V Órganos sociales

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Artículo 49. Asistencia y representación.
Artículo 50. Mesa de la Junta General.
Artículo 51. Derecho de información.
Artículo 52. Conflicto de intereses.
Artículo 53. Principio mayoritario.
Artículo 54. Constancia en acta de los acuerdos sociales.
Artículo 55. Acta notarial de la Junta General.
Artículo 56. Impugnación de los acuerdos de la Junta General.

     
Artículo 49. Asistencia y representación
     1. Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. Los estatutos no podrán exigir para la asistencia a las reuniones de la Junta General la titularidad de un número mínimo de participaciones.
     2. El socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes, o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. Los estatutos podrán autorizar la representación por medio de otras personas.
     3. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta.
     1. Derecho de asistencia a) Titulares del derecho de asistencia.
     El artículo 48 LSA se refiere al derecho de asistencia a las Juntas generales como uno de aquellos derechos que integran el contenido mínimo del denominado estatuto del accionista. En la LSRL no hay, en cambio, un catá-logo de derechos mínimos del socio, pero sí una serie de derechos sociales dispersos a lo largo de todo su articulado. Uno de esos derechos es el derecho de asistencia, cuyo reconocimiento en la LSRL destaca por su claridad y concreción. Según el artículo 49.1 LSRL, «todos los socios tienen derecho de asistencia», fórmula cuya sola existencia ya significa un avance en comparación con el silencio que guardaba la LSRL 1953 (silencio apenas subsanado por la remisión a la LSA). El contenido esencial de este derecho se compendia en poder asistir a la reunión de la Junta general, se esté después legitimado o no para votar en ella. Este derecho, según proclama el artículo de la Ley antes citado, corresponde a «todos» los socios, sin distinción. En los casos de usufructo, prenda o embargo sobre participaciones corresponderá a quien esté legitimado para el ejercicio del derecho de voto. Distinta es la situación en los casos de copropiedad de participaciones. Como destaca la doctrina, todos los comuneros son socios, y el hecho de que hayan de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio obedece a un principio de unificación subjetiva del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio. Esto supuesto, y por las especiales características del derecho de asistencia, quizá hubiera base para sostener que los comuneros, en cuanto socios, tienen derecho de asistencia, sin perjuicio de que sólo su representante esté legitimado frente a la sociedad para el ejercicio de los restantes derechos, singularmente el de voto. Pero tampoco está tan claro; de un lado, porque el artículo 35 LSRL no hace distingos al atribuir el ejercicio de los derechos de socio al representante común; de otro lado, porque el derecho de asistencia lleva consigo el derecho de voz, y parece que los comuneros han de intervenir en la Junta bajo una sola voz (piénsese en la situación que se originaría si el comunero, vencido en la comunidad a la hora de decidir el sentido del voto común, concurriera después a la Junta, no para votar, pero sí para defender posturas contrarias a la del representante común).
     b) Limitaciones del derecho de asistencia.
     Como ya hemos señalado, uno de los derechos que como mínimo la acción confiere a su titular legítimo es el de asistir a las Juntas generales (Artículo 48.2 c) LSA). No obstante, la misma LSA, poniendo fin a una discusión doctrinal existente con anterioridad a la Ley 19/1989, dispone claramente que los estatutos podrán limitar este derecho, mediante la exigencia, respecto de todas las acciones y cualquiera que sea su clase o serie, de «la posesión de un número mínimo [de acciones] para asistir a la Junta General»; establece, además, un tope máximo al número de acciones exigible para concurrir a las Juntas, al señalar que, en ningún caso, «el número exigido pueda ser superior al uno por mil del capital social».
     Antes de la entrada en vigor de la nueva LSRL, tampoco creíamos que esta limitación fuera aplicable a la SRL, a pesar de la genérica remisión del Artículo 15.3. inc. 1.º LSRL 1953 a lo previsto en la LSA. Por su generalidad dicha remisión debía ser objeto de una adecuada reducción teleológica, evitando que por esa puerta falsa acabaran introduciéndose limitaciones a derechos de socio (o a su ejercicio personal) que resultaran poco consistentes desde la estricta perspectiva del tipo SRL. Era obvio que en una sociedad cuyo número máximo de socios no podía exceder de cincuenta (Artículo 1.2 LSRL 1953) resultaba incongruente «importar» una limitación que sólo tenía sentido respecto de posibles Juntas multitudinarias (de ahí el límite del uno por mil del capital social).
     Con la LSRL cambia la perspectiva, pues al desaparecer el límite máximo de cincuenta socios, nada se opone (en teoría, claro está) a que las Juntas de una SRL puedan ser tan multitudinarias como las de una SA. No obstante, el legislador se ha aferrado a la mayor impronta personalista del tipo, y establece con rotundidad que «los estatutos no podrán exigir para la asistencia a las reuniones de la Junta General la titularidad de un número mínimo de participaciones».
     Estamos así ante un típico derecho de configuración cualitativa, que se atribuye por la mera condición de socio, pero no sólo en cuanto a su titularidad, sino también para su ejercicio, pues el artículo 105.1 LSA no priva al accionista de tal derecho, sino que sólo limita su ejercicio personal.
     Quedan así prohibidas las cláusulas estatutarias que exijan la titularidad de más de una participación social para poder asistir a las reuniones de la Junta general; pero si se considera que el derecho de asistencia es personal de cada comunero (no así el de voto), los estatutos sí que podrían exigir la titularidad de, al menos, una participación, bloqueando de esta manera toda comparecencia que no fuera por medio del representante común o de todos los comuneros (obsérvese que el precepto habla de «participaciones», en plural).
     c) Problemas de legitimación; distinción entre legitimación formal y legitimación anticipada.
     Con carácter axiomático y con valor lo mismo para la SA que para la SRL, es posible afirmar que a una Junta general no puede asistir cualquier persona, pues entonces no sería tal Junta, sino sólo aquellas personas que estén legitimadas para hacerlo. Haciendo abstracción de los supuestos excepcionales de ejercicio de los derechos de asistencia y voto por quien no es socio, puede afirmarse con carácter general que están legitimados para asistir a la Junta los socios, es decir, y teniendo en cuenta la función organizativa del capital social, quien sea titular de acciones o de participaciones.
     Sentado este primer axioma, hay que preguntarse ahora cuándo se ha de ostentar la condición de socio para poder asistir a una determinada Junta.
     Sin perjuicio de lo que después se dirá a propósito de la legitimación anticipada en la SA, cabe establecer también con carácter axiomático que se ha de ser socio en el momento de asistir a esa Junta; obviamente no podrá hacerlo quien adquiera la condición de socio con posterioridad, pero tampoco quien antes haya dejado de serlo en favor de otra persona que entra en su posición.
     Todo esto hace que sea necesario controlar de una manera muy estricta las cuestiones relativas a la legitimación de los asistentes, tanto para evitar que puedan tomar parte en la reunión quienes no son titulares de esos derechos, como para no dejar fuera de la misma a quienes efectivamente lo sean; esta tarea de control corresponde a la mesa de la Junta y halla su plasmación formal en la denominada lista de asistentes.
     Pero hay una cuestión previa, consistente en determinar cómo la mesa de la Junta podrá controlar dicha legitimación, o, más exactamente, cómo llevar a cabo ese control con las suficientes garantías que eviten una posterior impugnación de los acuerdos por defectos en la constitución de la Junta. Esto nos lleva al siempre espinoso tema de la legitimación formal.
     No basta con ser socio, sino que se ha de estar en condiciones de acreditarlo ante la sociedad, y de hacerlo, además, en términos tales que ofrezcan a ésta la seguridad de estar obrando bien, sin el riesgo de que los acuerdos tomados con el concurso de esa persona acaben viciados de nulidad. Si las acciones o participaciones fueran absolutamente intransmisibles (posibilidad que para la SRL admite el Artículo 30.3 LSRL, pero con el correctivo del derecho de separación, y sólo, lógicamente, para los actos inter vivos), todos estos problemas ni siquiera llegarían a plantearse, pues el titular de los derechos sociales vendría determinado nominativamente y no por relación a unas cuotas sociales que pueden cambiar de titular. Como la realidad es otra, el cambio en la persona de los socios obliga a arbitrar algún mecanismo que proporcione a la sociedad la seguridad de que permitiendo a una persona el ejercicio de los derechos sociales está actuando correctamente. Estos mecanismos de legitimación formal tienden a desvelar una realidad sustancial coincidente, pero poseen virtualidad bastante para crear una apariencia que si es respetada por la sociedad, inmuniza los acuerdos sociales frente a una posible falta de legitimación material.
     En la SA la manera de acreditar la condición de socio viene determinada por la modalidad de representación de las acciones elegida; los requisitos serán distintos según se haya optado por la representación mediante anotaciones en cuenta o mediante títulos, y en este segundo caso según sean los títulos, nominativos o al portador; asimismo, tampoco hay que excluir la posibilidad, muy frecuente en la práctica, de que los títulos representativos de las acciones no hayan llegado a emitirse.
     La legitimación formal en la SRL tradicionalmente ha oscilado entre dos posibles sistemas: o la mera comunicación, o bien la inscripción en el libroregistro de socios. Tras la Ley 19/1989, un destacado sector de la doctrina contrapuso el texto del artículo 22.2 LSRL 1953 al del artículo 52.2 LSA para sostener que en una y otra forma social la fuente de legitimación para el ejercicio de los derechos de socio era diferente: la comunicación en la SRL; la inscripción en el libroregistro en la SA, si las acciones eran nominativas.
     En la nueva LSRL el artículo 26.2 establece que «el adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen». Llama poderosamente la atención que el punto de referencia ya no sea ni siquiera la comunicación, sino el mero «conocimiento», pues, ¿có-mo ha de adquirirse ese conocimiento a fin de que frente a la sociedad se produzca un cambio en el sujeto legitimado para el ejercicio de los derechos sociales? La pregunta no es baladí, pues la legitimación formal persigue ante todo la protección de la sociedad misma, mediante la creación de una situación de apariencia objetiva en la cual aquélla ha de poder confiar. Siendo así, la beneficiaria de esa protección ha de controlar la información recibida para evitar que se produzcan situaciones de auténtico despojo. Este control no puede serlo de la validez intrínseca de la transmisión, pero sí de la existencia real de la transmisión y de la regularidad en la cadena de transmisiones, así como del hecho de haberse respetado las limitaciones a la libre transmisibilidad de las participaciones. En relación con esto último, no se olvide que según el artículo 34 LSRL, «las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto en Ley o, en su caso, a lo establecido en los estatutos no producirán efecto alguno frente a la sociedad».
     Conocimiento sí, pero un conocimiento cualificado o sometido a control, que se obtendrá normalmente de la exhibición del documento público de transmisión o de la colaboración del mismo cedente, y cuya plasmación material será la inscripción en el libroregistro de socios, siguiendo la cadena de transmisiones realizadas hasta entonces. Estando de acuerdo en esto, tanto nos da que el momento legitimador se sitúe en el conocimiento o en la inscripción, pues sólo podrá hablarse de conocimiento relevante cuando éste permita fundar una apariencia objetiva, y ese momento ha de coincidir con el de la inscripción, independientemente de que ésta materialmente se practique o no. Ya puso de manifiesto la STS 14 abril 1992 que efectuada la comun i -cación, de la sociedad depende la materialidad física de la inscripción, sin que su incumplimiento pueda ser impedimento para el ejercicio de los derechos sociales.
     Sobre esta base estarán legitimados para asistir y votar en la Junta los socios que aparezcan inscritos en el libroregistro de socios, o que debieran figurar inscritos en dicho libro por tener ya la sociedad un conocimiento «suficiente» de la transmisión operada. Obviamente, la sociedad puede prescindir de esta legitimación formal; podría suceder, incluso, que no llevara el preceptivo libro de registro de socios o que no lo llevara debidamente, practicando las inscripciones sin ningún control. ¿Significará ello que es imposible celebrar juntas?, por supuesto que no. El sujeto favorecido por una situación de apariencia objetiva siempre puede renunciar a ella y atender a lo que, según su parecer, constituye la realidad sustancial o titularidad efectiva, sólo que al hacerlo, igual que el cedido en la cesión de créditos, actuará a su propio riesgo.
     Pero no basta con resolver cómo ha de legitimarse quien pretende asistir y votar en una Junta, es necesario determinar también cuándo ha de hacerlo.
     En principio, la respuesta sólo puede ser una: en el instante mismo de constituirse la Junta general. Más exactamente, la mesa de la junta, una vez designados sus miembros y antes de proclamar la válida constitución de la junta, deberá controlar, uno por uno, la legitimación alegada por quienes concurran a la reunión, dejando constancia del resultado de dicha labor en la lista de asistentes.
     Con estos antecedentes estamos en condiciones de comprender mejor la especialidad que representa el artículo 104.1 LSA; según dispone el precepto en su primer inciso, «los estatutos podrán condicionar el derecho de asistencia a la legitimación anticipada del accionista». Obsérvese que la Ley habla de «condicionar» el derecho de asistencia a la legitimación anticipada del accionista, con lo cual está permitiendo que los estatutos establezcan unos requisitos de ineludible cumplimiento para que el accionista pueda asistir (y, se supone, votar) a la Junta. Ya no se trata solamente de ser accionista en el momento de constituirse la Junta, sino que es necesario cumplir con la antelación debida, y en la forma que se determine, con todas la exigencias de legitimación formal. Se asegura de este modo un tiempo de permanencia mínimo en la sociedad antes de poder ejercitar determinados derechos sociales, cuya justificación radicaría, según la doctrina más autorizada, en evitar en la medida de lo posible las transmisiones de acciones realizadas a última hora con el propósito de dar acceso a la Junta a personas desprovistas de verdadero interés en la marcha de la empresa para crear así en la Junta una oposición interesada. La única forma de poder mantener la legitimación que se ha acreditado anticipadamente es inmovilizando las acciones, pero esta inmovilización plantea numerosos problemas, ¿equivale a una prohibición temporal de disponer?, ¿qué consecuencias producirá la transmisión de las acciones?, ¿cómo puede la sociedad tener la seguridad de que la transmisión no se ha producido? A estos interrogantes es imposible dar una respuesta uniforme y forzosamente se habrá de prestar atención a la concreta modalidad de representación de las acciones elegida. No obstante, de manera muy esquemática, pueda decirse que la transmisión es posible y válida, pero producirá el efecto de deslegitimar materialmente al tradens, sin legitimar en cambio, para esa concreta Junta, al accipiens. Todo ello sin perjuicio de que frente a la sociedad y en virtud de la apariencia creada por la legitimación anticipada, un acuerdo tomado con la participación de quien formal y externamente aparece legitimado como socio, sea inatacable. Pero lo que ahora nos interesa destacar es que el adquirente de estas acciones, si bien posee la condición de accionista derivada de la propiedad de las mismas, no estaría legitimado para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto en esa determinada Junta, al no haber cumplido con la condición de legitimarse anticipadamente para asistir y votar en ella.
     Siendo éste el sentido de la legitimación anticipada, ¿será también posible en la SRL?; expresado en otros términos, ¿podrán los estatutos condicionar el derecho de asistencia a la legitimación anticipada del socio? Lo primero que se ha de destacar es el silencio de la LSRL; ningún precepto hay en esta última que se pueda comparar al artículo 104.1 LSA. Siempre se podrá argüir, no obstante, el recurso a la analogía por existencia de una laguna en la ley, pero no creemos que tal laguna exista.
     Desde el punto de vista de la finalidad práctica que dicha norma estatutaria estaría llamada a cumplir, no parece tener mucho sentido exigir la legitimación anticipada en la SRL, pues el mismo régimen de transmisión de las participaciones, que no puede ser de absoluta libertad (salvo un limitado círculo subjetivo), y que está sometido a un riguroso régimen de forma, hace impensable el tráfico de participaciones previo a la Junta con sólo finalidades estratégicas. A esto siempre se puede contestar que la legitimación anticipada no sólo sirve para hacer frente a posibles tiburones, sino que también responde al deseo de facilitar el desarrollo de la Junta mediante la confección anticipada de la lista de asistentes (previstos, pues alguno puede no asistir después), tarea que en la práctica reviste cierta complejidad, sobre todo si la masa social es numerosa y la Junta se prevé tumultuaria; habiéndose suprimido el límite de los cincuenta socios, ciertamente nada nos permite presumir que todas las SRL forzosamente habrán de contar con un reducido número de socios.
     Otro argumento en contra de la admisibilidad de estas cláusulas estatutarias radica en que su reconocimiento en la SRL se haría sin límite alguno; en la SA la legitimación anticipada es posible, pero se establece una suerte de legitimación mínima, tanto desde el punto de vista de los requisitos formales, como del plazo (cinco días). Un amante de integrar lagunas por el procedimiento analógico contestaría raudo que basta con acudir por analogía (no remisión, al no haberla) a la LSA.
     Creemos por ello que el razonamiento debe ir un poco más lejos y entrar al terreno de lo sustancial; la legitimación anticipada no es posible en la SRL, no por un olvido del legislador, sino porque aquélla resulta estructuralmente incompatible con el sistema de legitimación para el ejercicio de los derechos sociales que se ha querido en esta forma social. Ya hemos visto que la legitimación anticipada puede llevar de hecho a que un sujeto materialmente legitimado para asistir y votar en una Junta, en cuanto socio al tiempo de celebrarse, no pueda hacerlo, bien por no haber cumplido anticipadamente las exigencias de legitimación formal, bien por haber adquirido las acciones después de la fecha tope. Si la LSRL no admite expresamente la posibilidad de exigir esta legitimación anticipada, lo que implícitamente nos quiere dar a entender es que no hay más legitimación material que aquélla que formalmente se puede acreditar en el momento mismo de constituirse la Junta, aunque se haya adquirido en un instante inmediatamente anterior. La mesa de la Junta comprobará la legitimación de quien pretenda asistir a la reunión según el libroregistro de socios cerrado inmediatamente antes por los administradores (pues ellos son la «sociedad» a efectos del Artículo 27.1 LSRL, y no los miembros de la mesa). Como ya hemos destacado, el «conocimiento» de que habla el artículo 26.2 LSRL ha de tener su plasmación material en el libroregistro de socios, máxime cuando el órgano encargado de con-trolar la legitimación para asistir y votar en una determinada Junta no es el de administración, sino un órgano ad hoc como la mesa de la Junta (aunque sus miembros puedan ser administradores, pues se trata de cosas distintas; v. infra). Más aún, podría producirse el acontecimiento nada insólito de que en ese mismo momento se comunicara a la sociedad la adquisición de unas participaciones; en tal caso, los administradores, que como veremos están obligados a asistir a la reunión, deberán examinar la comunicación y decidir in situ sobre la legitimación del accipiens en general, no sólo para esa Junta, debiendo admitir la mesa que concurran a la reunión. Excepcionalmente, si los administradores no estuvieran presentes o no se dispusiera del libroregistro de socios, la mesa de la Junta podría decidir sobre la legitimación para asistir y votar en esa Junta, actuando a su propio riesgo al carecer de un principio de apariencia objetiva. Cuestión distinta es que la legitimación se acredite después de la constitución de la Junta, una vez cerrada la lista de asistentes; aquí no hay un problema de legitimación anticipada, sino justo el contrario de legitimación extemporánea. La solución pasaría por admitir la presencia de tales socios, pero negándoles el voto.
     No puede exigirse así una legitimación anticipada en la SRL, pues ello equivaldría a que la sociedad se pusiera en condiciones de prohibir la asistencia y voto de quien siendo socio en el momento de la reunión, no se legitimó anticipadamente, y no es esto lo que el legislador ha previsto para esta forma social. Como se ve, la cuestión es de gran calado teórico y por eso debe evitarse que apresuradas invocaciones del procedimiento analógico, viendo lagunas donde no las hay, la acaben degradando a un simple problema de muchedumbres incontroladas y tiburones voraces.
     d) Asistencia a las Juntas Generales de personas no socios.
     La vigente LSA regula en su artículo 104, apartados 2 y 3, la asistencia a las Juntas generales de personas que no son socios; quizá con mayor rigor debería hablarse de personas que con su presencia no ejercitan derecho social alguno, ni en nombre propio ni en representación de otro, pues el representante asiste y puede no ser socio, y se dan además situaciones excepcionales en que el ejercicio de los derechos de asistencia y voto puede corresponder a persona distinta del socio (usufructo, prenda y embargo de participaciones). Todo ello con independencia de que pueda hablarse de un derecho de asistencia a las reuniones de la Junta general, cuando no obligación, de determinadas personas que no ostentan la condición de socios, pero no se trataría de un derecho catalogable como social, y por ello, según hemos visto, su ausencia no impide que una Junta pueda constituirse con el carácter de universal.
     En primer lugar se refiere la LSA a los administradores, disponiendo que «deberán asistir a las Juntas Generales» (Artículo 104.2. inc. 1.º), convirtiendo en obligación lo que en la LSA 1951 era una simple facultad, disponible por los estatutos sociales (Artículo 59.3). La doctrina ha alabado en general este cambio de criterio, pues no puede quedar al arbitrio de los administradores su presencia en las Juntas.
     También ha cambiado el criterio en cuanto a la presencia de directores, gerentes, técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales, pues si antes los estatutos sólo podían configurarlo como una facultad (Artículo 59.2 LSA 1951), ahora podrán autorizar, pero también «ordenar» su asistencia (Artículo 104.2. inc. 2.º LSA).
     Como novedad se establece en el artículo 104.3 LSA que «el presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente», si bien advierte que la Junta «podrá revocar dicha autorización». Esta previsión ha sido especialmente oportuna para atender ciertos supuestos que en la práctica solían plantearse, como el acceso a la Junta de un Notario a instancia de algún socio (no confundir con el acta notarial de la Junta) o de los representantes de los medios de comunicación o de simples invitados.
     En el pasado no ofrecía la menor duda la aplicación de iguales reglas a la SRL por la remisión del artículo 15.3 LSRL 1953 a lo previsto en la LSA. Sorprendentemente la nueva LSRL supone un paso atrás en la regulación de esta materia, ya que no hay en ella un precepto que pueda parangonarse al artí-culo 104. 2 y 3 LSA, ni tampoco una remisión expresa a la misma, pero tal silencio no debe equipararse a una posición contraria a la admisión de iguales criterios, si bien habrá que distinguir en cada caso.
     Respecto de los administradores creemos que hay base bastante para afirmar que están obligados en todo caso, es decir, sin necesidad de previsión estatutaria alguna, a asistir a la Junta. Argumento decisivo es la obligación que recae sobre el órgano de administración de proporcionar a los socios las informaciones o aclaraciones que soliciten acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta, solicitud que puede realizarse durante la reunión de este órgano y en cuyo caso deberá ser atendida en ese momento, lo que obligará a los administradores a estar presentes en la reunión (Artículo 51 LSRL).
     En cuanto a las restantes personas que pueden tener interés en la buena marcha de los asuntos sociales, nada obsta para que los estatutos, a pesar del silencio de la Ley, puedan autorizar u ordenar su asistencia.
     Quizá el supuesto más problemático sea el tercero y último de ellos. El a r t í c u -lo 104.3 LSA concede al Presidente de la Junta la facultad de decidir sobre la presencia de otras personas sometiendo dicha facultad al control de la asamblea; pero repárese en que la Junta, mediante el pertinente acuerdo, sólo puede revocar la «autorización» concedida por el Presidente, de donde se desprende, razonando a contrario, que la decisión del Presidente es discrecional, sin que la Junta pueda revocarla, cuando desde un principio sea contraria a la presencia de dichas personas. Para nosotros es claro que a la Junta pueden asistir personas que no sean socios ni administradores, la cuestión es determinar a quién corresponde dar la autorización; en el sistema de la SA, la Junta resuelve en segunda instancia si una determinada persona puede asistir o no a la reunión, pero en primera instancia el Presidente puede no autorizar su presencia, sin que la Junta esté en condiciones de revocar dicha decisión que deviene así definitiva. En esta materia se está concediendo al Presidente una facultad exorbitante, por encima de la misma Junta. La razón quizá deba buscarse en la necesidad de poner un filtro a las solicitudes de asistencia a la Junta mediante la decisión previa del Presidente, aunque residenciando la decisión última en la misma Junta; de no ser así, es decir, si todas las solicitudes tuvieran que ser objeto de un acuerdo de la Junta, ésta consumiría buena parte de su tiempo en decisiones de mero trámite. Al no haber un precepto análogo en la LSRL, ni una remisión expresa, creemos que no procede aplicar por analogía la regla de la LSA, sino decidir con arreglo a los principios que inspiran el funcionamiento de las Juntas en la SRL.
     Como ninguna norma legal concede al Presidente la facultad de decidir por sí solo, no habrá más solución que recabar en cada caso el acuerdo de la Junta.
     Este acuerdo se adoptará por mayoría de los votos válidamente emitidos, y al ser de mero trámite, no debería exigirse que tal mayoría represente porcentaje alguno sobre el total de votos.
     e) Lista de asistentes.
     Documento básico para determinar si la Junta se ha constituido válidamente es la lista de asistentes; remitimos su estudio al comentario del artículo 54 LSRL.
     2. Derecho a hacerse presentar en las reuniones de la Junta General a) El derecho a hacerse representar por medio de determinadas personas como derecho inderogable del socio.
     Importante cambio de criterio se registra en la regulación de esta materia.
     El artículo 16.1 LSRL 1953 parecía admitir la supresión estatutaria del derecho del socio a hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona; así resultaba del «salvo disposición contraria de la escritura social» con que empezaba el mencionado precepto. Confirmaba esta interpretación el artículo 106 LSA, que tras sancionar el derecho de todo accionista con derecho de asistencia a hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, advertía que «los estatutos podrán limitar esta facultad», pero en modo alguno suprimirla.
     Decimos que se ha operado un importante cambio de criterio, porque el actual artículo 49 LSRL, tras establecer que el socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de determinadas personas, añade que «los estatutos podrán autorizar la representación por medio de otras personas»; a contrario, los estatutos no sólo no van a poder suprimir este derecho con carácter general, sino que incluso les estará prohibido excluir del elenco de posibles representantes a cualquiera de las personas que se mencionan.
     La primera cuestión que hemos de resolver es la de la capacidad para ser representado; el artículo 49.1 LSRL habla genéricamente de «el socio».
     Para igual supuesto de hecho el artículo 106.1 inc. 1.º LSA habla de accionista «que tenga derecho de asistencia». Esta última matización tiene especial importancia en el ámbito de la SA, donde son posibles las acciones sin voto, junto a otros supuestos de suspensión temporal del derecho de voto (Artículo 44.1 LSA).
     A la espera de que se vayan decantando las posiciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la admisibilidad o no de las participaciones sin voto, creemos puede hacerse en la SRL igual matización en el sentido de que el derecho a hacerse representar va ligado al derecho de asistencia. Por ello, no podrá concurrir por medio de representante quien previamente no se haya legitimado como socio frente a la sociedad. Igualmente, aunque la Ley no se refiera a ellas, también podrán hacerse representar en las Juntas a efectos del ejercicio del derecho de voto aquellas personas no socios a las que los estatutos hayan conferido ese derecho (usufructo, prenda). Y a la inversa, aun siendo socio, no parece que un comunero pueda concurrir por medio de un representante distinto del representante común, y ello aunque se le reconozca un derecho de asistencia personal. Por supuesto este derecho no se extiende a quienes, sin ser socios, están obligados o autorizados a asistir (administradores, personas interesadas en la buena marcha de los asuntos sociales).
     Más interesante es la determinación de la capacidad para ser representante, donde la LSRL ha seguido un criterio distinto al de la LSA. Esta última permite que la representación se confiera por los accionistas a cualquier persona física o jurídica, accionista o no, pero los estatutos podrán limitar esta facultad, exigiendo en el representante determinadas condiciones. En cambio, en la LSRL se señala por medio de qué personas puede hacerse representar el socio, añadiendo que los estatutos podrán autorizar la representación por medio de otras personas. Este precepto ha de ser interpretado en un doble sentido.
     De un lado, significa que si nada disponen los estatutos, el socio sólo podrá hacerse representar por medio de las personas indicadas en el primer inciso del artículo 49.2 LSRL, y que a la mesa de la Junta general no le estará permitido aceptar la representación conferida a otra persona. Tal solución no ha de extrañar, pues está en consonancia con el carácter esencialmente cerrado de la SRL, y así se destaca en la Exposición de Motivos.
     Pero, de otro lado, también supone un límite a la autonomía estatutaria, pues si los estatutos sólo pueden autorizar la representación por medio de otras personas, ello significa que el elenco de posibles representantes que ya determina el precepto es inderogable. Esta limitación es absoluta, no sólo porque no será posible excluir a ninguna de las personas indicadas, sino también porque no se les podrán exigir requisitos adicionales; por ejemplo, requiriendo que el cónyuge del socio también sea socio, o prohibiendo que la representación pueda conferirse a un socio que sea además administrador.
     Puede hablarse así de un derecho inderogable del socio a hacerse representar en las reuniones de la Junta general por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. Parcialmente análoga es la situación en la SA después de la importante R. 2 junio 1994, que frente a la opinión de destacados especialistas, consideró que cuando el artí-culo 108 LSA declara inaplicables las restricciones establecidas por la propia Ley, «debe entenderse referido tanto a los que ésta prevé de modo preciso y concreto como a aquéllas que teniendo su apoyo potencial en la norma son desarrolladas en los estatutos de las que son una muestra la exigencia de la cualidad de accionista del representante». De todas formas, como veremos después, no puede equipararse sin más el régimen de la LSRL al de la llamada en la LSA «representación familiar».
     Pasando revista a las personas que dan forma al contenido mínimo del derecho de representación, la Ley se refiere en primer lugar a «otro socio».
     Es irrelevante que el otro socio se trate de una persona física o jurídica, al haber desaparecido la prohibición general del artículo 16.2 LSRL 1953, y no hay especialidad alguna por el hecho de que además sea administrador u ostente la representación de varios socios (en la SA se entiende que ha habido solicitud pública de representación cuando una misma persona ostente la representación de más de tres accionistas, Artículo 107.3 LSA).
     Igual que el representado, el representante ha de estar legitimado frente a la sociedad, pero ya no queda tan claro que la capacidad para ser representante deba vincularse al derecho de asistencia. Y así, en los casos de usufructo, prenda o embargo, debe entenderse que representante podrá serlo el propietario (pues a él le corresponde la cualidad de socio, Artículo 36.1 LSRL), aunque no esté legitimado para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto de sus propias participaciones. En las situaciones de comunidad, quizá pueda admitirse que el comunero es socio a los solos efectos de ser representante de otros socios.
     Respecto del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio, éstos podrán ser o no socios, y sin limitación de grado; improbable que se extienda al parentesco por afinidad, pues cuando la ley habla de parentesco, sin otra especificación, debe entenderse siempre que se trata del parentesco por consanguinidad. Será necesario acreditar ante la mesa de la Junta el vínculo familiar, sin perjuicio de que le pueda constar a ésta por notoriedad. Quizá sea suficiente con indicar esta circunstancia en el mismo poder, o acreditarlo mediante algún documento (p. ej., el libro de familia).
     De especial interés es el supuesto de persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. Es evidente que el precepto establece un contenido mínimo para que la facultad de representar al poderdante en las juntas se pueda entender conferida sin más; nada impide que el poder sea de contenido mucho más amplio, incluyendo facultades de disposición o haciéndolo extensivo a todo el patrimonio del representado sin limitación geográfica (un típico poder general), pero bastará con que lo sea para administrar y que comprenda «todo» el patrimonio en territorio nacional (sin excepción), para que automáticamente se le entienda facultado para asistir y votar en las Juntas de la SRL. Lo significativo del precepto es que para él la asistencia y voto en las Juntas generales es un acto de administración, y por ello debe entenderse incluido siempre en un poder de este tipo, incluso, aunque tal facultad no apareciera especificada de una manera expresa. Según veremos después, aquí no sólo estamos ante un supuesto de representación inderogable por lo estatutos, sino, además, ante una excepción al carácter especial del poder para asistir a Juntas, ya que al tener que constar necesariamente en documento público, siempre cumplirá así la exigencia del artículo 49.3 LSRL.
     Es evidente que el hecho de que el poder pueda ser sólo para «administrar» no ha de plantear problema cualquiera que sea la naturaleza del acuerdo social; por ejemplo, que se tratara de autorizar, conforme a la posibilidad de injerencia en las tareas de gestión que ahora expresamente se reconoce a la Junta, un acto de disposición sobre bienes sociales. Más problemática se presenta la cuestión cuando la naturaleza de acto de disposición ya no lo es referida al patrimonio de la sociedad, sino a los propios derechos individuales del socio; piénsese en la renuncia al derecho de preferencia, o en la incorporación a los estatutos de una prohibición absoluta de transmisión, o en la eliminación de causas estatutarias de separación, o a la renuncia al derecho a percibir en dinero la cuota resultante de la liquidación. Pero creemos que el problema es más aparente que real. En ninguno de estos supuestos estamos propiamente ante un acuerdo social, como muestra claramente que para casi todos ellos la LSRL exige de manera expresa la unanimidad o el consentimiento de todos los socios. El voto en las Juntas puede ser considerado acto de administración, y por ello bastaría con un poder de ese tipo, en tanto en cuanto estemos ante una propia actuación uti soci, sometida así al principio mayoritario; pero allí donde su actuación sea catalogable como uti singuli no se puede entender que baste un poder para administrar, porque propiamente el socio no está votando. Es inexacto hablar de acuerdo unánime, porque si se exige el consentimiento de todos los socios, no hay acuerdo posible, al ser cada socio titular de un derecho de veto. En estos casos será necesario examinar las facultades representativas del apoderado para comprobar si civilmente son suficientes.
     Quedan, no obstante, algunos supuestos problemáticos, en los cuales basta el acuerdo por mayoría, al haberse establecido otros mecanismos de tutela (normalmente, el derecho de separación); sería el caso, por ejemplo, de la transformación de la sociedad. Incluso puede ocurrir que no se establezca correctivo alguno, como en la disolución voluntaria decidida por mayoría (eso sí, reforzada). En todos estos casos la trascendencia del voto va más allá de un mero acto de administración, al implicar un cambio en la naturaleza de lo «administrado». Admitir, no obstante, que el apoderado puede no tener facultades para votar en estas Juntas equivaldría a limitar la utilidad práctica de este supuesto de representación, ya que podría entenderse que cualquier modificación estatutaria, o simplemente una decisión de especial trascendencia, queda fuera de su ámbito, cargando además a la mesa de la Junta con la delicada tarea de tener que decidir sobre la suficiencia del poder en estos casos, y el consiguiente riesgo de privar ilegítimamente a un socio de su derecho de voto.
     b) Requisitos formales de la representación.
     Con carácter general dispone el artículo 49.3 LSRL que la representación «deberá conferirse por escrito». Esta regla no admite excepción alguna, ni siquiera tratándose de las personas que aparecen indicadas en el apartado anterior.
     Téngase en cuenta que dicho precepto establece el contenido mínimo del derecho del socio a hacerse representar en las reuniones de la Junta, y lo hace en el sentido de que el socio siempre podrá comparecer representado por cualquiera de dichas personas, sin que sea posible una cláusula estatutaria en contrario. Pero esto nada tiene que ver con los requisitos de forma de la representación; la exigencia de forma escrita es así general.
     Vale la pena destacar que en el ámbito de la SA se llega a una misma conclusión, a pesar de la equívoca declaración del artículo 108 LSA, que respecto de la representación familiar establece que las restricciones establecidas en los artículos anteriores «no serán de aplicación», y que entre dichos artículos se incluye el artículo 106.2 LSA, que proclama que la representación debe conferirse por escrito. La doctrina más autorizada ya ha puesto de manifiesto que debe prosperar una interpretación correctora de dicho precepto, en el sentido de exigir la forma escrita en todos los supuestos de representación de los accionistas en la Junta general.
     Como veremos en el epígrafe siguiente, el poder normalmente habrá de tener carácter especial, sin perjuicio de las oportunas excepciones. Cuando así sea, la sociedad vendrá obligada a conservar el documento acreditativo del poder durante un plazo de seis años (Artículo 30 CCo), ya que su examen puede resultar decisivo para determinar si la Junta se ha constituido válidamente o no.
     En el poder debe figurar la firma del poderdante, como garantía de autenticidad, y su fecha y la de la Junta, como condición de especialidad (aunque en rigor bastaría con indicar la fecha de la Junta). Si consta a la mesa de la Junta la autoría de la firma (y a tal fin la sociedad puede llevar algún tipo de registro de firmas), no será necesario que ésta aparezca legitimada; sobre el tema puede verse, para la SA, la STS 20 mayo 1983, que se refiere a la carta dirigida al administrador con firma legalizada. Del poder en documento público trataremos después.
     De todas formas, para la SA, aunque el argumento empleado es trasladable a la SRL, el TS ha venido considerando en varias sentencias, dictadas normalmente en relación a sociedades pequeñas y a situaciones de manifiesta mala fe, que aun no habiendo escrito confiriendo la representación, si en Juntas anteriores se había aceptado ésta, debe darse por válida (SSTS 8 mayo 1961, 5 julio 1986, 20 abril 1987 y 14 noviembre 1992).
     En relación a la representación conferida por telegrama, ha de tenerse en cuenta que según el artículo 51.2 CCo, «la correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas reúnan las condiciones o signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado». En consecuencia, su empleo tendrá que haberse previsto expresamente en los estatutos, y la sociedad vendrá obligada a conservar el telegrama durante seis años.
     c) Carácter especial de la representación conferida.
     Según el artículo 49.3. inc. 2.º LSRL, la representación, «si no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta». Este precepto supone un importante cambio en relación con la situación vigente en el pasado.
     Como es sabido, el artículo 16.3 LSRL 1953 exigía que la representación fuera conferida por escrito «y con carácter especial para cada Junta» sin contemplar excepción alguna. En cambio, el artículo 108 LSA, al regular la llamada «representación familiar», dispone que las restricciones establecidas en los «artículos anteriores» no serán de aplicación a esos supuestos. La práctica unanimidad de la doctrina ha entendido que entre las restricciones que no se aplican a la representación familiar ha de estar la exigencia de que la representación se confiera con carácter especial para cada Junta. La DGRN puso fin a la aparente discordancia entre ambas leyes al hacer extensivo el sistema de la SA a la SRL (RR. 10 noviembre 1992, 25 mayo 1992 y 20 octubre 1992). En consecuencia la representación podía no ser especial para cada Junta, no sólo en el caso de persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades de administración sobre todo el patrimonio del representado en el territorio nacional, sino también con independencia del carácter público o privado del poder (pero siempre por escrito), cuando la representación se hubiera otorgado a determinados familiares.
     En definitiva, eran posibles poderes generales para asistir y votar en Juntas, sin especificación de la Junta para la cual se otorgaban, que constaran en meros documentos privados, con los consiguientes problemas en orden a su conservación por la sociedad y control posterior, pues al ser generales debían ser objeto de devolución al interesado, y su reseña no ofrecía la más mínima garantía.
     La LSRL supone un cambio importante en la materia; la inexigibilidad del requisito de la especialidad no está ya en función de la persona del representado, sino exclusivamente de la forma del poder. Sólo cuando constare en documento público podrá ser general, aunque el representante fuera el cónyuge, un ascendiente o un descendiente del representado. Queremos llamar la atención sobre la distinta configuración de la llamada representación familiar en una y otra forma social; mientras en la SA se presenta como un supuesto de no aplicación de una serie de restricciones previstas en la ley y, en su caso, en los estatutos, en la SRL constituye el contenido mínimo del derecho de representación, configurado en ese ámbito como indisponible, pero no prejuzga sobre los requisitos del poder en sí. Por ello, aun tratándose de uno de los familiares indicados, si su poder no constare en documento público, habrá de ser especial para cada Junta.
     El cambio operado, aunque pueda restar autonomía a las partes, no nos parece criticable; un poder general en documento privado, como ya hemos indicado, dificulta enormemente su control posterior, y éste puede ser necesario para decidir sobre la válida constitución de la Junta en caso de una eventual impugnación. Al constar en documento público, no planteará problema alguno su devolución al interesado, de entrada por la indudable garantía que representa su carácter público, pero también porque gracias a su reseña en la lista de asistentes siempre será posible controlarlo posteriormente.
     Cabe plantear si los estatutos podrán exigir siempre el carácter especial del poder, aunque constare en documento público; quizá, tratándose de las personas enumeradas en el apartado 2.º, la respuesta deba ser negativa, entre otras razones porque una tal cláusula equivaldría a la eliminación de uno de los supuestos de representación que se han configurado como inderogables.
     c) Alcance de la representación, asistencia mixta a la Junta y revocabilidad del poder.
     La cualidad de socio es indivisible frente a la sociedad, y por ello establece el artículo 49.3 LSRL que la representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado. En consecuencia, no podrá hacerse representar en las Juntas Generales por varios mandatarios repartiendo entre ellos las diferentes participaciones que titularice, ni tampoco asistir con parte de sus participaciones personalmente y con el resto a través de su representante.
     Esto último nos pone en conexión con el problema de la llamada «asistencia mixta», al que recientemente se ha enfrentado la STS 25 febrero 1992.
     Esta sentencia, aun reconociendo que por irretroactividad no era aplicable el artículo 106.3 LSA, sí que sienta el principio de que la presencia del representado en el acto para el que había otorgado la representación o el poder elimina la relación jurídica representativa por ser contradictoria con ella. Sin entrar en si lo correcto es partir de la prohibición del voto divergente o de la inescindibilidad del derecho de asistencia, parece que igual criterio puede aplicarse a la SRL.
     Cuestión por completo distinta es que una misma persona ostente la representación de varios socios, y siguiendo las instrucciones recibidas emita el voto de cada uno de ellos en un sentido diferente; aquí no estamos ante un supuesto de voto divergente, pues el representante no está emitiendo sus votos propios, sino los de sus representados.
     Aunque no se diga expresamente en la LSRL, creemos indudable que la representación es siempre revocable (Artículo 106.3 LSA); cuestión distinta es la oponibilidad de dicha revocación a la sociedad mientras el interesado no ponga fin a la situación de apariencia objetiva que él mismo ha creado, como sucederá, por ejemplo, con un poder general que conste en documento público.
     d) Examen de algunas situaciones especiales.
     Vamos a referirnos muy brevemente a ciertos supuestos de representación que no quedan sometidos a lo dispuesto en el Artículo 49 LSRL.
     • Copropiedad de participaciones Según el artículo 35 LSRL, «los copropietarios habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio». Los comuneros soportan la carga de tener que designar un representante común, que ante el silencio de la ley quizá pudiera no ser uno de ellos; en este sentido hay que destacar la desaparición del artículo «la» para referirse a la persona que haya de ejercitar los derechos sociales (Artículo 23 LSRL 1953, «siempre que una participación social pertenezca proindviso a varias personas, éstas habrán de designar la que haya de ejercitar los derechos inherentes a esa participación»), dando a entender quizá que la elección no tiene por qué limitarse a las personas a quienes la participación pertenece proindiviso. De todas formas tampoco cabe desconocer que por esta vía podría verse burlado el objetivo de no admitir la presencia en la Junta de extraños, fuera de los señalados en el artículo 49.2 LSRL.
     En relación a este supuesto se ha de tener en cuenta que el artículo 49.3 LSRL no parece que le sea de aplicación, ya que dicho precepto se limita a los supuestos de representación estrictamente voluntaria, es decir, conferida por un socio que podría ejercitar por sí mismo los derechos sociales (aunque referida a una SA, es de gran interés la STS 11 junio 1982). No será necesario, por tanto, a fin de que la representación no tenga que ser especial para cada Junta, que conste en documento público; sería posible, incluso, que tal apoderamiento, de duración indefinida, se anotara en el libroregistro de socios, relevando así al apoderado de tener que acreditar su existencia en cada reunión.
     • Representación de sociedades Obviamente, las normas que se han examinado no son aplicables a aquellos socios que, siendo a su vez personas jurídicas, concurren a la Junta por medio de sus administradores o representantes orgánicos (no si lo hacen por medio de apoderados).
     • Representantes legales Ni el artículo 49 LSRL, ni las posibles limitaciones que se contemplen en los Estatutos Sociales, rigen frente a los representantes legales de socios menores, de los socios incapacitados, etc. Estos ocupan en la sociedad, en virtud de la representación que la ley les confiere, la posición jurídica correspondiente a sus representados con todas las facultades y derechos propios de la condición de socio; no confundir así con la llamada «representación familiar» del artículo 108 LSA o del mismo artículo 49 LSRL, que es aplicable a la representación voluntaria de personas capaces, aunque por el vínculo de parentesco existente se someta a un régimen mucho más flexible o se proclame su carácter inderogable. En todo caso, la representación legal deberá quedar acreditada ante la mesa de la Junta con los documentos que la justifiquen.
     Un medio idóneo puede ser el libro de familia, aunque nada obsta a que pueda constarle a la sociedad por notoriedad, p. ej., por haber intervenido en tal concepto en Juntas anteriores (v. STS 14 marzo 1973).
     
Artículo 50. Mesa de la Junta General
     Salvo disposición contraria de los estatutos, el Presidente y el Secretario de la Junta General serán los del Consejo de Administración y en su defecto los designados, al comienzo de la reunión, por los socios concurrentes.
     1. Caracterización de la mesa de la Junta General El artículo 50 LSRL lleva por rúbrica «mesa de la Junta General», con lo que realza así el papel de este fundamental órgano; vale la pena contrastar esta situación con la que se da en el artículo 109 LSA, que trata del Presidente y del Secretario por separado, limitándose en la rúbrica a hablar del primero de ellos.
     La mesa no constituye propiamente un órgano de la sociedad, sino de la propia Junta, sin que tampoco sus miembros deban ser considerados mandatarios de los asistentes. No hay presidentes o secretarios de Junta institucionales, sino que cada reunión tiene su propia mesa; y esto es así, aunque los estatutos nombren directamente a las personas que hayan de ocupar dichos cargos o éstos queden vinculados al cargo de administrador, de manera que al elegir a los administradores se designara también al titular de aqué-llos.
     Por muy automática que sea su designación, no hay mesa de la Junta hasta que ésta no se celebre, y se cesará en dichos cargos tan pronto concluya la Junta con la aprobación y firma del acta de la reunión (creemos que transcribirla en el libro de actas, cuando no se hubiera extendido directamente en él, es tarea que incumbe a los titulares de la facultad certificante, no a la mesa de la Junta), sin perjuicio de que excepcionalmente se prolongue la vigencia del cargo en los supuestos de aprobación diferida del acta por medio de interventores.
     La mesa de la Junta tiene el carácter de órgano necesario, también cuando el acta de la Junta es levantada por un Notario (Artículo 102.1.1.º RRM).
     2. Funciones de la mesa de la Junta General Suele distinguirse entre las funciones del Presidente y del Secretario, correspondiendo al primero el control y dirección de la sesión y al segundo la potestad actuaria. Pueden destacarse como funciones propias de este órgano:
     - Confección de la lista de asistentes: no se limita a la elaboración material de dicha lista, cualquiera que sea el tipo de soporte elegido, sino que se extiende al control de la legitimación alegada por quien pretende asistir y votar a la Junta, así como de las representaciones que se acrediten; es una tarea compleja y de enorme responsabilidad pues de ella va a depender la válida constitución de la Junta.
     - Dirección del debate: tanto si los estatutos establecen normas sobre el particular, como si no lo hacen, corresponde a la mesa de la Junta, y más exactamente a su Presidente, dirigir el debate mediante el establecimiento de los oportunos turnos a favor y en contra de las propuestas formuladas, dando y retirando la palabra, suspendiendo temporalmente la reunión, etc.
     - Recuento de votos y proclamación del resultado.
     - Ciertas facultades de propuesta: ya hemos visto que en relación a la posible asistencia de no socios, el Presidente ha visto limitadas sus facultades a la presentación de la correspondiente propuesta a la asamblea; en cuanto a los sistemas de aprobación del acta de la Junta, será la mesa quien haya de proponer a la Junta su aprobación mediante interventores; paradójicamente, no podrá proponer la prórroga de la sesión, ya que esta facultad corresponde a los administradores.
     - Redacción del acta: corresponde al Secretario; destacar que su misión es redactar el acta, no certificar de las mismas o los acuerdos sociales.
     - Información de los socios: con buen sentido, se ha suprimido la facultad del presidente de decidir sobre el posible perjuicio de la información solicitada por el socio (v. infra).
     - Para lo que no está facultada la mesa es para levantar la sesión antes de que finalice el orden del día (v. R. 21 septiembre 1984).
     3. Composición de la mesa de la Junta General La mesa de la Junta está integrada por dos cargos obligatorios: el Presidente y el Secretario. Nada se opone, sin embargo, a la posible designación de cargos auxiliares, también en número plural (vicepresidente y vicesecretario).
     4. Designación de los miembros de la mesa de la Junta General Como primera característica de la nueva regulación contenida en la SRL, y que la distingue claramente del régimen previsto en el artículo 110 LSA (aplicable en el pasado a la SRL por la remisión ex Artículo 15.3 LSRL 1953), hay que destacar la unificación operada en los sistemas de designación de los dos cargos necesarios de la mesa, es decir, el Presidente y el Secretario.
     Pueden establecerse tres distintos supuestos.
     a) Designación estatutaria.
     En primer lugar los estatutos pueden establecer normas concretas sobre la designación de los miembros de la mesa; así se desprende del inciso «salvo disposición contraria de los estatutos», que antecede al establecimiento en el artículo 50 LSRL de los criterios o sistemas legales de designación. Estas normas estatutarias se imponen a los dos sistemas que se estudian después, y sólo ceden ante el nombramiento por el juez en los casos de convocatoria judicial de Junta. Caben a su vez dos posibilidades:
     - Designación personal: Nada se opone a que los estatutos designen nominatim a los futuros miembros de la mesa de la Junta; este sistema tiene la ventaja de su automaticidad, pues tan pronto se dé inicio a la reunión, quedará constituida la mesa de la Junta, pero tiene el inconveniente de que cualquier cambio que se quisiera hacer obligaría a reformar los estatutos sociales.
     Por supuesto, la ausencia de los así nombrados no puede impedir que se constituya la mesa y con ella la Junta, sino que sólo activaría los sistemas supletorios.
     - Establecimiento de un sistema para proceder a su designación: en lugar de designar directamente a los miembros de la mesa, los estatutos pueden hacerlo también de manera indirecta, por referencia a determinados cargos sociales (administrador, v. infra) o establecer un sistema para llevar a cabo tal designación; sería el caso, por ejemplo, de que dispusieran la constitución de una mesa de edad, o atendiendo a la antigüedad en la propia sociedad, o, incluso, a su designación directa entre los presentes por los propios administradores. Obviamente, será necesario distribuir los cargos de manera concreta (quién será Presidente y quién Secretario). De todas formas, en estos casos la constitución de la mesa no siempre será tan automática como en el supuesto anterior, pues alguien habrá de controlar la aplicación del sistema estatutario. En nuestro ejemplo de una mesa de edad, si se dispone que Presidente será el socio de más edad y Secretario el de menos, es necesario que por una instancia cuya existencia no dependa de la constitución de la Junta se compruebe quienes, de entre todos los presentes, cumplen tales requisitos; parece que tal misión ha de recaer sobre los administradores presentes (en teoría todos, pues están obligados a asistir). Otro tanto sucedería si, por ejemplo, se hubiera previsto que el nombramiento de la mesa se hiciera por sorteo entre los asistentes. Las normas estatutarias pueden ser objeto sólo de aplicación parcial; sería el caso, por ejemplo, de que dispusieran la atribución de ambos cargos a los dos administradores presentes, pero que sólo asistiera uno de ellos. Esto no significaría la inaplicación de la cláusula estatutaria, sino sólo que el cargo vacante habría de ser cubierto por elección entre los asistentes.
     b) Atribución automática del cargo al Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.
     Dejando siempre a salvo el sistema estatutario, el artículo 110.1 LSA establece que la junta general será presidida por el presidente del Consejo de Administración, pero, paradójicamente, su apartado segundo no aplica igual regla al Secretario del Consejo. El artículo 50 LSRL pone fin a esta anómala situación disponiendo que Presidente y Secretario de la junta lo serán «los del Consejo de Administración». Es de suponer que si faltara uno de ellos, la regla sería objeto de aplicación parcial, siendo elegido el otro por los asistentes.
     Asimismo, si los estatutos han previsto el nombramiento de vicepresidente y de vicesecretario del Consejo de Administración, en la medida que éstos hacen las veces de los titulares principales del cargo en situaciones de ausencia o imposibilidad de los mismos, creemos que igual sustitución operaría respecto de los cargos de la Junta.
     Este sistema tiene carácter legal, pero supletorio, en el sentido de que sólo se aplicará en defecto de previsión estatutaria o cuando el sistema de los estatutos no resulte aplicable; existe, no obstante, un segundo sistema legal supletorio, al que se acudirá cuando no exista Consejo de Administración (piénsese en los restantes modos de organizar la administración social), o a pesar de existir Consejo de Administración, cuando no sea posible constituir la mesa según esta regla (inasistencia, fallecimiento, negativa a aceptar el cargo, etc.).
     Al haberse contemplado de manera expresa la hipótesis de Consejo de Administración, forzoso es preguntarse qué sucederá con los restantes sistemas de administración. Para nosotros la respuesta es clara; no hay base legal alguna para que los administradores pasen a ocupar directamente los cargos de la mesa de la Junta, sino que para ello será necesario que así se hubiera previsto en los estatutos, sin perjuicio, no obstante, de lo que después se dice a propósito de la constitución de una mesa provisional.
     c) Designación por los socios concurrentes.
     Este sistema tiene un carácter doblemente supletorio: primero, porque entrará en juego cuando los estatutos nada hubieran dispuesto sobre el particular y no exista Consejo de Administración; segundo, porque también lo hará cuando cualquiera de los anteriores sistemas no pueda aplicarse (fallecimiento, ausencia, etc.), o los así designados no acepten el cargo (pues su aceptación es necesaria), o, lo que tampoco es improbable, cuando una vez designados pretendan boicotear el desarrollo de la sesión abandonando ésta.
     El artículo 50 LSRL introduce ciertas mejoras en relación con el artículo 110 LSA, pero todavía deja algunas cuestiones sin regular:
     - No exige que los elegidos sean socios: contrástese con lo dispuesto en el artículo 110.1 LSA a propósito de la elección del Presidente, cuando alude al «accionista» que elijan los socios. Igual limitación, en cambio, no se recoge en la LSA a propósito del Secretario.
     - Habla de su designación por los socios «concurrentes»: este término parece más amplio que el de «asistentes», empleado en el artículo 110 LSA tanto para la elección del Presidente como del Secretario, pues sin duda abarca los supuestos de representación.
     - Especifica que la designación tendrá lugar «al comienzo de la reunión»; más aún, la constitución de la mesa es el primer acto de la Junta, pues a ella corresponde elaborar la lista de asistentes; no creemos que se trate de un acto previo a la Junta y, por tanto, fuera de ella.
     - No detalla con qué mayoría habrán de ser elegidos: creemos que basta la mayoría de los votos válidamente emitidos, y de presentarse varios candidatos para cada puesto, el más votado; no es necesario computar sobre el total de votos posibles en la sociedad. Las votaciones habrán de ser para Presidente y para Secretario por separado, pero si así lo decide la asamblea, o se hubiera previsto en los estatutos, podría seguirse un sistema distinto, como, por ejemplo, la presentación de varios candidatos a ocupar ambos cargos, recayendo el de Presidente en el más votado, y el de Secretario en el segundo con más votos; la distinción no es baladí, pues evita que la mayoría se haga con el control de ambos cargos (aun así siempre puede desdoblarse en perjuicio de la minoría).
     d) Designación de la mesa por los socios concurrentes y confección de la lista de asistentes.
     Según dispone con gran claridad el artículo 111.1 LSA (aplicable en el pasado a la SRL por la remisión ex Artículo 15.3 LSRL), la lista de asistentes deberá formarse antes de entrar en el orden del día. No hay un precepto equivalente en la LSRL, ya que el artículo 54 sólo establece que el acta incluirá «necesariamente» la lista de asistentes. Sin perjuicio de volver después sobre este tema, es claro que la redacción de la lista de asistentes constituye el primer acto de la Junta, pues ésta no puede debatir ni tomar acuerdos mientras no se haya constituido, y para eso es necesario confeccionar dicha lista. Su confección corresponde a la mesa de la Junta (cuyos miembros la han de firmar cuando conste en documento separado, Artículo 98.1 RRM), y, más específicamente, a su Secretario. No surgirán problemas cuando la constitución de la mesa de la Junta tenga carácter automático, p. ej., en virtud de disposición estatutaria o por recaer ambos cargos en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, pero ¿qué sucederá cuando sus miembros deban ser elegidos por los socios concurrentes? Aparentemente entramos en un callejón sin salida, pues la constitución previa de la Junta no puede recogerse documentalmente por un órgano cuya existencia depende del hecho que ha de documentarse. Para salvar la situación, no queda más salida que encomendar esta tarea a los administradores presentes, que normalmente habrán elaborado con anterioridad a la reunión una lista de asistentes previstos, sobre la base de la legitimación que resulte del libroregistro de socios. Nada obsta a que estas personas pasen sin más preámbulos a redactar la lista de asistentes, pero quizá también pueda constituirse formalmente con ellos, y así debería constar en el acta, una suerte de mesa provisional de la Junta.
     Frente a la mesa strictu sensu presentaría una doble característica: funcional, pues limita su labor a la confección de la lista de asistentes, cesando tan pronto se constituyese la mesa definitiva de la Junta; estructural, al estar integrada por todos los Administradores presentes sean uno, dos o más (tal vez deba excluirse al Secretario no Consejero, al no tener la condición de Administrador).
     Una vez redactada y elegidos por los socios concurrentes el Presidente y el Secretario definitivos, éstos deberán, en su caso, ratificar y hacer suya la lista previamente elaborada y hasta entonces provisional. Podrá ocurrir que después de examinarla, alguno de los inicialmente incluidos en ella sea excluido, a pesar de haber participado en la elección de la misma mesa que ahora le excluye, circunstancia que no invalidaría el resultado de la votación.
     En situaciones límite, cuando no asistan a la reunión los Administradores, tal vez sea posible acudir a una mesa provisional elegida entre los presentes, sólo por mayoría de personas, sin atender al número de votos que corresponda a cada uno de ellos, al ser ésta una circunstancia que por definición sólo se podrá conocer una vez confeccionada la lista de asistentes; de no aceptarse esta solución, no quedaría más salida que desistir de la reunión y convocar una nueva Junta. En la práctica, no obstante, será difícil controlar la legitimación de los asistentes si no se cuenta con el libroregistro de socios, ni asisten los administradores.
     e) Supuesto especial: convocatoria judicial de Junta.
     En los casos de convocatoria judicial decaen todos los sistemas previstos de designación de la mesa de la Junta General, ya que el Juez designará libremente al Presidente y el Secretario de la misma (v. Artículo 45.5 inc. 1.º LSRL).
     
Artículo 51. Derecho de información
     Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.
     1. Manifestaciones del derecho de información Acostumbra a hablarse de dos manifestaciones del derecho de información del socio:
     - Derecho a examinar y obtener los documentos contables formulados por los administradores para ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
     - Derecho a obtener los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
     Esta segunda manifestación del derecho de información se conoce como derecho de información en sentido estricto, y es la que ahora nos interesa.
     2. Limitación de la información a los asuntos comprendidos en el orden del día Los informes o aclaraciones que el socio puede solicitar han de ser «acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día» (en los mismos términos el Artículo 112.1 LSA). Esta limitación ha sido destacada por nuestra jurisprudencia, y así la STS 5 mayo 1972 considera que este derecho es un remedio para despejar las posibles incertidumbres de la convocatoria, idea en la que insisten las SSTS 19 mayo 1975 y 5 mayo 1966.
     3. Momento y forma en que debe proporcionarse la información Los informes o aclaraciones pueden solicitarse:
     - Por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General: por aplicación de las reglas en materia de representación pasiva, y pesar de que el artículo 64 LSRL sólo alude a «comunicaciones o notificaciones», creemos que la solicitud deberá dirigirse a cualquiera de los administradores, y en caso de Consejo de Administración a su presidente. Como la información ha de referirse a asuntos comprendidos en el orden del día, sólo podrá solicitarse una vez convocada la Junta General - Verbalmente, durante la reunión de la Junta: la solicitud habrá de dirigirse a los administradores presentes, pues ellos son los obligados a proporcionar la información. Advierte la doctrina que todos los socios asistentes (o sus representantes) podrán hacer uso de este derecho y aunque los estatutos limiten los turnos en pro o en contra de los asuntos sometidos a debate, las peticiones de aclaraciones o informaciones por parte de los socios en ejercicio de este derecho no deben reputarse como intervenciones que consuman turno en pro o en contra, porque no constituyen debate propiamente dicho, sino ejercicio de un derecho distinto del derecho de voz. En los casos de Junta universal, al no haber convocatoria previa, el socio habrá de ejercitar su derecho en la misma reunión.
     Más problemático se presenta determinar cómo y cuándo se debe contestar a la solicitud de información. El texto del artículo 112.1 LSA no responde con claridad a esta cuestión, pero al conceder al Presidente (que no puede ser otro que el de la Junta) la facultad de decidir en determinados casos si el informe debe suministrarse o no, parece que implícitamente quiere dar a entender que el informe se dará o negará de palabra en la propia Junta. En este sentido debemos recordar que el cargo de Presidente de la Junta, en cuanto a su titular, es de duración efímera, pues empieza y acaba con la misma Junta, independientemente de que una persona ya estuviera llamada antes de su celebración a ocupar dicho cargo. Pero la cuestión es compleja, y no faltan decisiones jurisprudenciales en sentido contrario (SSTS 13 octubre 1992 y 5 marzo 1966).
     Da la impresión que el artículo 51 LSRL ha querido poner fin a estas dudas introduciendo dos cambios en el texto que toma de la LSA. De un lado, atribuye al propio órgano de administración la facultad de negar la información solicitada, lo que permite tomar una decisión sobre la misma sin necesidad de esperar a la reunión de la Junta. De otro lado, señala que el órgano de administración estará obligado a proporcionar la información, «de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada».
     La conclusión que quizá pudiera extraerse de dicho precepto es que la información solicitada antes de la reunión por escrito habrá de proporcionarse de igual forma antes de la Junta, mientras que la solicitada de palabra en el curso de la reunión lo será durante la misma y verbalmente. Pero tampoco esta regla es definitiva, pues la misma Ley señala que también se habrá de prestar atención a la «naturaleza» de la información solicitada, en cuyo caso, aunque la petición se haga en forma oral durante la reunión, si por su naturaleza sólo se pudiera proporcionar debidamente por escrito, habrá de serlo en esta forma.
     4. Titular del derecho de información El artículo 51 LSRL ya deja claro que este derecho corresponde a los «socios»; éstos podrán ejercitar tal derecho por sí o por medio de su representante en la Junta (en relación a esta última posibilidad, v. STS 17 marzo 1967). Este derecho de información no viene condicionado por el derecho de voto, cualesquiera que sean los pactos posibles en esta materia, y aunque se llegaran admitir los de exclusión del voto. Otro tanto sucederá en los casos de suspensión de derechos políticos. La única excepción vendría representada por los supuestos de prenda, usufructo y embargo de participaciones, donde este derecho habría de corresponder a quien estuviera legitimado para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto. En los de copropiedad correspondería al representante común. Aquellos que sin ser socios asistan a la Junta carecen de este derecho; sería el caso, principalmente, de los administradores y demás personas interesadas en la marcha de los asuntos sociales.
     5. Límites del derecho de información: el posible perjuicio a la sociedad y la minoría cualificada La información solicitada por los socios ha de quedar sujeta a algún tipo de control, pues nada asegura a la sociedad que la información así obtenida no sea después utilizada con algún propósito espurio. Nuestro derecho no ha querido arbitrar un control previo a cargo de la autoridad judicial, sino que directamente confiere a determinados órganos de la Junta o de la sociedad la facultad de decidir sobre la procedencia de dicha información. En la LSA ese órgano es el Presidente de la Junta, solución que no deja de sorprender, pues no queda muy claro cómo el Presidente de la Junta va a estar en condiciones de valorar si la publicidad de los datos solicitados perjudica los intereses de la sociedad, máxime si se piensa que puede tratarse de uno de los asistentes, sin contacto alguno con la administración social. La LSRL ha puesto fin a tan anómala situación, llevando la facultad decisoria sobre la procedencia de la información solicitada al órgano que por ser precisamente el obligado a proporcionarla, en mejores condiciones está de valorar un eventual perjuicio; y dicho órgano, lógicamente, ha de ser el de administración.
     Esta circunstancia, como ya se ha indicado, resuelve además la cuestión de si es o no necesario esperar a que se celebre la reunión para suministrar la información.
     Siguiendo el ejemplo de la LSA, el artículo 51 LSRL dispone que «esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social». Igual que en la SA (aunque la cuestión ha sido discutida), dicho porcentaje se ha de calcular sobre el capital social total, cualquiera que sea el presente o representado en la Junta (téngase en cuenta que la petición de información puede ser previa a la celebración de la Junta). Conviene destacar que sólo se toma en consideración el capital social; la matización es importante, pues en la SRL puede no existir una exacta correspondencia entre capital social y voto. Es perfectamente posible que en una SRL, un porcentaje inferior de capital social tenga más de la cuarta parte de «los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social» (Artículo 53.1 LSRL), y otro tanto en el supuesto simétricamente inverso. Aun así, no se atenderá a los posibles votos, sino sólo al capital social. Otro tanto ocurrirá cuando el socio, por el motivo que sea, no pueda ejercer el derecho de voto correspondiente a sus participaciones en esa concreta Junta. En cualquier caso, los estatutos pueden reducir, pero nunca aumentar, dicho porcentaje (v. R. 27 junio 1977).
     Según la Ley, la solicitud ha de estar «apoyada» por un determinado porcentaje del capital social; esta expresión no se ha de interpretar en el sentido de que la petición deba hacerse ya desde un inicio por socio o socios que representen dicho porcentaje, pues reputamos posible que se obtenga la adhesión de esa parte del capital social, después de la negativa de los administradores y como una forma de enervar dicha negativa. Quienes se adhieran pasan a ser solicitantes y, por tanto, destinatarios de la información, pues cuando la solicitud de información es previa a la reunión sólo se ha de proporcionar a quien la solicitó.
     La situación cambia si la petición se hace en la misma Junta; si los demandantes ya constituyen esa porción del capital social no ha lugar a negativa alguna, y los administradores habrán de proporcionar la información requerida de inmediato, si bien ahora la reciben todos los asistentes y no solamente quienes la pidieron. Pero tampoco se ha excluir que la petición se formule por un socio aislado que no posea esa participación en capital social; en tal caso, si los administradores se niegan a darla, creemos que es obligación de la mesa someter la solicitud a votación para comprobar si obtiene el apoyo necesario. La peculiaridad de esta votación es que no se trata de computar los votos a favor y en contra, sino sólo que las participaciones de los socios que han votado a favor representan, al menos, el veinticinco por ciento del capital social, aunque el porcentaje de votos en contra sea superior.
     Cuando la petición de información y la negativa a darla hubieran sido previas a la reunión de la Junta General, el socio podrá reiterarla de nuevo en la reunión, y de persistir los administradores en su negativa, el Presidente de la Junta habrá de someter la solicitud a votación en los términos que se han indicado.
     Para terminar, conviene destacar que, según algunos autores, aun cumpliéndose esta condición, los administradores podrían negarse a proporcionar los informes solicitados si estiman fundadamente que los socios utilizan abusivamente su derecho con fines extrasociales; por supuesto, queda a salvo la vía judicial de los socios no informados como última instancia revisora de la decisión.
     
Artículo 52. Conflicto de intereses
     1. El socio no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que le autorice a transmitir participaciones de las que sea titular, que le excluya de la sociedad, que le libere de una obligación o le conceda un derecho, o por el que la sociedad decida anticiparle fondos, concederle créditos o préstamos, prestar garantías en su favor o facilitarle asistencia financiera, así como cuando, siendo administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibición de competencia o al establecimiento con la sociedad de una relación de prestación de cualquier tipo de obras o servicios.
     2. Las participaciones sociales del socio en algunas de las situaciones de conflicto de intereses contempladas en el apartado anterior se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de votos que en cada caso sea necesaria.
     1. Sistema de lista frente a sistema de cláusula general Llegamos a uno de los preceptos más significativos de entre todos aquellos que la LSRL dedica a la Junta General. No obstante, de entrada hemos de mostrar nuestra discrepancia con la rúbrica elegida: no tiene sentido definir esta norma por su supuesto de hecho («conflicto de intereses»), sino que hubiera debido hacerse por su consecuencia («deber de abstención»). Hecha esta precisión hay que destacar la novedad de la norma. Con carácter general, ni en la SRL 1953 ni en la SA puede afirmarse la existencia de un deber de abstenerse en la votación por el socio que se halle en situación de conflicto de intereses con la sociedad (fuera de supuestos verdaderamente excepcionales, como la exclusión de un socio). No obstante, la doctrina, y, en ocasiones, la Jurisprudencia (v. R. 16 mayo 1989) han venido admitiendo la posibilidad de configurar, en supuestos fácilmente perceptibles de conflicto de intereses, un deber de abstención de carácter estatutario (ejemplo típico, la concesión del placet para transmitir las participaciones sociales). La novedad del artículo 52 propuesto radica, precisamente, en que el deber de abstención pasa a tener carácter legal.
     A lo largo del íter legislativo se ha registrado, sin embargo, un importante cambio de criterio. En el artículo 55.1 del Proyecto remitido por el Gobierno de la Nación se establecía que el socio no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente a sus participaciones en aquellos asuntos en los que se encuentre en situación de conflicto de intereses con la sociedad. Como esta regla, así formulada, podía inducir a confusión, el texto propuesto pasaba a detallar una serie de situaciones en las que, «en todo caso», se entenderá que el socio se encuentra en esa situación; esta específica previsión normativa daba contenido al previo deber de abstención, pues tan pronto la Junta debiera pronunciarse sobre alguno de los asuntos indicados, «el socio no podrá ejercer el derecho de voto». No obstante, al haberse establecido el deber de abstención por medio de una cláusula general, resultaba que siempre que en relación a un determinado asunto no incluido en la lista fuera posible detectar inequívocamente la existencia de un conflicto de intereses, surgiría tal deber de abstención, correspondiendo a la mesa de la Junta privar al socio afectado del ejercicio del derecho de voto correspondiente a sus participaciones.
     Todo ello sin perjuicio de que los estatutos pudieran concretar otros supuestos de conflicto.
     Este sistema ya fue abandonado en el Congreso de los Diputados merced a una enmienda del grupo socialista. Se ha sustituido el sistema de cláusula general por el de lista cerrada, detallando los supuestos concretos en que el socio no puede ejercer el derecho de voto correspondiente a sus participaciones, dándose la curiosa paradoja de que la única referencia a la ratio de la norma (la existencia de una situación de conflicto de intereses entre el socio y la sociedad) aparece en la rúbrica del artículo, pero no en su texto.
     Queda en el aire la cuestión de si los estatutos podrán establecer más supuestos de abstención, pues menos es imposible, dado el tenor imperativo del precepto. La cuestión no es sencilla, pues en el texto del Proyecto, al establecerse un deber legal de abstención en cualquier situación de conflicto de intereses, acompañada de una enumeración meramente ad exemplum, resultaba claro que los estatutos podían concretar otros supuestos, no de abstención, sino de conflicto de intereses, ya que esta calificación produciría ope legis aquélla consecuencia. No se piense que la cuestión era sin importancia práctica, ya que por vía estatutaria era posible incluir las situaciones, no previstas expresamente en el artículo inicialmente propuesto, de conflicto de intereses meramente indirecto (es decir, a través de persona interpuesta o de una sociedad controlada por el socio o perteneciente al mismo grupo). El texto finalmente aprobado de la LSRL no establece como principio que el socio en situación de conflicto de intereses con la sociedad deba abstenerse en la votación de aquellos asuntos que le afecten, sino que sólo detalla una serie de supuestos en los que existe tal deber de abstención. Aferrándonos a una interpretación a contrario del precepto se debería concluir que no es posible establecer nuevos supuestos de abstención, pues no hay una regla general que permita privar al socio de su derecho de voto en cualquier situación de conflicto de intereses. Pero el tema no es tan sencillo, requiriendo una meditación más profunda; de un lado, porque el mismo derecho de voto quizá sea derogable con carácter general en esta forma social (v. infra); de otro lado, porque aun no formulado expresamente en el texto de la ley, sobre los socios de una SRL pesa el deber de fidelidad hacia la sociedad, con más fuerza que en la SA dada su mayor impronta personalista, y no sería descabellado entender que los estatutos pueden establecer otros supuestos de abstención forzosa, como manifestaciones concretas de ese deber de fidelidad. Quede la cuestión ahora meramente planteada. De todas formas, se admita o no esta ampliación estatutaria de los supuestos de abstención, ha de quedar claro que cualquier acuerdo social que lesione los intereses de la sociedad, «en beneficio de uno o varios socios», merece la calificación de anulable (Artículo 115.1 LSA remisión ex Artículo 56 LSRL).
     2. Suspensión de derechos limitada al derecho de voto El socio afectado el único derecho que no podrá ejercer es el de voto correspondiente a sus participaciones; más aún, creemos que el correspondiente a «todas» sus participaciones, aunque se trate de un acuerdo que sólo afecte a parte de ellas (p. ej., autorizarle para transmitir sólo una parte de sus participaciones). Los restantes derechos sociales no se ven afectados, en particular, los de asistencia, voz, información y impugnación, así como el de voto sobre los restantes asuntos del orden del día.
     3. Consecuencias de la infracción del deber de abstención ¿Qué sucederá si el socio afectado no se abstiene?, ¿el acuerdo deberá ser considerado en todo caso nulo de pleno derecho por contrario a la ley?; entendemos que sólo si el acuerdo no supera la prueba de resistencia, es decir, que el voto del socio hubiera sido decisivo, no en otro caso. En esta consecuencia radica la especialidad del supuesto; en hacer tránsito a una nulidad de pleno derecho, vinculada a la mera infracción del precepto legal.
     Aunque no existiera esta norma, al socio discrepante siempre le quedaría a salvo la posibilidad de impugnar el acuerdo, pero sólo si demuestra su carácter lesivo al interés social y el beneficio particular de uno o varios socios. Por el contrario, en estas situaciones ya no será necesaria tal prueba; basta con haber votado a pesar de la prohibición legal de hacerlo, y que dicho voto haya sido decisivo, para reputar nulo el acuerdo; esta última calificación y no la de anulable tiene además importantes consecuencias en orden al plazo de impugnación y la legitimación activa (v. arts. 116 y 117 LSA, remisión ex Artículo 56 LSRL).
     4. Deducción de las participaciones sociales afectadas de la base de cálculo de la mayoría de votos en cada caso necesaria Hemos dicho que el socio afectado por el conflicto de intereses debe abstenerse en la votación; de acuerdo con esto, el mismo precepto señala que las participaciones sociales del socio en alguna de las situaciones de conflicto de intereses contempladas en el precepto (y su persona, si se ha hecho uso de la posibilidad prevista en el Artículo 53.3. LSRL de exigir el voto favorable de un determinado número de socios) se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de votos que en cada caso sea necesaria. Creemos que este precepto está mal redactado, pues no son las participaciones del socio afectado las que se deben deducir del capital social, sino los votos correspondientes a dichas participaciones del total de votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. El legislador parece no haber sido muy consciente de que en el artículo siguiente pone fin a la hasta ahora (y también en el Proyecto) imperativa correlación entre participación en el capital y voto.
     5. Relación de supuestos legales en los que existe deber de abstención a) Autorización para transmitir las participaciones sociales de las que sea titular: parece quedar fuera la configuración estatutaria de un derecho de adquisición preferente en favor de la propia sociedad, que lógicamente requerirá un previo de acuerdo de la Junta General.
     b) Exclusión de un socio: téngase en cuenta que fuera del supuesto de condena del socio administrador a indemnizar a la sociedad, si el socio a excluir ostentase al menos el veinticinco por ciento del capital social (total, sin deducir su parte), la exclusión requerirá, además del acuerdo de la Junta General (con mayoría de 2/3 de los votos, ahora sí, deduciendo los votos correspondientes a sus participaciones), resolución judicial firme, siempre que el socio no se conforme con la exclusión (Artículo 99 LSRL).
     c) Liberarle de una obligación: al no existir dividendos pasivos en la SRL, esta obligación consistirá normalmente en la de realizar la prestación accesoria prevista en los estatutos; también deberán incluirse las obligaciones surgidas en relaciones extrasocietarias de la sociedad con alguno de los socios.
     d) Concesión de un derecho: un ejemplo sería el establecimiento de una prestación accesoria retribuida; en el ámbito intrasocietario podrían señalarse otros (p. ej., exclusión del derecho de preferencia para atribuir las participaciones resultantes del aumento de capital a uno o varios socios, como normalmente habrá de suceder si el aumento es con aportaciones no dinerarias).
     e) Créditos y garantías a los socios: este supuesto ha de ponerse en relación con el artículo 10.1 LSRL d) Siendo administrador el socio:
     - Dispensa de la prohibición de competencia.
     - Establecimiento con la sociedad de una relación de prestación de cualquier tipo de obras o servicios (v. Artículo 67 LSRL).
     - En cambio no se incluye, lógicamente, su nombramiento o separación (STS 18 octubre 1985: «El nombramiento como consejero de un socio mayoritario [hecho por él mismo] es un derecho que la ley concede en armonía y en defensa de los intereses que tiene en la sociedad y en modo alguno un ejercicio abusivo mismo»). En relación con esto, importa destacar que a lo largo de la tramitación parlamentaria se excluyó el acuerdo, expresamente previsto en el Proyecto del Gobierno, de ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el administrador, o su renuncia.
     
Artículo 53. Principio mayoritario
     1. Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social.
     No se computarán los votos en blanco.
     2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior:
     a) El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales para la que no se exija mayoría cualificada requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
     b) La transformación, fusión o escisión de la sociedad, la supresión del derecho de preferencia en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la autorización a que se refiere el apartado 1 del artículo 65, requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
     3. Para todos o algunos asuntos determinados, los estatutos podrán exigir un porcentaje de votos favorables superior al establecido por la Ley, sin llegar a la unanimidad. Asimismo, los estatutos podrán exigir, además de la proporción de votos legal o estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado número de socios. Queda a salvo lo dispuesto en los artículos 68 y 69.
     4. Salvo disposición contraria de los estatutos, cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.
     1. El nuevo régimen jurídico del derecho de voto Puede hablarse de un cambio auténticamente revolucionario en relación al régimen jurídico del derecho de voto en la SRL. El artículo 5.1 LSRL ha supuesto el fin del llamado dogma de la igualdad de las participaciones sociales, permitiendo que esta forma social se abra al mundo de los privilegios sociales.
     Ciertamente, estas desigualdades aparecen limitadas a las excepciones establecidas en la Ley, pero entre las excepciones previstas se incluye nada menos que el derecho de voto. Apartándose totalmente del proyecto remitido por el Gobierno, que establecía con carácter imperativo que cada participación social concedía a su titular el derecho a emitir un voto, sin posibilidad de pacto en contrario, el finalmente aprobado artículo 53.4 reitera igual regla, pero lo hace «salvo disposición contraria de los estatutos». En consonancia con esta ruptura del hasta ahora intocable binomio «derecho de voto/participación en el capital social», los restantes apartados del artículo 53 LSRL, cuando fijan la mayoría necesaria para adoptar los diferentes acuerdos sociales, ya no se refieren a porcentajes sobre el capital social, sino a los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
     Es claro que se ha de esperar a que doctrina y jurisprudencia vayan decantando el alcance de esta salvedad estatutaria, pero como hipótesis de trabajo quizá no resulte ocioso ver todo lo que el precepto puede, en teoría, dar de sí; el futuro nos dirá cuáles de las cláusulas teóricamente imaginables se van a acabar admitiendo en la práctica y cuáles no, pero de momento nos va a permitir hacernos una idea de la importancia del cambio que se ha producido.
     - Participaciones de voto plural: Podrá haber participaciones que concedan a su titular el derecho a emitir más de un voto, cualquiera que sea el tipo de acuerdo social; implícitamente vienen a confirmar esto último los dos supuestos especiales del artículo 53.2 LSRL, cuando refieren sus porcentajes a los votos posibles y no al capital social. Lógicamente, si se puede lo más, también se ha de poder lo menos, y en tal sentido no debería haber inconveniente en que el privilegio se limitara a determinados acuerdos sociales, o que se establecieran requisitos adicionales para poder disfrutar de él (p. ej., un tiempo de permanencia mínimo en la sociedad). También cabe sugerir hipótesis de trabajo en relación, no al privilegio en sí, sino al sistema de atribución del mismo; p. ej., en lugar de establecer que determinadas participaciones dan derecho a un voto doble o triple, podría decirse que serán las participaciones propiedad de un determinado socio las que disfrutarán de tal privilegio. En tal sentido conviene no olvidar que la atribución personal y no por intermedio de la participación, en absoluto es desconocida en la LSRL; así las prestaciones accesorias (Artículo 22.1) o ciertas especialidades en relación a la cuota de liquidación (Artículo 119.3). Podrán incluirse así todas las variantes que la doctrina conoce como «voto plural indirecto», como la concesión del mismo voto a participaciones de distinto valor nominal (pues también se ha suprimido la exigencia de que las participaciones tuvieran el mismo valor), la concesión de un número voto por grupos iguales de participaciones de distinto valor nominal, o por grupos desiguales de participaciones del mismo valor, conceder a determinadas participaciones un número de votos variable que esté siempre en determinada proporción con el total de votos correspondientes a las restantes, aunque se realicen sucesivas ampliaciones de capital (voto de escala móvil o variable), etc.
     - Participaciones sin voto: Tan excepción a la regla de una participación un voto es el voto plural como la falta absoluta de él; ciertamente la existencia de participaciones sin voto no va a ser fácil de admitir, ya que no se establecen mecanismos alternativos de compensación por la falta de tal derecho (en el dividendo o la cuota de liquidación, p. ej.), pero también es verdad que estos mecanismos puedan establecerse estatutariamente. Por otra parte, nada obliga a que la privación del voto sea absoluta; p. ej., limitándola a determinados asuntos o sólo a un cierto tiempo después de haber entrado en la sociedad. En cualquier caso hay que evitar que la discusión discurra por los terrenos del más puro nominalismo; en la práctica puede haber participaciones privadas del voto, aunque nominalmente disfruten de él, si la magnitud del privilegio reconocido a las otras es tal que priva a aquéllas de toda capacidad de decisión. Los distintos sistemas están así indisolublemente conectados y por ello toda respuesta que se dé necesariamente ha de ser global, no sólo a propósito de la posible exclusión del derecho de voto, sino también de los límites al voto plural.
     - Exigencia de un número mínimo de participaciones para votar: ya hemos visto que el artículo 49.1 LSRL veda la exigencia de la titularidad de un número mínimo de participaciones para asistir a las reuniones de la Junta General, mas teniendo en cuenta que el derecho de asistencia goza de cierta autonomía frente al de voto (y los supuestos en los que hay deber de abstenerse así lo viene a confirmar), ¿será posible exigir la titularidad de un número mínimo de participaciones para tener derecho a un voto? La respuesta estará condicionada por la que se dé al interrogante previo sobre la exclusión del voto.
     - Limitar el número de votos a emitir por un socio: esta posibilidad aparecía expresamente prohibida en el Proyecto remitido por el Gobierno (Artículo 56.4); su desaparición del texto definitivo y el cambio de criterio operado en cuanto al régimen jurídico del derecho de voto, tal vez deban llevar a admitirla.
     El régimen de la SA, donde esta posibilidad aparece expresamente reconocida (Artículo 105 LSA), nos ofrece los oportunos modelos (fijar un número má-ximo de votos, fijar un voto decreciente o restricción gradual).
     - Voto de calidad del Presidente: no habrá problemas para admitirlo (v. R 13 enero 1984).
     - Voto cumulativo: Puestos a elaborar hipótesis de trabajo, quizá no estuviera de más plantear si va a ser posible este singular sistema de votación para nombrar los miembros del Consejo de Administración. Como es sabido, el artículo 58.1 LSRL destierra del ámbito de esta forma social el derecho de la minoría a la representación proporcional en el Consejo, al disponer que la competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta general; se trata de una toma de posición plenamente consciente del legislador, como revela la propia Exposición de Motivos de la ley al decir que se ha querido evitar con ello que el eventual conflicto entre socios o grupos de socios alcance al Consejo de Administración. No será posible tampoco acogerse estatutariamente a este sistema, pues ello contradiría la competencia exclusiva de la Junta. Pero pueden alcanzarse resultados muy semejantes sin que se vea afectada la competencia de la Junta (y con ello el precepto legal citado), jugando únicamente con el derecho de voto.
     Es el sistema del cumulative voting, por el cual cada socio recibe tantos votos como acciones (participaciones, en una SRL) multiplicado por el número de consejeros que se deban elegir en esa Junta; después los estatutos autorizan a cada socio a distribuir sus votos entre los candidatos que desee.
     Nos vamos a permitir poner el siguiente ejemplo que recogemos de la obra de CLARK: En una sociedad hay 300 acciones y dos socios, Alex con 199 y Brother con 101; si han de ser elegidos tres consejeros, Alex podría elegir los tres sin problemas, pero con el sistema de voto cumulativo se asegura al otro socio una representación en el Consejo; según este sistema habría en esa Junta un total de 900 votos posibles, de los cuales 303 corresponderán a Brother y 597 a Alex. Brother podría acumular todos sus votos, o parte de ellos, en la elección de uno de los candidatos, en lugar de repartirlos entre los tres; el resultado es que se asegura la elección de uno, si bien no podrá participar en la designación de los consejeros restantes por haber ya emitido la totalidad de sus votos; Alex, con sus 597 votos, podría elegir los otros dos (p. ej., repartiendo sus votos por partes iguales entre los tres, es decir, 199 para cada uno; obsérvese que perdería una de la votaciones por 199/303, ganando las otras dos por 199/0). Con este sistema no se ve afectada la competencia de la Junta, y lo único que hemos hecho es utilizar la posibilidad de pacto estatutario para la atribución del derecho de voto, como expresamente reconoce el artículo 53.4 LSRL. En contra siempre se nos podrá decir que el legislador ha querido asegurar la homogeneidad del Consejo de administración (¡cómo si esto fuera posible asegurarlo a priori!), pero lo cierto es que la única plasmación normativa de tal intención es el artículo 58.1 LSRL, y éste no se ve afectado por el sistema expuesto.
     Queda claro que todas estas reflexiones lo son a título de meras hipótesis de trabajo; el futuro nos dirá en qué acaba esta ambiciosa proclamación de autonomía estatutaria.
     2. El principio mayoritario en la LSRL 1953 El artículo 14.1 LSRL 1953 consagraba el principio mayoritario («la voluntad de los socios expresada por mayoría regirá la vida de la sociedad»); sin embargo, de «mayoría» puede hablarse en muchos sentidos: De personas o de capital; relativa o absoluta, y, aun esta última, como mitad más uno o más de la mitad; computar la mayoría sobre todo el capital social, sólo sobre el presente o representado en la reunión, o, únicamente, sobre el que haya emitido el voto (en su caso, incluso, válidamente, excluyendo así los votos nulos), etc. Si la LSRL 1953 se hubiera limitado a hacer la anterior declaración, quizá habría existido base bastante para sostener que hay mayoría cuando vota a favor del acuerdo un número de socios que representa más de la mitad del capital social; y así lo destacaba, en efecto, el artículo 14.3 LSRL 1953, pero con una advertencia previa, «salvo disposición contraria de la escritura».
     Obsérvese que este inciso no se refiere a la posibilidad de «elevar» o «reforzar» la mayoría prevista en dicho apartado, sino que deja a salvo que la escritura social pueda disponer otra cosa, en relación a todo el apartado; en la medida que el artículo 14.3 LSRL 1953 sólo venía a concretar uno de los posibles significados del principio mayoritario (este sí, imperativo, según el Artículo 14.1. LSRL 1953), la escritura social, siempre y cuando respetara dicho principio, podía establecer porcentajes y sistemas de cómputo distintos.
     No parece oportuno detenerse ahora en el examen de esta materia, pero para comprender mejor el alcance de la reforma que se ha llevado a cabo quizá sea conveniente pasar revista (somera) a las cláusulas que al amparo de dicho principio de libertad de pactos podían llevarse a la escritura social.
     - Refuerzo del principio capitalista establecido en la LSRL 1953, exigiendo porcentajes del capital superiores al previsto en el artículo 14.3 LSRL 1953 (p. ej., 2/3).
     - Exigencia de la mayoría del capital presente o representado en la Junta:
     en este caso, lo importante no es el porcentaje de votos requerido para formar la mayoría (más de la mitad, la mitad más uno u otro superior), sino la base sobre la cual debe calcularse, que ya no es el capital total, sino el presente o representado en la Junta; en consecuencia, la mayoría necesaria para adoptar acuerdos quedará fijada tan pronto se constituya la Junta, equiparándose las abstenciones, los votos nulos y los votos en blanco a un voto en contra, pues no permiten rebajar la mayoría necesaria. Los estatutos debían exigir entonces un determinado quórum de presencia para la válida constitución de la Junta.
     - Exigencia de una mayoría de capital, pero calculada sólo sobre los votos emitidos: las abstenciones reducen así la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo, que variará en cada votación.
     - Exigencia de una mayoría de capital, pero calculada sólo sobre los votos emitidos válidamente: también los votos nulos reducen así la mayoría necesaria.
     - Exigencia expresa de un quórum de constitución, también cuando la may o r í a deba calcularse sobre el capital social; adviértase que el quórum de constitución es exigible siempre, también cuando la mayoría deba computarse sobre el capital social, sólo que en estos casos se determina indirectamente, pues la Junta sólo quedará válidamente constituida si asiste, al menos, la mayoría que puede adoptar el acuerdo, ya que en otro caso, aunque todos los asistentes votaran a favor, el acuerdo no podría adoptarse.
     - Exigir una doble mayoría de personas y de capital.
     - Exigir una mayoría de personas: La R. 5 marzo 1992 se ha referido a la «consiguiente subsidiariedad del criterio capitalista» y a la posible «vigencia del criterio personalista de la simple mayoría de los socios, sin atender en absoluto a la fracción del capital social que la misma represente».
     Hasta aquí una posible relación de cláusulas estatutarias que gracias al principio de libertad de pactos que consagraba el artículo 14.3 LSRL 1953, sin más límite que el principio mayoritario, parecían admisibles en el pasado.
     Hemos dejado sin tratar los supuestos especiales, que en la SRL eran numerosos (Artículo 17 LSRL 1953, sociedad de dos socios, voto de calidad del Presidente de la Junta).
     3. El principio mayoritario en la nueva LSRL a) Mayoría ordinaria de carácter legal.
     La nueva LSRL no se conforma con proclamar la vigencia del principio mayoritario, estableciendo un criterio legal meramente supletorio, para el caso de que nada se haya pactado en los estatutos; antes al contrario, fija con claridad una mayoría ordinaria de carácter legal, mínimo e inderogable. Esta mayoría se forma por la concurrencia de dos circunstancias; insistimos en esta idea, ya que han de darse las dos cumulativamente, no bastando la una sin la otra.
     • Mayoría de los votos válidamente emitidos Así redactado, el precepto fija con claridad.
     - El número de votos necesario: Ha de ser la mayoría de los votos; si só-lo contáramos con esta regla, quizá tuviera sentido proclamar que mayoría es siempre «más de la mitad», y así sucederá en todos aquellos casos en que respecto de una única propuesta sólo quepa un pronunciamiento a favor o en contra; sin embargo, como veremos a continuación, el texto propuesto exige también que dicha mayoría de votos represente un determinado porcentaje sobre el total de votos posibles, por eso puede identificarse mayoría simplemente con «más votada», y así será cuando los socios deban elegir una sola de entre varias propuestas.
     - La base de cálculo: no basta con exigir la mayoría de votos, sino que es necesario determinar también sobre qué base ha de calcularse dicha mayoría.
     El artículo 53.1 LSRL es claro al respecto al referirse sólo a los «votos válidamente emitidos»; se excluyen así, para el cálculo de la mayoría, las abstenciones (pues el voto no se ha emitido) y los votos nulos (pues el voto no se ha emitido válidamente). Para evitar dudas, también excluye los votos en blanco (por declaración expresa).
     • Porcentaje sobre el total de votos posibles Si sólo se aplicara el criterio anterior, los acuerdos sociales podrían adoptarse por mayorías exiguas en comparación con el conjunto de la masa social; para evitar este riesgo unas veces el legislador opta por exigir un determinado quórum de presencia, pero aun así, al computarse la mayoría sólo sobre los votos válidamente emitidos, un elevado número de abstenciones o de votos nulos podría llevar a que los acuerdos se adoptaran por un número ridículo de votos a favor. Por esta razón en la LSRL se ha preferido acoger una solución más drástica; cualquiera que sea la mayoría obtenida, es decir, aunque hubieran votado a favor todos los asistentes, dichos votos a favor deberán representar, al menos, no «más» (lógico, pues se trata de reforzar una mayoría de votos que ya existe), un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. Obsérvese que es el total de votos correspondiente a todas las participaciones en que se divida el capital lo que se tiene en cuenta, no los votos que correspondan a las participaciones cuyos titulares concurran, presentes o representados, a la reunión. El cómputo sobre el total de votos posibles en la sociedad (no, en la Junta) determina indirectamente el quórum de constitución, pues si no está presente, al menos, un tercio de los votos correspondientes a todas la participaciones sociales, la Junta no podrá constituirse válidamente.
     Al hilo de lo anterior, queremos hacer una pequeña advertencia: con carácter general, siempre se puede distinguir entre constitución y votación, pues no es lo mismo que un acuerdo no se adopte por no haber llegado ni siquiera a constituirse la Junta, que por haber votado en contra la mayoría de los asistentes, después de constituida aquélla. Sin embargo, así formulada, la distinción sólo tiene interés práctico cuando se ha previsto una doble convocatoria, es decir, la posibilidad de decidir en segunda instancia con una menor presencia de socios, pues sólo podrá acudirse al segundo llamamiento, si la Junta no haya llegado a constituirse en primera convocatoria, no si se constituyó pero los socios votaron en contra; en este segundo caso es necesario repetir la convocatoria y someterse a idénticos requisitos de quórum. Al haber suprimido la LSRL la doble convocatoria (que la LSRL 1953 sólo exigía para los supuestos especiales del Artículo 17), la distinción señalada pierde buena parte de su interés práctico; pero no todo. De un lado, porque nada obsta a que los estatutos puedan recuperar el sistema de doble convocatoria (v. infra); de otro lado, porque la votación no tendrá lugar si ya al confeccionar la lista de asistentes se constata que no ha concurrido un número de votos suficiente para adoptar válidamente los acuerdos.
     b) Mayorías reforzadas de carácter legal.
     - El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales para la que no se exija mayoría cualificada requerirán el voto favorable de más (no «al menos», pues entonces no se daría satisfacción al principio mayoritario) de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social (otra vez total de votos, cualesquiera que sean las participaciones con las que se concurre a la Junta); ló-gicamente, nada se dice sobre la mayoría de los votos válidamente emitidos, pues tal exigencia queda absorbida por la del voto a favor de más de la mitad de los votos posibles. La relación de supuestos no coincide con la del artículo 17 LSRL 1953, ya que para la transformación, fusión y escisión (esta última no mencionada en dicho precepto) se ha previsto un régimen más riguroso.
     Se han suprimido, en cambio, las referencias a la prórroga de la sociedad (que no deja de ser una reforma de los estatutos) y a la disolución (que ha de ser objeto de una regulación diferenciada, según se trate de disolución voluntaria o forzosa; v. arts. 104.1 b) y 105.1 LSRL). La LSRL no sólo ha pretendido rebajar la mayoría necesaria para adoptar estos acuerdos, sino que además pone fin a un sistema que en la práctica se ha revelado como altamente perturbador; el artículo 17 LSRL 1953, al mantener el porcentaje de capital en ambas convocatorias, y prescindir sólo en la segunda de la mayoría de personas, creaba serios problemas cuando los socios inferiores en número pero mayoritarios en el capital, forzaban la segunda convocatoria no acudiendo a la primera; v. STS 6 mayo 1991.
     - La transformación (en cualquier forma social; a salvo el derecho de separación, Artículo 95 e) LSRL), fusión o escisión de la sociedad, la supresión del derecho de preferencia (Artículo 76 LSRL), la exclusión de socios (Artículo 99 LSRL) y la dispensa de la prohibición de competencia del artículo 65.1 LSRL, requerirán el voto favorable de al menos (no «más», pues el principio mayoritario queda satisfecho en exceso) dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social; esta regla es sin perjuicio de que en ocasiones deban deducirse de la base de cálculo los votos correspondientes a las participaciones sociales del socio sobre el que recaiga el deber de abstención.
     c) Mayoría estatutaria.
     La LSRL no pretende eliminar el principio de libertad de pactos en relación a la formación de las mayorías, sino sólo someterlo a mínimos inderogables; de ahí para arriba, los socios podrán establecer lo que estimen conveniente, aunque no sin ciertos límites, como tendremos ocasión de comprobar.
     • Mayoría de votos reforzada Para todos o algunos asuntos determinados, los estatutos podrán exigir un porcentaje de votos favorables superior al establecido por la ley. Tratándose de los asuntos ordinarios del artículo 53.1 LSRL, el refuerzo estatutario podrá referirse tanto al porcentaje sobre el total de votos posibles, como a la mayoría necesaria sobre los votos válidamente emitidos. Del mismo modo, podrán mantenerse las mayorías decisorias, pero exigir un determinado quó-rum de constitución, a pesar de que el precepto sólo habla de «voto», sin perjuicio de la crítica (certera, pero no obstativa) de la R. 7 marzo 1991 («ello implicaría... la exigencia para la adopción del acuerdo, no sólo de los votos favorables señalados sino, además, de cierta proporción de votos negativos, en blanco, nulos o de abstención, pudiendo ocurrir, incluso, que quienes puedan adoptar el acuerdo se vean obstaculizados por la no asistencia de los restantes, a pesar de que éstos, aun estando de acuerdo, tampoco podrían decidir»).
     • Mayoría de personas adicional Asimismo, los estatutos podrán exigir (aunque no lo diga expresamente, «para todos o algunos asuntos determinados»), además de la proporción de votos legal o estatutariamente establecida (también, por tanto, en caso de mayorías estatutarias), el voto favorable de un determinado número de socios.
     Obsérvese que esta mayoría se exige «además de», no «en lugar de».
     Téngase en cuenta que en los casos de copropiedad de participaciones, y para todas las participaciones que forman la comunidad, hay un único puesto de socio.
     • Límites a la autonomía estatutaria La libertad de pacto no es absoluta, y ha de someterse a dos limitaciones de signo bien diferente.
     - No puede llegar a ser exigida la unanimidad: cuestión diferente es que mayorías muy reforzadas puedan conducir, según estén distribuidas las participaciones, a igual resultado en la práctica; de todas formas, hay excepciones en el mismo texto de la LSRL, como la incorporación de cláusulas de prohibición absoluta de la transmisión (Artículo 30.3), el aumento del capital por elevación del valor nominal de las participaciones sociales (Artículo 74.1), reducción del capital que no afecte por igual a todas las participaciones (Artículo 79.2), devolución del capital que no se hiciere a prorrata de las participaciones sociales (Artículo 81.4), para la incorporación, modificación o supresión de causas estatutarias de separación (Artículo 96), para la incorporación o modificación de causas estatutarias de exclusión (Artículo 98.2), o para la liquidación in natura (Artículo 119.1).
     - Hay dos acuerdos respecto de los cuales se establece un tope máximo:
     - Separación de los administradores: Según el artículo 68.2 LSRL, «los estatutos no podrán exigir para el acuerdo de separación una mayoría superior a los dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social». Repárese en que el precepto viene a reconocer a los estatutos un margen de actuación que va desde el mínimo de la mayoría ordinaria del artículo 53.1 (mayoría de votos válidamente emitidos que represente un tercio del total de votos), que será la directamente aplicable si nada se dispone en los estatutos, hasta el máximo de los dos tercios del total de los votos.
     Indirectamente se viene a mantener la tradicional figura del administrador fundacional (sin la complicación de la doble convocatoria del Artículo 17 LSRL ni la exigencia de una mayoría de personas), pero sin limitarse a los primeros administradores.
     La medida nos parece de extraordinario interés, pues permite dotar al cargo de administrador en la SRL de una gran estabilidad, y representa un importante cambio de criterio en relación al proyecto remitido por el Gobierno de la Nación, que en su artículo 71.2 establecía justo el principio contrario, de no permitir mayorías distintas de la ordinaria.
     - Acción social de responsabilidad: Para este supuesto, sí que se elimina cualquier posibilidad de pacto, al establecer el artículo 69.2 LSRL que el acuerdo requerirá la mayoría prevista en el artículo 53.1, «que no podrá ser modificada por los estatutos».
     • Doble convocatoria La LSRL ha suprimido la necesidad de una doble convocatoria, también para los supuestos especiales del Artículo 56.2 y 3 (servata distantia, trasunto del Artículo 17 LSRL 1953); ¿podrán reimplantarla los estatutos? Antes de responder conviene hacer una breve aclaración. La doble convocatoria supone una flexibilización del principio mayoritario; la Junta ha de decidir por mayoría (a veces reforzada; v. Artículo 103.2.2 LSA), pero se exige en cada reunión una presencia gradualmente menor de socios; por tanto, esa mayoría, que lo es en relación a los votos o al capital presente o representado en la Junta, según sea la forma social, normalmente exigirá en segunda convocatoria un porcentaje inferior (criterio que también sirve para las mayorías que deben calcularse directamente sobre el número total de votos o todo el capital social). Si la aproximación a la doble convocatoria ha de hacerse siempre desde la perspectiva de la mayoría necesaria para adoptar acuerdos y del eventual quó-rum de constitución, parece que siempre que en segunda convocatoria se respeten los mínimos legales imperativos, no habrá inconveniente alguno para prever una primera convocatoria en la cual se deba decidir por mayoría reforzada o con un quórum de presencia superior (necesariamente superior, pues sería aplicable por analogía el Artículo 102.2 LSA, y, más en general, todo el régimen de ésta sobre la segunda convocatoria).
     
Artículo 54. Constancia en acta de los acuerdos sociales
     1. Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta.
     2. El acta incluirá necesariamente la lista de asistentes y deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta General y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.
     3. El acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
     1. Constancia en acta de los acuerdos de la Junta General En términos generales puede afirmarse que los acuerdos de los órganos colegiados de las Sociedades mercantiles han de constar en acta. Siendo la Junta General un órgano por su naturaleza colegiado, es claro que tal regla le es aplicable. Sus actas tendrán el carácter de documentos meramente narrativos, que cumplen una función esencialmente probatoria. La regulación detallada de todo lo relativo a la documentación de los acuerdos sociales, en su triple vertiente característica de acta de los acuerdos sociales, certificaciones de las actas o acuerdos y elevación a escritura pública de los acuerdos sociales, es en la actualidad materia propia del RRM, y, más concretamente, de los artículos 97 y ss RRM. Los cambios que en esta materia introduce la LSRL son prácticamente insignificantes. Casi se han limitado a refundir, y no en su totalidad, el contenido básico de dos preceptos de la actual LSA, que son el relativo a la lista de asistentes (Artículo 111), y el que a pesar de llevar por rúbrica el omnicomprensivo título «acta de la Junta», sólo se refiere a su aprobación (Artículo 113); en cambio, nada dice sobre los acuerdos del Consejo de administración, a diferencia de lo que sucede en la LSA (v. Artículo 142 LSA, «libro de actas»).
     El artículo 54.1 LSRL afirma de manera tajante (declaración que, curiosamente, se echa de menos en la LSA) que todos los acuerdos sociales deberán constar en acta. Para que no quede ninguna duda sobre la generalidad de esta obligación, el Artículo 127 LSRL, a propósito de la sociedad unipersonal, señala que las decisiones del socio único ejerciendo competencias de la Junta General «se consignarán en acta, bajo su firma o la de su representante».
     Como ya hemos señalado, seguirán aplicándose los arts. 26.1 CCo y 97 y ss. RRM., que no han experimentado variación, lo que nos excusa de un estudio más profundo.
     2. Lista de asistentes El artículo 97.1 RRM, al establecer las circunstancias que deben expresarse en el acta, no alude a la lista de asistentes, sino al número de socios concurrentes y al porcentaje de capital que representan (ap. 4); es en el artí-culo 98 RRM donde se regula la llamada lista de asistentes, y se hace, además, disponiendo que figurará al comienzo de la propia acta o se adjuntará a ella por medio de anejo.
     El artículo 111 LSA, aplicable en el pasado a la SRL por la remisión ex artículo 15.3 LSRL, proporciona algunas reglas (pocas) para la confección de este documento. Deja muy claro que se deberá confeccionar «antes de entrar en el orden del día», y que en ella se ha de expresar el carácter o representación de cada uno de los asistentes y el número de acciones propias o ajenas con que concurran. Al final de la lista, y a modo de resumen o recuento final, se debe determinar el número de accionistas presentes o representados, así como el importe de capital del que sean titulares.
     Esta de por sí parca regulación de la LSA ha sido sustituida por una todavía más escueta declaración en el artículo 54.2 LSRL, según la cual «el acta incluirá necesariamente la lista de asistentes», a la que se añade una implícita exigencia de aprobación de la lista, en los mismos términos en que ha de aprobarse el acta (importante, pues en ocasiones se ha puesto en duda que la lista deba ser objeto de aprobación).
     En nuestra opinión, con o sin declaración legal expresa, la lista de asistentes siempre forma parte del acta, pero a pesar de decir una obviedad, quizá el precepto legal sirva para evitar interpretaciones pintorescas; en este sentido no han faltado prestigiosos autores que niegan que la lista de asistentes deba incluirse siempre en el acta, confundiendo la incorporación de la lista al acta, aunque sea por medio de anejo, con la consignación en el cuerpo del acta, a modo de resumen final de la lista de asistentes, del total de socios y de capital presente o representado (v. Artículo 111.2 LSA).
     3. Aprobación del acta de la Junta General Según el artículo 54.2 LSRL, el acta deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta general y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. Queda muy claro que la Ley admite dos sistemas de aprobación del acta: Al final de la reunión, y no «a continuación de haberse celebrado ésta», como equivocadamente nos dice el artículo 113.1 LSA (la aprobación es el acto final de la Junta, no un acto posterior a ella), y la aprobación diferida del acta por medio de socios interventores (obsérvese que el Artículo 113.1 LSA sólo habla de «interventores», sin exigir que sean socios, lo que parece querer excluir en la SRL a quienes, sin ser socios, asistan a la reunión, bien como representantes, bien como legitimados para el ejercicio de los derechos políticos, pero ¿quid si todos los socios asisten por medio de representante?) A la vista del precepto, ¿son admisibles otros sistemas?, en particular, ¿hasta qué punto es posible aprobar el acta en una Junta posterior? El artículo 113.1 LSA, al cual remitía el antiguo artículo 15.3. inc. 1.º LSRL 1953, reproduce sin variación el contenido del artículo 62.1.º LSA de 1951. Según este último precepto: «El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta y, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría». Animada polémica doctrinal había suscitado antes de la reforma de 1989 la interpretación de dicho precepto, polémica que se había centrado, sobre todo, en la posibilidad de admitir o no la aprobación del acta diferida a la siguiente Junta General. El problema giraba en torno a la interpretación de la palabra «podrá»; para unos autores, la opción prevista por el legislador se refería exclusivamente a los dos sistemas de aprobación que el precepto señalaba, de tal forma que el acta «podrá» aprobarse en la misma Junta y, «en su defecto», dentro de los quince días siguientes por dos interventores y el Presidente, pero nada más; para otros autores, en cambio, la ley no hacía más que autorizar la aprobación del acta en otras dos formas nuevas, pero sin pretender abolir la práctica hasta entonces seguida de diferir la aprobación hasta la siguiente reunión de la Junta. Tras la reforma de 1989 no parece que las cosas hubieran cambiado mucho; el artículo 99.1 RRM dispone que las «actas se aprobarán en la forma prevista por la ley o, en su caso, por la escritura social» y que sólo a falta de previsión específica, el acta deberá ser aprobada por el propio órgano al final de la reunión o en la siguiente. Según esto, ¿el artículo 113.1 LSA ha de reputarse «previsión específica» de la ley, aplicable, además, a la SRL por la remisión que hacía la Ley de 1953? Sin duda alguna lo era, pero lo que ya no quedaba tan claro es si esa previsión excluía cualquier otro sistema de aprobación o bien se limitaba a autorizar, junto a la aprobación en la misma reunión o en la siguiente, un tercer sistema; todo dependía de la forma en que se interpretara el artículo 113.1 LSA, con lo que la cuestión seguía planteándose en los mismos términos que antes de la reforma.
     El argumento que se suele utilizar para justificar la imperatividad del artí-culo 113 LSA, es que cada Junta es autónoma y, por ello, debe aprobar su propia acta (en este sentido se han manifestado recientemente las RR. 27 junio 1992 y 1 marzo 1993). Parece que estos argumentos han pesado en el ánimo del legislador a la hora de acometer la redacción de una nueva LSRL; el actual artículo 54.2 LSRL no sólo constituye «previsión específica» de la SRL a los efectos del precepto reglamentario antes citado, sino, sobre todo, ha suprimido por fin el dichoso «podrá» del artículo 113.1 LSA, disponiendo con rotundidad que al acta «deberá» ser aprobada por alguno de los dos sistemas que regula.
     Pero en la práctica puede seguir ocurriendo que la reunión finalice sin haber aprobado el acta, en cuyo caso no parece haber más salida que acudir a una Junta posterior, no para aprobar el acta de la anterior, sino para ratificar lo acordado en ella, cuando dicha ratificación sea posible; y aun así, será muy discutible que los efectos de dicha ratificación puedan retrotraerse a la fecha de la primera Junta (sobre la eficacia ex tunc o ex nunc de esta ratificación, inclinándose por la segunda, v. STS 17 marzo 1992). De todos modos, quizá no deba rechazarse tampoco la aprobación posterior del acta, siempre que ésta se llevara a cabo por todos los que asistieron como miembros o componentes de la Junta, si bien, como advierte nuestra mejor doctrina, al tratarse de una aprobación realizada fuera del colegio, no gozaría de la ventaja del régimen de la mayoría, sino que requeriría la unanimidad, la adhesión de todos los que participaron en la misma.
     4. Eficacia ejecutiva del acta de la Junta Aunque en comparación con el artículo 113.2 LSA ha suprimido la referencia a la aprobación del acta en cualquiera de las dos formas indicadas, el artículo 54.3 LSRL sigue diciendo que «el acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación». Creemos que esta expresión debe ser objeto de interpretación correctora; los acuerdos sociales son ejecutables, desde que se toman. La aprobación del acta fija los términos del acuerdo y salva de toda responsabilidad a los administradores que al ejecutarlo se hayan ajustado estrictamente al contenido del acta, pero en ningún precepto consta que deba ser considerada el acta documento ad solemnitatem; antes al contrario, dicha eficacia constitutiva sólo se ha previsto expresamente para el acta notarial de la Junta, cuando exista solicitud previa de los socios (Artículo 55.1 LSRL).


Artículo 55. Acta notarial de la Junta General
     
     1. Los administradores podrán requerir la presencia de Notario para que
     levante acta de la Junta General y estarán obligados a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social.
     En este último caso, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial.
     2. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración de acta de la Junta y fuerza ejecutiva desde la fecha de su cierre.
     3. Los honorarios notariales serán de cargo de la sociedad.
     En lo esencial coincide con lo dispuesto en el artículo 114 LSA (v. también arts. 101 y ss. RRM), aunque pueden señalarse algunos cambios, no todos de detalle (hablar de «socios» en lugar de «accionistas»). Llama la atención que se eleve el porcentaje de capital necesario para requerir de los administradores la presencia de un Notario que levante el acta de la Junta, al pasarlo del uno al cinco por ciento (repárese en que sólo se tiene en cuenta la participación en el capital social, cualquiera que sea el número de votos correspondientes a las participaciones de los solicitantes); por supuesto, los estatutos pueden rebajar, pero no reforzar, este porcentaje. Asimismo, se incorpora alguna norma del RRM, en particular, que este acta no se someterá a aprobación (de todas formas, es mucho más rotundo, pues el Artículo 103.1 RRM sólo dispone que «no necesitará aprobación»); en consonancia con la falta de aprobación, y para mantener la coordinación con el previo artículo 54.3, dispone que tendrá fuerza ejecutiva desde su cierre. Por lo demás mantiene la antelación de cinco días para solicitarla, que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta y que los honorarios notariales serán de cargo de la sociedad.
     Hay, no obstante, un cambio que reputamos fundamental; según el precepto, cuando los socios hubieran solicitado de los administradores que requieran la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General (cumpliendo, lógicamente, las condiciones legalmente previstas), «los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial». En este caso, el carácter notarial del acta se erige en requisito ad solemnitatem, frente a la anterior situación (vigente para la SA), en la que practicada la correspondiente anotación preventiva (que es de suponer seguirá haciéndose para dejar constancia en el Registro mercantil de tal solicitud), la única sanción prevista por el incumplimiento de dicha obligación era la imposibilidad de inscribir los acuerdos de la Junta hasta que hubieran transcurrido tres meses desde su fecha (Artículo 104 RRM), aparte, claro está, de la responsabilidad en que puedan haber incurrido los administradores. Esta excepción al régimen general se justifica por el objetivo de la LSRL de dotar a la minoría de una protección eficaz, y la suspensión temporal de la inscripción, en verdad, no parece suficiente (v. SAP, Vitoria, 29 diciembre 1992)


Artículo 56. Impugnación de los acuerdos de la Junta General
     La impugnación de los acuerdos de la Junta General se regirá por lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la Junta General de accionistas en la Ley de Sociedades Anónimas.
     En esta materia, el precepto remite in toto a la LSA, motivo por el cual no vamos a entrar en su estudio. Sólo dos breves indicaciones:
     - Según la DA segunda 12, se adiciona al apartado primero del artículo 119 LSA el siguiente párrafo: «Contra las sentencias que dicten las Audiencias Provinciales procederá, en todo caso, el recurso de casación». Igual posibilidad de recurrir en casación se sostenía con anterioridad sobre la base de la DA 8.ª 2 LOPJ («Sus resoluciones [las de los jueces de primera instancia en los procesos sobre impugnación de acuerdos sociales] serán apelables para ante la Sala competente, cuyas sentencias serán, a su vez, susceptibles de recurso de casación cuando ello proceda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil»). No obstante, en la práctica habían surgido ciertas dudas; de entrada, cuando la cuantía fuera estimable, era necesario tener en cuenta el límite de 6 millones de pesetas del artículo 1.687.1.º c) LEC, y cuando fuera inestimable o no haya podido determinarse ni aún en forma relativa, tampoco procedería en los supuestos en que las sentencias de apelación y de primera instancia sean conformes de toda conformidad, teniendo este carácter aunque difieran en lo relativo a la imposición de costas (Artículo 1.687 1.º b) LEC). Algún autor aconsejaba tener mucho cuidado en el momento de plantear la demanda, respecto a la cuantificación del pleito o a la inestimabilidad de su cuantía, porque desde el principio se podría estar cerrando la posibilidad de recurrir al TS. El nuevo texto del artículo 119.1 LSA deja claro que este recurso procederá «en todo caso», lo que permite el acceso al mismo, pese a lo dispuesto en el Artículo 1.710 4.º LEC (inadmisión del recurso cuando considere la Sala que no se han aplicado correctamente las reglas sobre determinación de la cuantía y estime que, notoriamente, no supera los límites del Artículo 1.687 1.º LEC).
     2. Los acuerdos contrarios a la ley son nulos, y los que se oponen a los estatutos sociales anulables (Artículo 115 LSA, remisión, ex Artículo 56 LSRL); cuando los estatutos agravan los requisitos exigidos por la ley, la Jurisprudencia (y un sector autorizado de la doctrina) considera que el acuerdo será nulo en cuanto contradijere la ley (norma imperativa, por supuesto) y anulable en cuanto viole la cláusula estatutaria que refuerza el mínimo legal (entre las más recientes, v. STS 24 septiembre 1987). Pero ya hemos visto que la LSRL, en muchas cuestiones, no fija un mínimo inderogable, sino un régimen legal supletorio, y confiere directamente la regulación de la materia, dentro de ciertos límites, a los estatutos; el ejemplo quizá más claro sea el de la forma de llevar a cabo la convocatoria de la Junta general, donde expresamente se declara que los estatutos podrán establecer otro sistema de convocatoria «en sustitución» del legalmente previsto (Artículo 46.2 LSRL); es claro que si los estatutos imponen una convocatoria pública mediante anuncio en determinado diario, pero los administradores después convocan la Junta a través de un anuncio inserto en otro diario o mediante una comunicación privada, se ha de entender que la convocatoria vulnera lo dispuesto en ellos, pero no lo establecido en la ley, pues el régimen legal supletorio del artículo 46.1 no es aplicable, ni como contenido mínimo, desde el momento que existe una previsión estatutaria específica. A la vista de esta situación aventuramos como mera hipótesis de trabajo que quizá fuera posible sostener que en los casos de sustitución en bloque del régimen legal por el estatutario, el acuerdo también se ha de reputar nulo, al menos en cuanto a los requisitos mínimos impuestos a los estatutos (v. supra sobre sistemas mixtos de convocatoria).
     RICARDO CABANAS TREJO
     Notario
     Colegio Notarial de Barcelona

 

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