régimen de información del estado de liquidación, el artículo 273 de la misma ley establece la obligación de que se informe no sólo a los socios, sino también a los acreedores de manera periódica, sin especificar plazo, aunque si la liquidación excede de tres meses (período establecido para redactar el balance) debe de publicarse el estado de cuentas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
     En ambos momentos el régimen legal, tanto en el ámbito interno como en el externo, es más riguroso con los liquidadores de las Sociedades Anónimas que con los de las Sociedades Limitadas.
     Registro Mercantil A diferencia de lo que ocurre con los balances finales, ningún precepto exige hacer constar en el Registro Mercantil dichos balances iniciales.
     Aspectos prácticos Desde el punto de vista notarial o de elevación a público de estos acuerdos, (al igual que en las sociedades anónimas), tampoco es necesario hacer referencia a dichos balances iniciales, ni en la escritura inicial de disolución, ni en la escritura final de extinción.
     Queda por tanto como una norma referida al ámbito de las relaciones internas de los liquidadores con la Junta General de la Sociedad.
     
Artículo 116. Operaciones de liquidación
     la sociedad:
     a) Velar por la integridad del patrimonio social y llevar contabilidad de la sociedad.
     b) Concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean

     necesarias para la liquidación de la sociedad.
     c) Percibir los créditos y pagar las deudas sociales.
     d) Enajenar los bienes sociales.
     e) Comparecer en juicio y concertar transacciones y arbitrajes, cuando así convenga al interés social.
     f) Satisfacer a los socios la cuota resultante de la liquidación.

     Antecedentes legislativos Antes de entrar en su comentario, es útil conocer los antecedentes legislativos de este precepto, y sus equivalentes en Leyes de diferente ámbito.
     La anterior Ley de 1953 no dedicó artículo a las competencias de los liquidadores, por lo que había que estar en cada caso concreto a lo dispuesto en la escritura de constitución (más bien los estatutos) y el Código de Comercio.
     Consultado éste por remisión, vemos que en el artículo 228 y siguientes se enumeran algunas competencias, en especial la perfección de créditos de la compañía, extinguir las obligaciones ya contraídas y realizar operaciones pendientes; pero no hay un precepto unitario que agrupe de forma sistemática las operaciones a realizar.
     El otro pariente, más cercano quizá, la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, sí dedica un artículo a este tema. Es el 272, y en una redacción muy similar al que nos ocupa, fija ocho apartados distintos. Las diferencias más significativas con éste las veremos más adelante.
     Comentario El artículo 116 tiene por cometido hacer una enumeración más o menos completa de los actos propios de la fase de liquidación.
     El subtítulo (locución «Corresponde a los liquidadores») en cierto modo sobra, pues en los preceptos anteriores queda claro que la representación de la sociedad en esta fase de la vida social está encomendada a los liquidadores; es pues una tautología que, por cierto, comparte con la LSA.
     En cuanto al contenido del artículo entendemos que no pretende ni podría ser una relación exhaustiva o completa de funciones o cometidos. Los diferentes apartados aluden a ámbitos también diferentes, en una técnica similar a la de la LSA. En esta aparece una enumeración mas prolija que en el artículo 116 que comentamos, al que puede servir de guía en ciertos aspectos.
     Análisis Para un mejor estudio del artículo 116, proponemos una clasificación de sus apartados en los siguientes grupos:
     1. Operaciones «pasivas»: No debiéndose entender al pie de la letra, comprende aquellas cuyo fin es el de la conservación del haber en tiempos delicados para la sociedad, y con ello evitar que se descuide el patrimonio. El reflejo contable puede ser la constancia documental (y oficial) de esta realidad.
     Corresponderían estas actividades a las enumeradas en el apartado a).
     2. Operaciones «activas»: Son las propias de una gestión dinámica compatible con la liquidación. Liquidar o finiquitar no debe equivaler únicamente a certificar la defunción de la misma, sino que puede implicar una tarea incluso compleja de gestión, pero eso sí, de carácter eminentemente finalista.
     Pueden citarse aquí en una referencia de numerus apertus operaciones en curso que han de ser concluidas, como otras que a juicio de los responsables de la liquidación demanda la realidad específica (vid. apartado b).
     Percibir créditos y pagar deudas (apartado c), como las demás enunciadas por el precepto en los dos apartados siguientes, tienen cabida en este grupo.
     Merece un comentario aparte, siquiera breve, la enajenación de los bienes sociales.
     A diferencia del precepto equivalente en sede de sociedades anónim a s (Artículo 272...: Los bienes inmuebles se venderán necesariamente en pública subasta), no se impone un sistema para la enajenación. Si nada establecieran al respecto los estatutos, habría que estar a las recomendaciones de las Juntas, el buen criterio de los liquidadores o incluso las reglas dictadas por el Juez de Primera Instancia, en su caso.
     El silencio de la Ley no impide en cualquier caso a los liquidadores disponer de los bienes mediante un sistema transparente y objetivo como la subasta.
     3. Operaciones «finales»: El reparto del haber social entre los socios, al que necesariamente, aunque el artículo 116 no las menciona, habrán de añadirse otras como la rendición de cuentas a la Junta, el otorgamiento de la escritura de liquidación, las publicaciones necesarias, y la solicitud de la cancelación registral.
     
Artículo 117. Cesión global del activo y del pasivo
     1. La Junta General, con los requisitos y la mayoría establecidos para la modificación de los estatutos, podrá acordar la cesión global del activo y del pasivo a uno o varios socios o terceros, fijando las condiciones de la cesión.
     2. El acuerdo de cesión se publicará una vez en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un Diario de gran circulación en el lugar del domicilio social, con expresión de la identidad del cesionario o cesionarios. En el anun
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     cio se hará constar el derecho de los acreedores de la sociedad cedente y de
     los acreedores del cesionario o cesionarios a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión.
     3. La cesión no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha del último anuncio publicado. Durante ese plazo, los acreedores de la sociedad cedente y del cesionario o cesionarios podrán oponerse a la cesión en las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos para el caso de fusión. En el anuncio a que se refiere el párrafo anterior deberá mencionarse expresamente este derecho.
     4. La eficacia de la cesión quedará supeditada a la inscripción de la escritura pública de extinción de la sociedad.

     Comentario En nuestro Derecho constituye una auténtica novedad la LSRL de 1951, no aludía al mismo; la LSA de 1951 (Artículo 155) y la actual TRLSA 1989 (Artículo 266) se limitan a admitir su posibilidad, como excepción, junto a la fusión y a la escisión total, de la regla general de apertura del período de liquidación tras la disolución de la sociedad, pero ninguno de los citados preceptos establecían su régimen jurídico. Fue la jurisprudencia quien, al admitir la figura, exigió la implantación de cautelas, tanto respecto de los socios como de los acreedores (RR DGRN 22/6/1989, y 21/10/1989).
     El precepto establece los requisitos necesarios para admitir la figura, pero no nos dice en qué consiste. La doctrina la cataloga como un acto mixto de carácter corporativo y contractual. Desde el punto de vista de la base objetiva sobre la que actúa (patrimonio en explotación, persona laboral, clientela, avviamento, etc.), es esencialmente un supuesto de transmisión de empresa.
     Desde un punto de vista contractual estamos ante una sucesión a título universal o transmisión uno actu, es decir, sin que tenga lugar mediante la transferencia singular y aislada de los diferentes elementos que componen el activo y pasivo (cfr. 233 LSA).
     El legislador parece que está pensando en la transmisión del activo y pasivo social en globo o en bloque, por título de venta, en el que el producto de la misma se sujeta al proceso liquidatorio y en el que el problema fundamental radica en la protección de los derechos de los acreedores de la sociedad cedente y de los acreedores del cesionario/s, salvaguardados los cuales se producirá la extinción de la sociedad.
     La cesión global, aunque se asemeje, debe de diferenciarse de otras figuras afines como la fusión propiamente dicha, la fusión a la inglesa, la escisión propia e impropia, la ventafusión, la venta de capa, etc., cuyo examen no es aquí pertinente.
     Dicho lo cual pasemos al análisis del precepto:
     I. Legitimación. El apartado primero determina que el órgano competente para decidir la cesión es la Junta General. No es facultad delegable en los liquidadores o en el órgano de administración (según se mantenga la tesis de si conlleva o no liquidación); y dada la importancia del acuerdo, éste habrá de adoptarse con los requisitos del artículo 74,1.º y con las mayorías del artículo 56,2.º (con deber de abstención del cesionario si es socio), previstas para la modificación de estatutos en la Ley.
     ¿Podrán delegarse en los administradores/liquidadores la fijación de condiciones no esenciales?, es decir, no la fijación del precio pero sí su forma de pago, aplazamiento, intereses devengados por el mismo, garantías en su caso.
     Parece que el legislador se inclina por la negativa, pues establece al final del apartado, que se adoptará el acuerdo fijando las condiciones de la cesión y no habla del precio.
     ¿Quid los accionistas que no hayan votado a favor del acuerdo, es decir, los ausentes no representados y los disidentes? ¿Tendrán derecho de separación? Pese a la opinión de algún autor que entiende que el socio discrepante y el ausente tienen derecho a separarse de la sociedad cuando mediante acuerdo de la mayoría adoptado con los requisitos del artículo 17 LRSL (56,2.º), se decide el cambio de objeto, la transformación, la fusión y por analogía la cesión global de activo y pasivo de la sociedad limitada (criterio del código civil italiano, Artículo 2.437), la propia Exposición de Motivo de la LRSL va contra este planteamiento al afirmar terminantemente que en la sociedad de esta clase no existe problema de defensa de las minorías, pues los socios pueden convenir libremente las condiciones del pacto social, por lo que el silencio del legislador al no conceder el derecho de separación ha sido intencionado, y todo ello sin perjuicio de que se establezca en los estatutos esta cesión como causa que otorgue el derecho de separación que per se no está recogido entre las causas legales del artículo 97 de la Ley.
     ¿Podría ser impugnado el acuerdo? Evidentemente, sí (Artículo 59 Ley). Pero como el acuerdo de cesión no es contrario a la Ley ni se opone a los estatutos, su impugnación de fondo sólo podrá basarse en la lesión que pueda causar a los intereses sociales, en beneficio de uno o varios socios o de terceros.
     En todo caso, el acuerdo sería anulable (cfr. Artículo 115 LSA).
     II.- Objeto y título. El precepto regula la cesión global del activo y pasivo, por tanto no será aplicable al caso de «fusión a la inglesa», en la que sólo se transmite el activo.
     En cuanto al título, parece que el legislador está pensando en el de venta a cambio de precio en dinero, es decir, transmisión universal inter vivos a título oneroso. Si admitiéramos que el pago del precio consistiera en la entrega de acciones de la sociedad adquirente, previo su aumento de capital, la figura derivaría hacia la ventafusión. Pues bien, ese precio o dinero sería objeto de división y reparto entre los socios como cuota de liquidación.
     Debe de rechazarse la posibilidad de cesión a título gratuito.
     III.- Cesionarios. Pueden serlo uno o varios socios o terceros.
     1) Uno o varios socios: Si el cesionario es el único socio de la cedente, y además es una sociedad, parece que el precepto sigue un criterio distinto al mantenido en sede de sociedades anónimas: El TR de la LSA, artículo 250 (absorción de sociedad íntegramente participada), considera la absorción como único cauce para la cesión global del activo y pasivo al socio único, siguiendo el criterio de la tercera Directiva del Consejo de las CCEE, relativa a fusiones de sociedades anónimas (77/855/CEE).
     Por el contrario, vemos, en la sociedad limitada se admite la cesión al único socio (sociedad) como supuesto de extinción de la sociedad sin liquidación (y no de fusión por absorción) y con ello parece seguirse el criterio del artículo 2,1 c) de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, según redacción dada por la Disposición Adicional 6.ª del Real Decreto-Ley 1989, de 29 de diciembre, que permite la disolución sin liquidación por transferencia a la sociedad poseedora de todos los títulos representativos del capital social de la disuelta, del conjunto de los elementos patrimoniales del activo y pasivo de ésta.
     Distinto a la cesión global del activo y pasivo es el supuesto de que existiendo varios socios y habiendo comenzado el período de liquidación, y estando aprobado un balance considerado como final se adjudique el patrimonio a un socio, quien compensa el exceso de adjudicación a los demás en metálico.
     2) Terceros: ¿Podrían ser los acreedores de la cesionaria a quienes se les cediera globalmente el activo y pasivo en pago de sus deudas? El supuesto es discutible.
     IV.- Publicidad. El apartado 2.º del precepto exige que el acuerdo de la Junta General relativo a la cesión se publique una vez en el BORME y en un diario de gran circulación en (no de) el lugar del domicilio social (no en el término municipal, como recoge otros preceptos: 49,2 de la Ley), con expresión de la identidad del cesionario (no de las condiciones). En el anuncio se hará constar el derecho de los acreedores de la sociedad cedente y de los acreedores del cesionario/s a obtener el texto íntegro del acuerdo y a oponerse a la cesión en los términos que veremos en el apartado siguiente.
     V.- Derecho de oposición de los acreedores.
     1) Plazo: Un mes desde la fecha del último anuncio publicado.
     2) Acreedores: El precepto reconoce el derecho tanto a los acreedores de la cedente como a los acreedores del cesionario/s. La concesión del derecho a estos últimos se ha cuestionado, guardando paralelismo con la solución que se da al problema en el derecho hereditario.
     Tampoco distingue la norma entre acreedores ordinarios y privilegiados o especialmente garantizados. Podría pensarse que queda fuera del derecho de oposición los que ya contaron con garantía real, hipotecaria o pignoraticia, o del Estado, pues si el acreedor está ya garantizado, la oposición es improcedente, en base, por el juego de las remisiones, al artículo 166,1.º del TRL-SA.
     3) Requisitos y efectos de la oposición: El precepto nos remite al artículo 97,1.º de la Ley, que a su vez lo hace a los artículos 243 y 166 del TR de LSA. El problema crucial que suscita la cesión global del activo y pasivo gira, como ya indicamos, en torno a la posición de los acreedores sociales y se plantea, como indica el precepto, en los mismos términos que en la fusión.
     En relación a los acreedores sociales ha de examinarse si la cesión global del activo y del pasivo que se realiza libera a la cedente de sus obligaciones.
     En nuestro Ordenamiento, la regla general está contenida en el artículo 1.205 del Código civil, según el cual no pueden producirse la sustitución de un nuevo deudor en el lugar del primitivo sin consentimiento del acreedor. En consecuencia, la cesión sólo tendrá efecto liberatorio, esto es, sólo producirá la sustitución de la cesionaria en la titularidad pasiva de las obligaciones de la cedente si concurrió el consentimiento individual de cada uno de los acreedores afectados; en otro caso, la cesión tendrá eficacia en la esfera interna, subsistiendo para el cedente la condición de deudor y siendo necesario la apertura del proceso liquidatorio y la adopción de las previsiones que permitan su realización.
     Pero hay una excepción en nuestro ordenamiento para un supuesto en que también se produce esa cesión global en favor de un único sujeto con extinción posterior del cedente, cual es el de la fusión, en el que si bien permite prescindir del consentimiento individual de los acreedores, establece, en cambio, una serie de requisitos y cautela (Artículo 144, en relación con los artículos 134 y 145 de la LSA de 1951 hoy 233 y 166 del TR LSA de 1989), que protegen suficientemente el derecho de los acreedores de la sociedad que se extingue por fusión del riesgo de aquella confusión patrimonial. Por ello, sólo el cumplimiento de estos requisitos permitirá reconocer a la cesión global operada plena eficacia liberatoria, siendo entonces innecesario, por lo que a los acreedores sociales se refiere, la apertura del período liquidatorio (RDGRN de 21 de noviembre de 1989). Este es el camino escogido por el precepto.
     4) Efectos de la oposición: La oposición formulada en tiempo hábil (un mes desde la publicación del último anuncio), por escrito (aconsejable que sea fehaciente), concede al acreedor que se halla opuesto el derecho que se le pague (aunque el texto no lo diga, como hacía antes la ley LSA de 1951 para el supuesto de fusión) si el crédito está vencido, o a que se le garanticen los créditos no vencidos en el momento de la publicación (Artículo 166 TRL-SA).
     No parece que pueda prestarse garantía si el crédito está vencido, lo procedente es pagarlo salvo que medie consentimiento del acreedor para aquella garantía. Por lo demás, la garantía ha de prestarse a satisfacción del acreedor, y si la cesión se produce incumpliendo estos derechos de los acreedores, su consecuencia debería ser, no la ineficacia erga omnes de la cesión, sino el mantenimiento en favor de los mismos de un derecho de preferencia sobre los bienes cedidos.
     VI. Extinción de la sociedad y eficacia de la cesión.
     1) ¿Cabe la cesión global del activo y pasivo sin disolución? Un sector doctrinal entiende que sí: se produce la transformación del substrato patrimonial de la sociedad, pero ésta podrá seguir desarrollando su actividad, convertida en sociedad holding -cuando a cambio de la cesión recibe acciones, o bien dedicándose a la misma u otra actividad, con modificación o sustitución del objeto social- si recibe dinero. En estos supuestos no se modifica ni la personalidad jurídica ni la responsabilidad del deudor, lo que hace de imposible aplicación el expediente de la sucesión universal. Pero este no es el criterio de la opinión dominante, para quien el apartado 4.º del artículo que comentamos subordina la eficacia de la cesión a la inscripción de la escritura pública de extinción de la sociedad, lo que implica la previa disolución de la misma.
     Ahora bien, sería deseable, sin desmerecer la opción escogida, que se contrastara la eventual validez de aquella postura doctrinal -presente en nuestro ordenamiento-, a cuyo tenor la cesión global del activo y pasivo únicamente implica su disolución cuando así se acuerde de forma expresa, pudiendo pervivir aquélla en caso contrario, con un patrimonio integrado por la contraprestación recibida a causa de la cesión (Artículo 361 Aktg). Si se acepta este planteamiento, o bien habría que introducir rectificaciones en el supuesto típico del artículo 116 de la Ley, o bien extraer el precepto de la sección donde ahora está para encajarlo en otra complementaria a la relativa a la fusión y la escisión, de suerte que la cesión global del activo y pasivo fuese tratada como una técnica más de reorganización o reestructuración empresarial en cuyo régimen se distinguiría la distinta eficacia que se derivaría según la sociedad decidiese o no su disolución.
     2) ¿La cesión global del activo y pasivo es una excepción a la regla general de necesidad de liquidación? El artículo 109,1.º sanciona de forma expresa el principio de obligatoriedad de la liquidación, pero omite cualquier referencia a la fusión, escisión total y cesión global del activo y pasivo como supuestos excluidos de liquidación, en contraste con el artículo 266 del TRL-SA.
     Con ello parece seguir a un sector de la doctrina alemana e italiana, que considera, como hemos dicho, que la fusión y la escisión son técnicas jurídicas que facilita la extinción de la sociedad no sólo sin liquidación, sino también sin necesidad de acudir al expediente de la disolución. Y por ello, al contrario que el artículo 260,6.º TRLSA. no son regulados como causas de disolución de la SRL (no están recogidos en el Artículo 104 de la Ley), sino como mecanismos que comportan su extinción (cfr. Artículo 97 de la Ley, en relación con los arts. 233 y 252 del TRLSA), sujetos a unas reglas protectoras tanto de socios como de acreedores, distintas de las estrictamente liquidatorias.
     No obstante, la mayoría de la doctrina, que por otro lado se muestra crítica con el artículo 266 del TRLSA., entiende que la cesión no excluye la liquidación.
     En estos casos la sociedad se disuelve e ingresa virtualmente en período de liquidación, pero este se desarrolla de forma «abreviada», puesto que se acuerda directamente a la fase de reparto entre los socios del haber líquido que se concreta en la parte que los corresponde en el precio de la cesión, es decir, será necesario realizar las operaciones liquidatorias de la segunda fase: Redactar, aprobar y publicar el balance final, repartir entre los socios el precio recibido por la cesión global del activo y pasivo y proceder a la cancelación de los asientos registrales de la sociedad (RRDRGRN citadas).
     De ahí que la Ley incluya esta modalidad en la sección 2.ª de liquidación, lo que supone la primera regulación del instituto en el derecho societario.
     3). Eficacia de la cesión.- En el borrador de anteproyecto se preveía que la cesión no afectaría a los derechos de los acreedores que lo fuesen al tiempo de la misma, estableciendo una responsabilidad solidaria del cesionario con la sociedad, que no podía entenderse extinguida, por las deudas objetos de la cesión frente a los acreedores del cesionario que se hubieran opuesto.
     La Ley prescinde de estos instrumentos de protección y los reemplaza por una norma más concisa: «La eficacia de la cesión quedará supeditada a la inscripción de la escritura pública de extinción de la sociedad». Y en consecuencia con esto, el artículo 121 de la Ley, a la hora de imponer el contenido necesario de dicha escritura, exige que en estos casos de cesión se incluya la manifestación de inexistencia de oposición por parte de los acreedores o la identidad de quienes se hubieren opuesto, el importe de sus créditos y las garantías que al efecto hubiere prestado el cesionario.
     
Artículo 118. Balance final de liquidación
     1. Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de la Junta General un balance final, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo resultante.
     2. El acuerdo aprobatorio podrá ser impugnado por los socios que no hubieran votado a favor del mismo, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su adopción. Al admitir la demanda de impugnación, el Juez acordará de oficio la anotación preventiva de la misma en el Registro Mercantil.

     Comentario Una vez terminadas las operaciones liquidatorias a que se refieren los artículos precedentes, la Ley impone a los liquidadores el deber de someter a la aprobación de la Junta los tres documentos mencionados en el artículo: El balance final de liquidación, el informe completo sobre las operaciones liquidatorias y el proyecto de división entre los socios del activo resultante.
     En sede de Anónimas es el artículo 274 de la vigente Ley el precepto homólogo al comentado. En él se recoge la obligación de los liquidadores de formar el balance final, censurado en su caso por los interventores si hubieren sido nombrados y de determinar la cuota del activo social que deberá repartirse por cada acción.
     Como vemos, la diferencia fundamental entre ambos preceptos se encuentra en que en el artículo comentado se exige un informe completo sobre las operaciones liquidatorias, el cual no está previsto en la Ley de Sociedades Anónimas. Además se advierte otra diferencia: la división del activo social se enfoca para la sociedad anónima, con relación a cada acción y en cuanto a la sociedad limitada con referencia al socio.
     Los liquidadores, una vez cumplida las obligaciones impuestas en el artí-culo, continúan ejerciendo sus funciones hasta que la sociedad se extinga con la cancelación de los asientos e incluso con posterioridad a ese momento en el supuesto que contempla el artículo 123.
     Balance final En cuanto al contenido del balance final de liquidación, se tratará normalmente de un balance sencillo, pero que deberá reflejar con claridad el estado patrimonial de la sociedad en ese momento liquidatorio.
     En el balance podrán figurar bienes muebles o inmuebles posteriormente repartibles in natura entre los socios, siempre que se adopte el acuerdo uná-nime a que se refiere el número segundo del artículo 119.
     Nada dice la Ley acerca de la necesidad de publicación de dicho Balance en el BORME, al contrario de lo señalado en el artículo 275 de la LSA.
     No obstante, el artículo 212 del RRM exige la publicación tanto para sociedades anónimas como para las Limitadas, por lo que cabría plantearse la necesidad de modificar el artículo reglamentario suprimiendo la referencia a la Sociedad Limitada.
     Informe completo sobre operaciones liquidatorias El informe completo sobre las operaciones liquidatorias constituye una novedad no contemplada anteriormente en otros textos legislativos. Se utiliza la expresión «informe completo», dando a entender la exigencia de un informe detallado y preciso de cada una de las operaciones realizadas.
     Proyecto de división del haber social Una vez determinado el haber social partible es preciso repartir el mismo entre los socios, para lo que se elabora por los Liquidadores el proyecto de división que deberá ajustarse a la Ley y a lo dispuesto en los estatutos y que junto a los otros dos documentos se presenta a la aprobación de la Junta.
     Impugnación del acuerdo aprobatorio Contempla por último el artículo la posibilidad de que el acuerdo aprobatorio adoptado por la Junta sea impugnado por los socios que no hubieran votado a favor en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la adopción.
     Este precepto guarda relación con lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas. Este último artículo se remite en cuanto a la impugnación del Balance, en cuanto le sean aplicables, a las normas generales sobre impugnación de acuerdos sociales previstas en los artículos 115 a 122 del mismo texto legal.
     Existen claras diferencias en cuanto a la regulación legal de la impugnación de este acuerdo entre los dos tipos de sociedad.
     La Ley de Sociedades Anónimas establece plazos de impugnación distintos según el acuerdo sea nulo (Balance contrario a la Ley), en cuyo caso la acción caduca en el plazo de un año, salvo que sea contrario al orden pú-blico o anulable (Balance contrario a los estatutos), en cuyo caso caduca a los cuarenta días, computándose en ambos casos desde la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil si fueran inscribibles los acuerdos o desde la fecha de la adopción en otro caso. En principio parecería que el plazo para impugnar el balance final se cuenta desde la aprobación del acuerdo porque el Balance no se inscribe en el Registro Mercantil, pero esta publicación en el BORME, al decir de la doctrina, viene impuesta por el mismo artículo, y en consecuencia debe tenerse en cuenta como momento inicial del cómputo.
     En el precepto que comentamos el plazo es único: Dos meses que se cuentan desde la adopción del acuerdo.
     En ambos textos legales sólo los socios se hallan legitimados para la impugnación.
     Los acreedores tienen otros medios de defensa de sus derechos.
     En la LSA son los accionistas que se sienten agraviados los que pueden impugnar el Balance. Se entiende por socio agraviado aquel que sufre lesión en su derecho a participar en el haber social en la forma prevenida en la Ley o los estatutos.
     En la LSA hay que distinguir entre balance nulo o anulable al objeto de determinar quiénes son los accionistas legitimados para impugnar el balance.
     Si se trata de un balance nulo están legitimados todos los accionistas, incluso los que han votado a favor del mismo (artículo 118 en relación con el artículo 275 LSA). Si se trata de un balance anulable sólo podrá ser impugnado por los accionistas que se sientan agraviados y que presentes en la Junta hubieran hecho constar en Acta su oposición, los ausentes y los que hubieren sido privados ilegítimamente del voto.
     En el precepto comentado sólo los socios que no hayan votado a favor pueden impugnar este acuerdo.
     La LSA habla de impugnación del Balance y el precepto que comentamos de impugnación del acuerdo aprobatorio.
     En cuanto a la anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil, acordada de oficio por el Juez una vez admitida aquélla, hemos de señalar que en la Ley de Anónimas nada se dice al respecto, rigiéndose por las normas generales relativas a la impugnación de acuerdos (artículo 121 LSA y 94 y 353 del RRM).
     
Artículo 119. Cuota de liquidación
     1. Salvo disposición contraria de los estatutos sociales, la cuota de liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su participación en el capital social.
     2. Salvo acuerdo unánime de los socios, éstos tendrán derecho a percibir en dinero la cuota resultante de la liquidación.
     3. Los estatutos podrán establecer en favor de alguno o varios socios el derecho a que la cuota resultante de la liquidación les sea satisfecha mediante la restitución de las aportaciones no dinerarias realizadas o mediante la entrega de otros bienes sociales, si subsistieren en el patrimonio social, que serán apreciadas en su valor real al tiempo de aprobarse el proyecto de división entre los socios del activo resultante. En este caso, los liquidadores deberán enajenar primero los demás bienes sociales y si, una vez satisfechos los acreedores, el activo resultante fuere insuficiente para satisfacer a todos los socios su cuota de liquidación, los socios con derecho a percibirla en especie deberán pagar previamente en dinero a los demás socios la diferencia que corresponda.

     Comentario Este artículo recoge en sus dos primeros párrafos dos reglas generales y en el tercero una importante novedad en la materia.
     Las reglas generales, relativas a la proporcionalidad de la cuota de liquidación, a la participación en el capital y a la satisfacción en dinero de la cuota de liquidación, si bien no formuladas de manera expresa y tajante en la legislación anterior, subyacían en su articulado y eran observadas en la práctica.
     Sin embargo, el derecho de adjudicación preferente carece de precedentes.
     Párrafo primero.- El párrafo primero determina como regla general que la cuota de liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su participación en el capital social, si bien permite que los estatutos establezcan otra cosa.
     La cuestión estriba en dilucidar hasta qué punto pueden los estatutos limitar la expresada proporcionalidad.
     Formulada esta cuestión desde la óptica más extrema, cabría plantear si los estatutos pueden excluir de manera absoluta para uno o para varios socios determinados nominativamente o para varias clases de participaciones el derecho a obtener su cuota en la liquidación.
     En favor de la respuesta afirmativa cabría alegar, de una parte, que el texto de este párrafo lo permite y, de otra, que el principio de autonomía de la voluntad así lo ampara y que una solución similar adopta la ley en materia de prestaciones accesorias, que pueden recaer, si los estatutos las establecen, sobre uno o varios socios o quedar vinculadas a la titularidad de participaciones concretas.
     En apoyo de la solución contraria, se puede argumentar que el derecho a percibir una cuota de liquidación es un derecho inalienable del socio, en consonancia con el carácter predominantemente capitalista que adopta este tipo societario en la nueva regulación.
     Si se admitiera esta segunda solución, habría que establecer un criterio que permitiera fijar unos límites, al objeto de no admitir las cláusulas estatutarias que, pese a reconocer al socio el derecho a la cuota de liquidación, lo hacen ilusorio por las condiciones en que lo reconocen.
     La limitación del derecho a recibir una cuota proporcional a la aportación reviste una especial trascendencia en los supuestos en que la sociedad tiene un plazo de duración determinado, especialmente si éste es breve.
     Párrafo segundo.- El párrafo segundo sienta la regla general de que los socios tendrán derecho a percibir en dinero la cuota resultante de la liquidación, aunque autoriza que por acuerdo de éstos pueda establecerse otra cosa.
     A tal efecto, exige la unanimidad.
     ¿Cabe que este derecho aparezca limitado o anulado en los estatutos? En sentido afirmativo, cabe aducir que el principio de la autonomía de la voluntad así lo apoya, así como que el texto estatutario supone una manifestación de la voluntad de los socios.
     La opinión contraria parece más acertada en cuanto que se sustenta de forma clara en el análisis comparativo entre los párrafos primero y segundo del artículo; en efecto, la regla general prevista en el párrafo primero puede ser excepcionada por la norma estatutaria, en tanto que el párrafo segundo exige acuerdo unánime de los socios. Asimismo, puede señalarse que para adoptar la postura afirmativa habría que entender que se trata de estatutos aprobados en el momento constitutivo o de una modificación estatutaria adoptada por unanimidad en un momento posterior.
     Parece, pues, que el sentido de este párrafo es exigir un acuerdo unánime de los socios en la fase de liquidación.
     Lo que sí parece permitir este párrafo es que aquellos socios que consientan en recibir bienes sociales en pago de su cuota de liquidación puedan hacerlo, si así conviene a la sociedad, sin perjuicio del derecho que todos ostentan a percibir en dinero tal cuota.
     Párrafo tercero.- Supone una importante novedad, en cuanto autoriza a establecer un derecho de adjudicación preferente, que presenta alguna similitud con el previsto en el artículo 1.406 del Código Civil para la liquidación de la sociedad de gananciales.
     Esta posibilidad debería ser tenida en cuenta especialmente en sociedades de duración determinada o a las que se aporten bienes de carácter personalísimo o de especial importancia por su escasez o naturaleza, tales como locales de negocio ubicados en puntos estratégicos, derechos de propiedad intelectual o industrial, maquinaria de alta tecnología, etc.
     Sus rasgos definitorios son los siguientes:
     - Ha de venir regulado en los estatutos. Puede plantearse la cuestión de si cabe establecerlo por la vía de la modificación estatutaria. Parece ser que sí, en tanto que el precepto no distingue; además, debe pensarse que las aportaciones dinerarias pueden ser efectuadas no sólo en el momento constitutivo, sino con ocasión de un aumento de capital posterior.
     - Ha de establecerse en favor de uno o varios socios. Del texto se infiere que no necesariamente ha de beneficiar a todos los titulares de las aportaciones no dinerarias efectuadas, sino a aquéllos a los que los estatutos reconozcan tal derecho.
     ¿Puede constituirse el derecho en favor de titulares de determinadas participaciones? Puede argumentarse en favor de esta tesis el que no existe razón que lo impida; no obstante, de la dicción del precepto resulta que debe establecerse en beneficio de persona o personas determinadas, postura coherente con el elemento personalista, que junto al capitalista informa, aunque en la actualidad de forma menos intensa, la regulación del tipo de sociedades que nos ocupa, así como la finalidad del derecho reconocido; de igual manera, esta solución puede apoyarse en el análisis comparativo con la regulación que hace la ley de las prestaciones accesorias que pueden ser vinculadas estatutariamente a participaciones determinadas.
     - La cuota se concreta, bien en la restitución de las aportaciones no dinerarias o bien en otros bienes sociales.
     Del texto («restitución») se infiere claramente que el derecho a obtener en la liquidación las aportaciones no dinerarias sólo es posible diseñarlo en favor de quienes efectuaron tales aportaciones.
     - Los bienes han de subsistir en el patrimonio social en el momento de la liquidación.
     No se crea una prohibición de enajenar ni un derecho absoluto de preferente adquisición para caso de enajenación, sino sólo un derecho de preferente adjudicación para caso de liquidación, que será efectivo si los bienes se conservan en el patrimonio social.
     - El valor de los bienes afectados se aprecia por su valor real al tiempo de aprobarse el proyecto de división.
     Es importante que los estatutos determinen la forma de obtener tal valor real, pues lo contrario podría suscitar litigios, ya que cabe que se trate de bienes de difícil valoración.
     - Si el activo que resulte después de enajenar los bienes sociales no afectados por el derecho preferente, una vez satisfechos los acreedores, no es suficiente para pagar a los socios no titulares de este derecho, los beneficiarios del mismo deben pagar a aquéllos en dinero la diferencia.
     Se acoge, pues, una solución ya adoptada en nuestro Derecho para resolver situaciones similares, como la división de la cosa común en caso de condominio, reducción de legados que vulneran derechos legitimarios, pago en metálico de la legítima, la recogida en el párrafo 2.º del artículo 1.056 del Código Civil, etc.
     El pago debe ser en dinero y sin ningún tipo de aplazamiento, salvo el que por acuerdo unánime de los afectados pudiera estipularse.
     ¿Se trata de un derecho renunciable? Parece que nada impide que el beneficiario del derecho renuncie al mismo, de forma que los bienes afectados sean enajenados con el resto y reciba su cuota de liquidación en dinero.
     
Artículo 120. Pago de la cuota de liquidación
     Los liquidadores no podrán satisfacer la cuota de liquidación sin la previa satisfacción a los acreedores del importe de sus créditos o sin consign a r l o en una entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social.

     Comentario Recoge este artículo un precepto de carácter imperativo que para las SRL, viene establecido en el artículo 235 del Código de Comercio y para las SA, en el artículo 277.2-1.ª de su texto refundido. El hecho de que un artículo independiente recoja este principio que siempre ha regido en nuestro derecho de sociedades pone de relieve que no se trata de una regla que ha de tenerse en cuenta para la división del haber social entre los socios, sino de un presupuesto inexcusable para llevarla a cabo.
     La primera cuestión que se nos plantea es la siguiente: ¿Qué posibilidades de actuación tienen los liquidadores para cumplir este precepto actuando dentro del ámbito de las facultades que ostentan por su condición de tales? En relación a esta cuestión, básicamente, los créditos contra la sociedad pueden estar en algunas de estas situaciones:
     A) Vencidos, ya sea al comienzo o durante el período liquidatorio, y reconocidos por la sociedad, sin discusión en cuanto a su existencia y condiciones.
     Obviamente procede el pago de estos créditos por los liquidadores a medida que vayan venciendo y presentándose al cobro, pues la apertura de la liquidación no origina una situación concursal, y los créditos no sufren modificaciones ni en su cuantía, ni en su integridad, ni en su vencimiento, ni en cuanto a sus garantías. Pero puede ocurrir que el acreedor no se presente a cobrar, bien por desidia o por haber desaparecido (material o jurídicamente), en cuyo caso los liquidadores cumplirán con consignar en la forma que el precepto establece.
     B) Vencidos pero no reconocidos por la sociedad por estar en discusión la cuantía exacta o algunas de las condiciones del crédito. Si el acreedor hubiere entablado la oportuna acción judicial en reclamación de su crédito, será suficiente con que el liquidador consigne el importe del crédito más los intereses y costas que pudieran proceder bien en el mismo Juzgado en que se sustancie la reclamación, lo que parece más razonable, o bien en la correspondiente entidad de crédito. Si el acreedor no ha iniciado la acción judicial, procederá también la consignación en la cuantía que resulte suficiente, a juicio de los liquidadores y en base a los documentos que obren en su poder.
     C) Si el crédito no está vencido (por ejemplo, préstamo de larga duración) el artículo que comentamos ofrece idéntica solución, pago y consignación, y olvida el aseguramiento que sí aparece recogido en el artículo 277-2-1.ª de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el Artículo 212-2-3.ª del vigente Reglamento del Registro Mercantil, aplicable expresamente a las Sociedades Limitadas.
     El pago de un crédito no vencido implica un adelantamiento del plazo de vencimiento del crédito que los liquidadores podrán realizar, en cualquier caso, con consentimiento del acreedor y en otro ateniéndose a los términos del contrato del que surgió el crédito y aplicando la normativa de los artículos 1.127 y 1.128 del Código Civil. Siempre que se pueda, parece lo más aconsejable, porque se resuelve definitivamente el problema y el pago anticipado puede suponer un considerable ahorro para la sociedad. Los liquidadores por su propio cargo están facultados para realizar ese pago anticipado, pues claramente es una operación tendente de la liquidación y además tienen facultades para concertar transacciones cuando convenga al interés social (artículo 116-E de la Ley). Pero si no se pudiera realizar el pago anticipado, no por eso ha de quedar paralizada la división del haber social; la Ley ofrece para ello la solución que ya hemos apuntado (consignación). El problema que se plantea es cómo interpretar el citado precepto en relación con el artículo 212-2-3.ª del Reglamento del Registro Mercantil, que contempla el aseguramiento.
     Partiendo de que el artículo de la Ley está establecido en favor de los acreedores, su carácter imperativo no puede llevarnos a descartar cualquier garantía expresamente aceptada por el propio acreedor y que se traduzca en el cobro del crédito en el momento del vencimiento (por ejemplo, la garantía hipotecaria o el aval bancario). Por otra parte, la consignación parece hacer referencia al ofrecimiento de pago de una obligación vencida, y, en el caso de crédito no vencido, su función no puede ser otra que la de garantizar el pago a su vencimiento, mediante la puesta a disposición del acreedor de manera irrevocable, desde ahora y para entonces, del montante total previsto; además la consignación es un remedio legal articulado para el caso de que el acreedor no colabore con el deudor permitiéndole el cumplimiento de su obligación.
     Si el acreedor colabora y acepta una garantía que estima suficiente y en la que participa fijando sus condiciones, se evitan los posibles problemas de la consignación unilateral; con esta interpretación de entender posible el aseguramiento de los créditos no vencidos, el artículo 212-2-3.ª del Reglamento tendría plena virtualidad y constituiría un desarrollo reglamentario de la Ley.
     Por el contrario, sin ese concurso del acreedor no quedará más vía para los liquidadores que la consignación unilateral en función de garantía porque la apertura de la liquidación por sí misma no permite a la sociedad el reembolso anticipado ni autoriza al acreedor a exigir el pago antes del vencimiento del crédito; por tanto, ante el crédito no vencido sólo cabe asegurar su pago en la forma que sociedad y acreedor acuerden, o proceder a la consignación.
     Avala esta interpretación el hecho de que el precepto que comentamos sólo habla de consignaciones en entidad de crédito y el artículo 235 del Código de Comercio sólo se refiere al depósito del importe del crédito si la entrega no pudiera verificarse de presente y ya la doctrina admite la posibilidad de garantizar el crédito a satisfacción del acreedor. Ratifica esta interpretación el recurso al artículo 1.708 del Código Civil, que declara aplicables a la partición entre socios las reglas de la de las herencias y el artículo 1.082 del Código Civil.
     Vistas las posibilidades de actuación de los liquidadores en relación a la situación en la que se encuentran los créditos se nos plantean en segundo lugar cómo pueden pagar los liquidadores.
     No olvidemos que el pago a los acreedores tiene por finalidad depurar el pasivo de la sociedad para afrontar la última fase del proceso liquidatorio (la distribución del haber social). Por ello entendemos admisible el que los liquidadores recurran a cualquiera de los subrogados del cumplimiento de las obligaciones, siempre que conlleve la satisfacción del crédito de acuerdo con las normas generales del Código Civil.
     Podrán consignar en la forma que establecen los artículos 1.176 y 1.181 del Código Civil, ya que la consignación hecha debidamente permite al deudor pedir al Juez la cancelación de la obligación (Artículo 1.180 del C.C.) y recaí-da la pertinente resolución judicial, la obligación quedará cancelada.
     Podrán compensar cuando el acreedor sea al mismo tiempo deudor de la s o -ciedad.
     Podrán concertar con el acreedor una dación en pago de deudas, puesto que la dación en pago extingue la obligación y transmite la propiedad de los bienes. Téngase en cuenta que la Ley permite a los liquidadores enajenar bienes sociales, incluso inmuebles, sin el requisito de la pública subasta y transigir cuando así convenga al interés social (Artículo 116 d) y e) de la Ley). Antes, para la transacción, el artículo 231 in fine del Código de Comercio exigía que los socios les hubieren concedido expresamente esas facultades.
     La cesión de bienes para pago de deudas plantea mayores reparos, pues el crédito no se extingue hasta que por los acreedores se liquiden los bienes y se cobren los créditos, aunque se puede pactar lo contrario, en cuyo caso no habría problema, y sin perjuicio de que, si de la venta de los bienes por los acreedores resultase un excedente, corresponda a la sociedad, integrándose en su activo si todavía está en fase liquidatoria o desembocando en la situación de activo sobrevenido. Tampoco conviene olvidar la garantía, aunque no sea pago, que para el acreedor supone el tener el poder de disposición de los bienes sociales cedidos.
     Las deudas sociales podrán ser asumidas por un tercero o un socio (piénsese en la subrogación de un socio a quien se le adjudica un inmueble de la sociedad, en la obligación personal derivada del préstamo hipotecario que lo grava), lógicamente con consentimiento expreso, es lo más aconsejable del acreedor. Aunque el crédito no se extinga, ciertamente para la sociedad, liberada de su responsabilidad ya no es su obligación, y tal deuda desaparecerá del pasivo del balance (sentencia Tribunal Supremo 10-11-81).
     Por último, conviene tener en cuenta que si entendemos que todas estas actuaciones constituyen el contenido mínimo de las potestades de los liquidadores no perjudicarán a terceros que hayan actuado de buena fe y sin culpa grave, las extralimitaciones o abusos en el ejercicio de dichas facultades sin perjuicio de la responsabilidad de los liquidadores.
     Otra cuestión a dilucidar sería la siguiente: ¿En qué forma los liquidadores asegurarán los créditos no vencidos de la sociedad? Ya ha quedado expuesta nuestra posición. Como dice Blanquer, el crédito es sustituido o novado por la obligación derivada del aseguramiento, por lo que en todo caso el acreedor deberá prestar su consentimiento. ¿Qué ocurrirá si no obstante la garantía prestada el crédito llegado su vencimiento no se satisface por pérdida de la cosa (inmueble hipotecado) o insolvencia del deudor (aval personal)? En esta situación aparecería una vez cancelada la sociedad un crédito con el que los liquidadores no contaban, por lo que estaríamos ante el caso de pasivo sobrevenido que regula el artículo 123 de la Ley.
     Y por fín nos queda tratar de la consignación por los liquidadores. Nos referimos a la consignación en Entidad de Crédito que establece el artículo 120 comentado. Por su propia naturaleza, lugar en que se hace y carácter unilateral de la misma es el mecanismo de todos los posibles que menos garantiza al acreedor. Se trata de un último recurso del que disponen los liquidadores para evitar la paralización de la última fase del íter liquidatorio y les habilita para satisfacer la cuota de liquidación a los socios. Procederá la consignación cuando el acreedor no colabore o no pueda colaborar en el cumplimiento de la obligación por el deudor (la sociedad); de ahí su carácter unilateral en principio, aunque tratándose de créditos no vencidos sea aconsejable que la consignación en función de garantía sea aceptada por el acreedor para evitar problemas en el futuro.
     Aunque nada dice el precepto comentado, conforme al artículo 212-2-3.ª del RRM en el asiento de cancelación de la sociedad constará el nombre de los acreedores pendientes de satisfacción, el importe de las cantidades consignadas y la entidad en que se hubieren consignado. La publicidad registral de estos extremos obvia cualquier notificación a los acreedores de la consignación realizada.
     Para determinar el montante de la consignación, los liquidadores habrán de atenerse al contrato que originó el crédito, y en todo caso, comprenderá el principal y sus intereses. Hay que poner de relieve la dificultad que esta operación puede suponer para los liquidadores, cuando los intereses se hayan pactado con carácter variable. Creemos que cumplirán con calcular los intereses al tipo de referencia vigente en el momento de la consignación, y si se tratase de un préstamo hipotecario, al tipo previsto como máximo en la escritura de constitución a efectos hipotecarios, o incluso personales, única referencia cierta a la que atenerse.
     La forma ordinaria de consignación será la constitución de un depósito bancario afecto irrevocablemente a la finalidad del pago del crédito y, si el depósito fuere retribuido, los intereses que produzca revertirán a la sociedad.
     En cualquier caso en que, por error o por imposibilidad de cálculo, el montante definitivo del crédito fuere superior a la cantidad consignada, una vez extinguida la sociedad, la situación haría tránsito a la de pasivo sobrevenido; a la inversa, si la cantidad consignada fuera superior estaríamos ante el caso de activo sobrevenido, supuestos regulados en el artículo 123 de la Ley.
     En cuanto al plazo de duración de la consignación creemos habrá de hacerse hasta tanto no prescriba la acción para exigir el pago del crédito (por analogía con el artículo 166 LSA), y sin perjuicio de que el acreedor, antes de ese término, lo cobre.
     
Artículo 121. Escritura pública de extinción de la sociedad
     Los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad, que contendrá:
     a) La manifestación de los liquidadores de que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo a que se refiere el apartado 2 del artículo 118, sin que se hayan formulado impugnaciones, o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiera resuelto.
     b) La manifestación de los liquidadores de que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos. En caso de cesión global del activo y del pasivo, la manifestación de inexistencia de oposición por parte de los acreedores o la identidad de quienes se hubieren opuesto, el importe de sus créditos y las garantías que al efecto hubiese prestado el cesionario.
     c) La manifestación de los liquidadores de que se ha satisfecho a los so
-cios la cuota resultante de la liquidación o consignado su importe.
     A la escritura pública se incorporarán el balance final de liquidación y la relación de los socios, en la que conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación que les hubiere correspondido a cada uno.

     Comentario 1. Tal vez resulta ociosa la manifestación del apartado a), ya que el solo hecho del otorgamiento la implica y además el dato a manifestar resulta del propio registro, ya que en cualquier demanda de impugnación habrá sido objeto de anotación preventiva (Artículo118-2).
     2. La referencia del último párrafo a la «identidad» de los socios nos remite al artículo 38 del RRM, cuya observancia complica extraordinariamente la relación de socios, debiendo estimarse suficiente consignar su nombre y apellidos.
     Igual puede decirse de la misma exigencia, repetida para el Registro, en el artículo 122.
     3. Se echa de menos, sin embargo, la consignación en la escritura de:
     a) Los criterios que se aplicarán respecto a la distribución de bienes o deudas desconocidos al tiempo de efectuarse la liquidación y que aparezcan con posterioridad.
     b) Los datos que posean los liquidadores de actos pendientes de efectuar para cumplir obligaciones a cargo de la sociedad, tales como elevaciones a público de documentos privados, cartas de pago y cancelaciones, etc.
     
Artículo 122. Cancelación de los asientos registrales
     1. La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil.
     2. En la inscripción se transcribirá el balance final de liquidación y se hará constar la identidad de los socios y el valor de la cuota de liquidación que hubiere correspondido a cada uno de ellos, y se expresará que quedan cancelados todos los asientos relativos a la sociedad.

     Comentario 1. El párrafo 2 es más propio de un RRM.
     2. Se echa en falta una cierta precisión de los efectos de la escritura, antes de su inscripción en el RM. No estaría de más una referencia explícita al tan olvidado artículo 1.219 del Código Civil.
     
Artículo 123. Activo y pasivo sobrevenidos
     1. Cancelados los asientos relativos a la sociedad, si aparecieran bienes sociales los liquidadores deberán adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les corresponda, previa conversión de los bienes en dinero cuando fuere necesario. Transcurridos seis meses desde que los liquidadores fueren requeridos para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, sin que hubieren adjudicado a los antiguos socios la cuota adicional, o en caso de defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar del Juez de Primera Instancia del último domicilio social el nombramiento de persona que los sustituya en el cumplimiento de sus funciones.
     2. Los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación, sin perjuicio de la responsabilidad de los liquidadores en caso de dolo o culpa.
     3. Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de ésta. En defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por el Juez de Primera Instancia del domicilio que hubiere tenido la sociedad.

     Comentario Viene a consagrar el artículo la tesis, ya sostenida por la doctrina (URÍA, MENÉNDEZ), de que la cancelación de los asientos registrales relativos a la sociedad no tiene carácter sanatorio de los defectos de la liquidación, siendo posible, en consecuencia, lo que se ha dado en llamar la reapertura de la liquidación, debiendo los liquidadores asumir de nuevo sus funciones hasta que la liquidación concluya en los términos queridos por el ordenamiento jurídico, y no sólo en cuanto al cumplimiento de los llamados requisitos formales, cuyo acatamiento puede constatarse fácilmente, sino también en cuanto al cumplimiento de los llamados requisitos sustantivos, es decir, que la sociedad haya extinguido las relaciones jurídicas con los acreedores y con los socios.
     Consagra, igualmente, el precepto la tesis de que lo que la Ley exige para la extinción de la sociedad es la existencia de una liquidación formal, en el sentido de que la observancia del procedimiento imperativamente previsto produce esta extinción, aunque no se hubieren eliminado realmente todas las relaciones jurídicas existentes con los socios y con los acreedores.
     Pero no obstante esta extinción y cancelación registral de la sociedad es necesario arbitrar un procedimiento que permita eliminar realmente todas las relaciones jurídicas existentes entre la sociedad y sus socios y acreedores, sin necesidad de tener que acudir a la declaración judicial de nulidad de la liquidación y la anulación de la cancelación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.2 del Reglamento del Registro Mercantil.
     Este procedimiento es el que la Ley recoge en su artículo 123, concediendo en su número 1 a los socios, en caso de activo sobrevenido, el derecho a recibir la cuota adicional, pudiendo éstos o cualquier interesado, en caso de incumplimiento de los liquidadores o en defecto de éstos, ejercitar una acción directa para exigir la entrega de la cuota adicional.
     Cabe preguntarse el porqué de la expresión «activo sobrevenido», cuando se está refiriendo el precepto a una sociedad extinguida y cancelada registralmente, hubiese sido más correcto hablar de activo omitido en la liquidación.
     Sin embargo, respecto de los acreedores, la Ley se limita a establecer la responsabilidad solidaria de los antiguos socios por las deudas sociales no satisfechas, si bien con el límite de lo que hubieren recibido como cuota de liquidación, y la responsabilidad de los liquidadores en caso de dolo o culpa, planteándose la duda de si podrán ejercitar al igual que los socios, incluyéndolos en la expresión «cualquier interesado», la acción concedida a éstos en el número 1 del artículo, exigiendo de los liquidadores el pago de las deudas sobrevenidas, o en caso de incumplimiento de éstos, o en defecto de los mismos, si podrán solicitar del Juez de Primera Instancia del último domicilio social el nombramiento de persona que los sustituya en el cumplimiento de sus funciones. Debe considerarse que la misma acción que la Ley concede a los socios ha de entenderse concedida a los acreedores, quienes en otro caso tan sólo podrían acudir a la declaración judicial de nulidad de la liquidación y a la anulación de la cancelación, efecto éste no querido por el precepto.
     Cabe preguntarse aquí, igualmente, sobre el sentido de la expresión «pasivo sobrevenido», hubiese sido más correcto hablar de pasivo omitido en la liquidación.
     Por otro lado, ha de señalarse que la responsabilidad de los liquidadores y de los antiguos socios, en los términos en que se encuentra redactado el precepto, no protege de modo satisfactorio los derechos de los acreedores, pues éstos deben demostrar el dolo o la culpa de los liquidadores y el patrimonio de éstos, así como las cuotas de liquidación de los socios, puede no ser suficiente para cubrir sus créditos no satisfechos. Parece contradictorio hacer depender la responsabilidad de los liquidadores de su actuación dolosa o culposa, apartándose del sistema de responsabilidad de los administradores, en el que se descarta el modelo de graduación de la culpa, para fundarse en un deber general de diligencia. Hubiese sido aconsejable la supresión de toda referencia al comportamiento del liquidador, ya que su responsabilidad derivará, en su caso, del incumplimiento de sus funciones o del cumplimiento efectuado sin la debida diligencia.
     Estas insuficientes garantías para los acreedores permite afirmar, como ya lo hace un importante sector doctrinal (URÍA, MENÉNDEZ y otros) que bajo el imperio de la Ley vigente deba continuar manteniéndose la doctrina tradicional, que reconoce a los acreedores no satisfechos en la liquidación el derecho a pedir la nulidad de las operaciones de división del haber social, aunque la sociedad haya cancelado sus asientos en el Registro, pudiendo los acreedores no satisfechos instar la nulidad del asiento de cancelación, que se declare subsistente a la sociedad y que se anulen las operaciones de división, abriéndose de nuevo la liquidación de los créditos pendientes.
     Finalmente, y en cuanto al número 3 del citado artículo, hay que señalar que se refiere no sólo a los actos anteriores a la cancelación, sino también a los que sea necesario realizar como consecuencia de las situaciones de activo o pasivo sobrevenidas. Se recogen en este número las tesis ya sostenidas por las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, autorizando a los liquidadores para la formalización de actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de ésta, siempre que se refiera a actos jurí-dicos anteriores a la cancelación, o que fuere necesario realizarlos como consecuencia de las situaciones de activo o pasivo sobrevenido. (Resoluciones de fecha 13 y 20 de mayo de 1992.)


Artículo 124. Insolvencia de la sociedad en liquidación
     En caso de insolvencia de la sociedad, los liquidadores deberán solicitar, en el término de diez días a partir de aquel en que se haga patente esa situación, la declaración de suspensión de pagos o de quiebra, según proceda.

     Comentario Este artículo, similar en su contenido al del artículo 281 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, impone a los liquidadores la obligación de solicitar la declaración de suspensión de pagos o de quiebra cuando se haga patente la situación de insolvencia de ésta.
     Pero con independencia de esa obligación de los liquidadores, podrán l o s acreedores sociales, en el ejercicio de la facultad de tutela de su crédito, pedir la declaración de quiebra de la sociedad cuando se den los presupuestos legalmente previstos.
     Tal y como ya ha señalado un importante sector de la doctrina, lo que pretende la Ley es simplemente imponer a los liquidadores la obligación de solicitar la apertura de un procedimiento concursal cuando no sea posible satisfacer con el activo social a todos los acreedores. Pero esta obligatoriedad no se compagina bien con la suspensión de pagos, ya que la exigencia de instarla en el plazo de diez días desde que se haga patente o la situación de insolvencia es difícilmente compatible con la facultad de los liquidadores de enajenar los bienes sociales y obtener liquidez suficiente. De todo ello, como señalan URÍA y MENÉNDEZ, resulta que la exigencia legal parece reducirse, en este punto, a una mera declaración de intenciones, pues el hecho de no solicitar la suspensión carece de sanción. Se trata, como indican los citados autores, de permitir a los liquidadores solicitar la suspensión de pagos aunque la sociedad se encuentre en estado de quiebra; de este modo se evita que los acreedores soliciten la quiebra y se facilita la liquidación patrimonial por la vía menos traumática y costosa de la suspensión de pagos.
     La solicitud de la declaración de suspensión de pagos deberá hacerse por los liquidadores, debiendo entenderse que no será necesaria la convocatoria ni el acuerdo de la Junta General de socios dado el término de diez días, contados a partir de aquél en que se haga patente la situación de insolvencia, que la Ley impone a los liquidadores para solicitar la suspensión de pagos (en este sentido URÍA, MENÉNDEZ y BÉRGAMO, refiriéndose al artículo 281 del TR de la Ley de Sociedades Anónimas»).
     La suspensión de pagos se tramitará conforme a la Ley de 26 de julio de 1922 y desde la admisión a trámite de la solicitud de suspensión de pagos de todas las operaciones sociales quedan intervenidas, sometidas al control de tres interventores que deberán ser designados por el Juez, necesitando los liquidadores del concurso de los interventores para realizar las operaciones de liquidación.
     La liquidación de la sociedad se realizará conforme al convenio entre la sociedad y la mayoría de sus acreedores. Una vez cumplido el convenio se habrá concluido la liquidación patrimonial, debiendo los liquidadores determinar si hay o no patrimonio que partir, para lo cual someterán a la aprobación de la Junta General el balance final. En caso de incumplimiento del Convenio cualquiera de los acreedores podrá pedir su rescisión y la declaración de quiebra ante el Juez que hubiese conocido de la suspensión.
     Respecto de la declaración de la quiebra de la sociedad en liquidación seguirá los trámites ordinarios hasta la satisfacción de los acreedores, procediéndose a la liquidación judicial del patrimonio bajo el principio de la par conditio creditorum.
     El auto de declaración de la quiebra implica la inhabilitación de la sociedad para la administración y disposición de su patrimonio. Los poderes de administración y disposición del patrimonio pasan transitoriamente al depositario y después a los síndicos. Los liquidadores continúan en su cargo, salvo disposición en contrario de los estatutos (Artículo 929 del C. de co.), si bien la función de liquidación corresponde a los síndicos.
     El convenio de los acreedores con la sociedad en liquidación producirá los efectos normales: Obliga a la sociedad y a los acreedores sociales, suspende el procedimiento de quiebra que sólo podrá ser continuado a petición de los acreedores cuando el deudor falte al convenio y extingue las deudas sociales en la parte en que se haya hecho quita o remisión.
     La proposición del convenio en nombre de la sociedad, según se desprende del artículo 929 del C. de co., deberá hacerse por quien, según los estatutos, tenga la representación de aquélla, es decir, los liquidadores, quienes previamente deberán someter la proposición de convenio a la aprobación de la Junta General.
     Cabe admitir la posibilidad de un convenio de traspaso que tenga por objeto la realización de una cesión global del activo y del pasivo, al amparo del reconocimiento que de esta figura y para la sociedad disuelta se hace en el artí-culo 117 de la Ley.
     Si terminado el procedimiento de quiebra existiera algún activo repartible, los liquidadores continuarán en sus funciones para llevar a cabo el reparto entre los socios y cancelar después los asientos registrales.
     Si la quiebra no ha permitido la satisfacción de todos los acreedores, la sociedad continuará en período de liquidación y no será posible su extinción hasta la total satisfacción de los acreedores (en este sentido, URÍA y MENÉN-DEZ).
     IGNACIO JAVIER MORENO VÉLEZ
     Notario
     Colegio Notarial de Las Palmas
     

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