II Constitución de la Sociedad

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CAPITULO II

     Sumario:
     
Constitución de la Sociedad.
SECCIÓN 1.ª REQUISITOS CONSTITUTIVOS.
Artículo 11. Constitución de la sociedad.
SECCIÓN 2.ª ESCRITURA Y ESTATUTOS.
Artículo 12. Escritura de constitución.
Artículo 13. Estatutos.
Artículo 14. Comienzo de las operaciones y duración de la sociedad.
Artículo 15. Presentación de la escritura de constitución a inscripción en el Registro Mercantil.
SECCIÓN 3.ª DE LA NULIDAD DE LA SOCIEDAD.
Artículo 16. Causas de nulidad.
Artículo 17. Efectos de la declaración de nulidad.

Constitución de la Sociedad
     

SECCIÓN 1.ª REQUISITOS CONSTITUTIVOS

Artículo 11. Constitución de la sociedad
     2. Los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad.
     3. Será de aplicación a la sociedad en formación y a la sociedad irregular lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley de Sociedades Anónimas.
     1.º Introducción La nueva Ley de Sociedades Limitadas dedica el capítulo segundo a la «Constitución de la Sociedad», comprensivo de los artículos 11 a 17, inclusive; dividido sistemáticamente en tres secciones, relativas respectivamente a los «Requisitos constitutivos», artículo 11; «Escritura y estatutos», artículos 12 a 15, y «De la nulidad de la sociedad», artículos 16 y 17. Cuya dicción y contenido normativo difieren en gran medida, como tendremos oportunidad de comprobar a lo largo de esta exposición, con los determinados en los artí-culos 5, 6 y 7 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada de 17 de julio de 1953, y reforma operada por Ley 19/1989, de 25 de julio <<1>> .
     2.º Constitución de la Sociedad La regla fundacional en materia de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada aparece recogida en el reseñado artículo 11 de la nueva Ley, precepto que es prácticamente idéntico al artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (aprobado por R. D. de 22 de diciembre de 1989, en adelante, TRLSA), salvo:
     a) La referencia que el artículo 7 contiene a la previa liquidación de los impuestos correspondientes o presentación a tales efectos, y publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil; normas que con buen criterio el legislador ha considerado innecesario reiterar en la nueva Ley de limitadas, toda vez que tales obligaciones se contienen en normas generales.
     Así el artículo 54, en relación con el 19.1.1.º del R. D. Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, determinan la previa presentación en la Oficina Liquidadora competente de la escritura de constitución de sociedad.
     Y el artículo 21 del Código de Comercio impone la publicación en el Bol e t í n Oficial del Registro Mercantil (en adelante, BORME) de todos «los actos sujetos a inscripción», mientras que el artículo 352 del Reglamento del Registro Mercantil (aprobado por R. D. de 29 de diciembre de 1989, en adelante, RRM) especifica los «datos relativos a la primera inscripción de sociedades» que los Registradores Mercantiles comunicarán al Registro Mercantil Central a efectos de su publicación en el BORME.
     b) La diferencia obvia de la remisión contenida en el artículo 11.3 de la nueva Ley de limitadas, a los artículos 15 y 16 del propio TRLSA, en sede de sociedad en formación e irregular.
     Por tanto, el régimen jurídico y la significación del otorgamiento de la escritura de constitución, la existencia de pactos reservados entre los socios y la doctrina de la sociedad en formación e irregular, son ahora idénticos en anónimas y en limitadas. Esto es:
     Escritura, personalidad jurídica e inscripción. Con la nueva dicción del a r t í c u -lo 11.1 de la Ley se resalta, como ya hizo el artículo 7 del TRLSA, la distinción entre la adquisición de la personalidad jurídica propia y peculiar del tipo social (sociedad limitada o anónima) que se obtiene con la inscripción registral, y la obtención de un cierto grado de personalidad, que surge en el momento del otorgamiento de la escritura de constitución.
     En este sentido, recordemos que el artículo 5 de la LSRL de 1953 decía:
     «La Sociedad se constituirá mediante escritura pública que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil y desde ese momento tendrá personalidad jurídica»; y ahora se dice literalmente: «Con la inscripción adquirirá la sociedad de responsabilidad limitada su personalidad jurídica».
     A) La escritura, requisito formal y eficacia propia de la misma.
     Tal y como señalan CÁMARA y BOLÁS, el otorgamiento de la escritura de constitución es un requisito formal constitutivo, «forma del ser», para la existencia de la sociedad limitada, como tipo social diferenciado, no un simple requisito para su acceso al Registro Mercantil. Antes de ella, o sólo hay un compromiso preliminar de constituir una sociedad de tal tipo, o, en caso de haberse formalizado de alguna forma el contrato social, estaremos a lo sumo ante una sociedad que no podrá tener la virtualidad que la Ley prevé para la sociedad limitada.
     En cambio, otorgada la escritura significa que la sociedad está ya constituida, según se desprende del tenor literal del artículo 11 de nueva Ley, aunque la fundación no esté todavía ultimada, por cuanto no ha adquirido la personalidad jurídica típica de su forma social. Pero en cualquier caso, el contrato social es ya perfecto y válido, de suerte que vincula a los contratantes, los cuales no pueden desligarse prima facie de sus compromisos, según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo (sentencias de 6 de febrero de 1964 y 31 de mayo de 1969).
     Las consecuencias de esto son:
     a) La calificación de sociedad irregular siempre parte de la escritura (véase artículos 15 y 16 LSA, aplicables a las sociedades limitadas, antes, vía remisión del artículo 6 de la Ley de Limitadas tras la reforma de 1989, hoy, por la contenida en el artículo 11.3 de la nueva Ley) <<2>> .
     b) Se impone tener presente los especiales efectos que la Ley atribuye a la escritura pública, en atención a la autenticidad sustancial y formal de la misma -en este sentido BOLAS, «La Sociedad de Responsabilidad Limitada. Comentarios a la Ley, tras la reforma de 25-VII-89 y el Reglamento del Registro Mercantil de 29-XII-89», pág. 71-, cuales son:
     - Efectos ejecutivos, conforme al artículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y probatorios, según resulta del artículo 1.218 del Código civil.
     - Inscribilidad no sólo en el Registro Mercantil, sino también en el de la Propiedad cuando se contengan aportaciones inmobiliarias; artículos 18 del Código de comercio, 5 del RRM y 3 de la Ley Hipotecaria.
     - Legitimación, es decir, la escritura es título legitimador en el tráfico, oponible frente a cualquier tercero que no sea un tercero registral, esto es, protegido por los pronunciamientos de los libros del Registro.
     - Tradición, conforme al artículo 1.462 del Código civil, tiene valor de tradición instrumental para la adquisición del dominio; sirve de título de propiedad para la sociedad respecto a los bienes aportados.
     - Prelación o preferencia y efectos negociables, los créditos que consten en escritura pública gozan de especial preferencia conforme al artículo 1.924 del Código civil y 913-4 del Código de comercio (BOLÁS, «La Seguridad Jurídica y el Tráfico Mercantil», pág. 52).
     c) En el aspecto interno, esto es, relaciones entre socios, supone el germen de la relación societaria; y en el aspecto externo, el otorgamiento de la escritura permite, antes de la inscripción, a la sociedad funcionar ya por medio de los órganos nombrados. En este sentido, ya se pronunciaron las Resoluciones de la DGRN de 27 de febrero y 2 de junio de 1986 (al admitir la adopción de acuerdos sociales antes de la inscripción en junta universal).
     Muestra de esta especial relevancia de la escritura la encontramos -como nos enseña BOLÁS- en el artículo 119 del RRM (aplicable a las sociedades limitadas vía remisión del artículo 177 del RRM), el cual no permite indicar para el inicio de las operaciones sociales una fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura de constitución, salvo en el caso de transformación.
     Y hoy la propia Ley de Limitadas, en su artículo 14.1.
     d) Lo en ella pactado es clave para determinar el régimen de responsabilidad de socios y administradores antes de la inscripción (ex artículos 15 y 16 de la LSA, relativos a la sociedad en formación e irregular).
     e) Supone la creación de un patrimonio de afectación, para responder de las reclamaciones de terceros, con el beneficio de la limitación de responsabilidad para los socios no actuantes, ex artículo 15.2 TRLSA.
     f) El control preventivo que supone la intervención notarial incrementa su importancia ante la limitación de las causas de nulidad, artículo 10 de la Primera Directiva comunitaria, artículo 16 de nueva Ley <<3>> (antes artículo 34 del TRLSA, al cual se remitía el artículo 6 Ley de Limitadas de 1953 tras la reforma de 1989).
     B) Carácter y efectos de la inscripción en el Registro Mercantil.
     Como hemos dicho, el momento jurídico por el cual la sociedad previamente constituida en la oportuna escritura pública adquiere definitiva y plenamente los caracteres de persona jurídica, del tipo sociedad de responsabilidad limitada, es el de la inscripción en el Registro Mercantil.
     Sobre esta materia, sin perjuicio del comentario que luego haré al artículo 15 de la nueva Ley, no hay modificación alguna; no obstante estimo necesario realizar tres precisiones sobre los caracteres y la naturaleza del acto de inscripción en el Registro Mercantil:
     PRIMERA: El artículo 10 de la Primera Directiva de 9 de marzo de 1968, sobre publicidad legal y representación, tanto de sociedades en constitución como ya constituidas, dice: «En todos los Estados miembros cuya legislación no prevea un control preventivo, administrativo o judicial, en el momento de la constitución, la escritura de constitución y los estatutos de la sociedad, así como las modificaciones de estos documentos, deberán constar en escritura pública».
     De donde, certeramente, deduce RODRÍGUEZ ADRADOS («Constitución y n u l i -dad de la sociedad anónima», Anales de la Academia Matritense del Notariad o , Tomo XXX, volumen I, pág. 64), que la Directiva comunitaria, «solamente admite tres procedimientos de control preventivo, a saber: el administrativo, el judicial y el notarial; de suerte que la opinión según la cual nuestra Ley establece un control preventivo registral la pondría, por tanto, en contradicción con la Directiva a la que pretende adaptarse. No hay procedimiento de constitución alguno en sentido propio, sino sencillamente, como siempre, una escritura pública que se inscribe; la inscripción en el Registro Mercantil no puede ser otra cosa que el momento conclusivo o final de la escritura pública.
     Bien es cierto que al Registrador Mercantil, tras la reforma de 1989, se le han atribuido competencias judiciales y administrativas; pero no creemos que el Registro Mercantil haya quedado desnaturalizado, convertido en un órgano jurisdiccional o en un órgano administrativo al que se haya encomendado la homologación de la sociedad; el Registrador no es una autoridad que aprueba o confirma la constitución verificada en la escritura pública, sino que realiza, un «control de la legalidad», superpuesto al que ha hecho el Notario, aunque, más restringido que el de éste y a los solos efectos de la inscripción, esto es, limitada a los extremos que enuncia el artículo 18.2 del Código de comercio, bajo la superior orientación de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Este control de legalidad, a través de la documentación pública y de su inscripción, es, por otra parte, el más conforme con la Constitución, que reconoce el derecho de asociación, también para fines económicos, en el artículo 22, y no sólo en el artículo 38, según han demostrado JOA-QUÍN DE PRADA» («Función notarial y persona jurídica», págs. 9 a 27, Segundos Encuentros Cooperativos de la Universidad del País Vasco) y VEN-TURA TRAVESET («El papel del Notario en la constitución de las personas jurídicas» Revista de Derecho Notarial, abriljunio 1989, págs. 87 a 369). En contra de esta opinión se manifiesta, aunque a mi juicio, sin citar argumentos jurídicos de peso, ESTURILLO LÓPEZ («Estudio de la Legislación sobre el Registro Mercantil, práctica de legislación mercantil societaria», pág. 854).
     SEGUNDA: La inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución es obligatoria, conforme señalan los artículos 19.2 y 16.1 del Código de comercio, en su redacción dada por la Ley de reforma de 25 julio de 1989 y se encarga de reiterar el artículo 4 del RRM.
     Consecuencia de esta obligatoriedad es la inadmisión que la Administración y los Tribunales están llamados a apreciar cuando los títulos tratan de hacerse efectivos frente a terceros, como verdadera sociedad limitada, no como sociedad en formación o irregular; en atención a la obligación que pesa sobre los poderes públicos de velar por el cumplimiento del Ordenamiento jurídico (pese a que el RRM de 1989 suprime la expresa mención a la inadmisibilidad de documentos sujetos a inscripción y no inscritos, que se mantiene en la Ley Hipotecaria, artículo 313).
     Igualmente, la no presentación de la escritura en el Registro Mercantil es determinante de la responsabilidad de los fundadores y administradores por los daños y perjuicios causados, conforme al nuevo artículo 15.2 de la Ley (al igual que en anónimas lo determina el artículo 17.2 TRLSA).
     TERCERA: Para un sector de la doctrina, la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil tiene carácter constitutivo (por ejemplo, ESTURILLO LÓPEZ, en obra y página citada); esto es, se dice que la inscripción se convierte en un elemento del negocio, el cual no existe sin el asiento registral.
     Frente a esta doctrina, entiendo con PAU PEDRÓN («La publicidad registral d e la Sociedad Anónima» en Anales de la Academia Matritense del Notariado, t o -mo XXX, volumen II, pág. 74) que la eficacia constitutiva de la inscripción significa:
     1.º El negocio existe siempre al margen y antes de la inscripción constitutiva; pero no sólo el negocio, sino también, en los casos de negocios plurilaterales o asociativos, la personalidad jurídica de ellos derivada. Ahora bien, la esencia de toda relación de un sujeto con los terceros, la responsabilidad y la representación, queda rigurosamente sometida a la inscripción; el resto del negocio y de la personalidad producen todos sus efectos.
     2.º La inscripción no puede afectar a la validez del negocio; ésta depende de los elementos esenciales, a saber: consentimiento, objeto y causa (artículo 1.261 del Código civil), y en algunos casos en la forma, cuando ésta es forma del ser. Por tanto, la falta de inscripción constitutiva no hace inválido el negocio.
     La eficacia constitutiva significa, pues, en el sistema registral, la máxima protección de los terceros, hasta el extremo de protegerles en los casos que podrían considerarse de mala fe.
     La eficacia de la inscripción constitutiva, respecto de la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada y anónima, no hace surgir de la nada un ente que antes carecía de existencia, sino que da plena eficacia, respecto de terceros, al régimen peculiar de responsabilidad que es característico de las sociedades capitalistas.
     Por tanto, la sociedad en formación es, en nuestro reformado Derecho societario, auténtica sociedad; en este sentido, se pronuncia también MENÉN-DEZ, (en «Sociedad Anónima e inscripción en el Registro Mercantil», Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo XXX, volumen I, pág. 18), cuando dice: «En virtud de la escritura se produce, dentro de ciertos límites, el nacimiento de un ente capaz de ser titular de derechos y obligaciones...
     otorgada la escritura, la sociedad en formación alcanza un cierto grado de subjetivación».
     A estos efectos es revelador -como indica PAU PEDRÓN- el nuevo régimen de la reserva temporal de denominaciones sociales que establece el artículo 377 del RRM: el plazo de quince meses es suma de la duración máxima de la sociedad en formación (doce meses, artículo 16 LSA), más el plazo de vigencia de la certificación negativa (dos meses, artículo 379.1 RRM), más un plazo calculado para la remisión de datos y su constancia en el Registro Mercantil Central, por el Registrador que practique la inscripción.
     Por último, la inscripción en el Registro produce, además de diversos efectos conexos (como el surgimiento de la responsabilidad diferencial), un efecto general, consistente en el cese de la provisionalidad y el tránsito a una situación definitiva; y dos efectos directos, cuales son el nuevo régimen de responsabilidad social y la alteración del régimen de responsabilidad de los administradores.
     La oponibilidad a terceros de la constitución de la sociedad de responsabilidad requiere la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, conforme a los artículos 21 del Código de comercio, 352 y 386 del RRM; no sin olvidar que como indica el primero de estos preceptos: «Quedan a salvo los efectos propios de la inscripción»; y entre ellos están, como indica RODRÍ-GUEZ ADRADOS (obra citada, pág. 71), precisamente los que se refieren a la adquisición de la personalidad jurídica de la sociedad, que para nada dependen de aquella publicación.
     C) Pactos reservados, sociales y parasociales.
     El número 2 del artículo 11 de la nueva Ley que comentamos, con igual dicción que el artículo 7.1, párrafo segundo del TRLSA, señala que «los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad»; a diferencia de la Ley de Limitadas de 1953, incluso tras la reforma de 1989, que guardaba silencio al respecto; y en sede de anónimas, el artículo 6 último inciso de la LSA de 17 de julio de 1951 decía: «Son nulos los pactos sociales que se mantengan reservados».
     Con ello, entiendo, se equipara el régimen de estos pactos reservados en ambos tipos sociales, reconduciéndolos a la producción de meros efectos internos entre los socios, pero sin afectar a la sociedad.
     No obstante, es de destacar que tanto el artículo 7.1 del TRLSA, como ahora el artículo 11.2 de la nueva Ley de limitadas, no aluden ya a la expresión «pactos sociales», como en la legislación derogada; por lo que la nueva disciplina, y por tanto la no eficacia de los pactos reservados frente a la sociedad, es predicable tanto de los pactos parasociales, esto es, los que pretenden regular aspectos de relaciones entre los socios al margen de la Sociedad y sin conocimiento de terceros, como los pactos sociales ocultos, es decir, los de índole corporativa, aquellos que pretenden ordenar las relaciones entre los socios dentro de la sociedad pero sin que trasciendan a terceros <<4>> .
     Como indica RODRÍGUEZ ADRADOS (en obra citada, pág. 95), «el precepto -artículo 7.1 TRLSA- viene a ser una aplicación, ligeramente modalizada, de lo dispuesto en el artículo 1.219 del Código civil» <<5>> .
     En este sentido, como señala el profesor ROJO («La sociedad de responsabilidad limitada: problemas de política y de técnica legislativas», pág. 53, en obra colectiva, «La reforma de la Sociedad de Responsabilidad Limitada», Dikinson, Madrid, 1994), hay un fenómeno interesante constatable en la práctica, cual es la progresiva preferencia por los pactos parasociales en detrimento de las posibilidades de «personalización estatutaria» que ofrece la legislación.
     Fenómeno que no es exclusivo de las sociedades limitadas, pero que -en su opinión-, la división entre lo social y lo parasocial en muchos casos no es la consecuencia necesaria de las dificultades legales para introducir en los Estatutos determinadas estipulaciones, sino la cristalización del propósito de que los terceros no conozcan con exactitud los términos de una alianza o el efecto de la voluntad deliberada de los socios de eliminar de la organización de la sociedad aquellos elementos de potencial conflictividad, los cuales, precisamente al tener mero carácter parasocial, sitúan el conflicto al lado, y no en el interior, de la sociedad misma.
     D) Sociedad irregular y sociedad en formación.
     Como ya hemos dicho, el artículo 11.3 de la nueva Ley de limitadas se rem i t e expresamente a lo dispuesto en esta materia en los conocidos artículos 15 y 16 del TRLSA; los cuales ya eran aplicables a las sociedades limitadas, en atención a la remisión del previgente artículo 6 de la LSRL tras la reforma de 1989, al decir, «a los actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción se aplicará lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas...».
     Bien es cierto que la redacción actual, dada por la nueva Ley, es técnicamente más precisa que la introducida por la Ley 19/1989 y evita las dudas doctrinales que llevaron a algunos autores a limitar la citada remisión sólo al régimen de la sociedad en formación; así, LORA TAMAYO («Reflexiones en torno a la Sociedad de Responsabilidad Limitada» Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo XXX, volumen I, pág. 135) sobre la consideración de que el artículo 15 es el especialmente aplicable a los actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción y ser a estos actos y no a la sociedad irregular a los que se refiere la 1.ª Directiva CEE en materia de Sociedades.
     Frente a ello, la doctrina mayoritaria, entendía con RODRÍGUEZ ADRADOS que la remisión del artículo 6 LSRL se extendía a todos los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción, y por tanto también a los celebrados cuando la sociedad en formación se ha degradado en sociedad irregular.
     No hay, por tanto, especialidades en el régimen jurídico de las sociedades limitadas y anónimas, en formación o irregulares, ni tampoco entre la actual normativa y la previgente. Tan sólo recordar que los artículos 15 y 16 del TRL-SA han sido objeto de críticas por la doctrina, e incluso se propuso -aunque sin éxito actual- aprovechar la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de limitadas para introducir importantes correcciones al régimen contenido en aquellos preceptos (por ejemplo, ALONSO UREBA, en «Consideraciones críticas sobre la reforma en materia de "sociedad en formación" y "sociedad irregular"», publicada con igual contenido en la Revista de Derecho de Sociedades, Aranzadi, págs. 109 a 128; y en obra colectiva, «La reforma de la Sociedad de Responsabilidad Limitada», Dikinson, Madrid, 1994, págs. 159 y siguientes).
     Tan sólo, por tanto, me limitaré a señalar desde el punto de vista jurídicopráctico algunas precisiones:
     a) La técnica empleada por la nueva Ley de limitadas, esto es, la remisión expresa a los artículos 15 y 16 del TRLSA -la cual ya venía contenida tanto en el Borrador de Anteproyecto redactado por la comisión de Códigos, como en el Proyecto del Gobierno- crea algunos desajustes, por ejemplo, el tenor literal del artículo 15.2 del TRLSA dispone: «Los socios responderán personalmente hasta el límite de lo que se hubiera obligado a aportar»; norma que tiene sentido en sede de anónimas, toda vez que puede estar pendiente de desembolso hasta el 75 por 100 del valor nominal de la acción, pero no en las sociedades limitadas, cuyo capital tiene que estar íntegramente desembolsado, artículo 4 de la nueva Ley.
     b) En el supuesto, generalmente mayoritario en la práctica, de que el inicio estatutario de las actividades sociales sea el día del otorgamiento de la escritura de constitución (ex artículo 119 RRM y hoy artículo 14.1 de la nueva Ley de limitadas) determina que la sociedad en formación, antes de la inscripción, actúe en el tráfico, sin que por ello deba aplicarse la disciplina de la sociedad irregular, mientras no se produzca tal degradación conforme al artí-culo 16 del TRLSA, esto es, transcurra un año sin inscribir, o se verifique la voluntad de no registrar.
     c) Tal y como ya anunciamos, las figuras de la sociedad en formación e irregular (conforme a los artículos 15 y 16 TRLSA) exigen que se haya otorgado la correspondiente escritura de constitución. Así lo entiende la doctrina mayoritaria, pese a que el artículo 15.1 sólo alude a actos anteriores a la inscripción, sin precisar si son después de la escritura o antes de ella.
     d) En cuanto a los actos y contratos de los que responde la sociedad en formación y después irregular:
     1. Todos deben ser actos o contratos celebrados en nombre y representación de la sociedad, esto es, la surgida de la escritura de constitución.
     2. Algunos autores destacan lo incongruente de que un poder otorgado por todos los socios y no por la Sociedad, a través de sus órganos, produzca sus efectos para la propia sociedad, esto es, como tal persona jurídica distinta de la unión de socios.
     3. Los administradores requieren en tesis de principio, y según el tenor literal del artículo 15, que la escritura fundacional les faculte expresamente para la representación de la sociedad en la fase anterior a la inscripción («dentro de las facultades que les confiere la escritura para la fase anterior a la inscripción»); por tanto, no estamos estrictamente en el ámbito de los artículos 129 del TRLSA y 63 de la nueva Ley de limitadas; sino que es preciso atribuirles dichas facultades, aunque no es necesario que éstas se enumeren de modo exhaustivo o interminable.
     Desde el punto de vista práctico, siempre hemos aconsejado los Notarios la inclusión de una estipulación en la escritura de constitución por la cual se faculten a los administradores a tales efectos, especialmente cuando los estatutos determinan como fecha de inicio de actividades el día del otorgamiento de la escritura de constitución («Los administradores, aun no inscrita la sociedad en el Registro Mercantil, podrán ejercer sus facultades desde la fecha estatutaria de inicio de actividades, dentro de su esfera de actuación prevista en los Estatutos y en las disposiciones legales»).
     No obstante, algunos autores, tales como CÁMARA <<6>> y GARRIDO DE PALMA («Las sociedades de capital conforme a la nueva legislación», Editorial Trivium, octubre de 1990, pag. 103), entienden que hay autorización implícita a los administradores cuando los estatutos señalan como fecha de inicio de actividades el momento del otorgamiento de la escritura fundacional y se procede a nombrar administradores sociales.
     Así lo entienden amplios sectores de la doctrina de otros países europeos cuyos ordenamientos jurídicos contienen previsiones similares a las nuestras (así ALONSO UREBA, obra citada, pág. 175).
     El T. S., en sentencia de 5 de junio de 1972, entendió que no era preciso el acuerdo expreso de aceptación, sino que puede producirse de la tácita actuación de la misma.
     En cualquier caso, los actos y contratos celebrados por los administradores dentro de las facultades que les confiere la escritura para esta fase anterior a la inscripción en el Registro Mercantil, como dijo la R. de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, DGRN), de 25 de agosto de 1993 (Ref. Aranzadi 7119), «son actos realizados por los representantes de la sociedad con plena cobertura, por lo que no es necesaria la posterior ratificación de la sociedad».
     4. Es plenamente aplicable -como indica ALONSO UREBA, obra citada, pág.
     178- la previsión del artículo 15.4 TRLSA: «En el caso de que el valor del patrimonio social, sumado el importe de los gastos indispensables para la inscripción de la Sociedad, fuese inferior a la cifra del capital, los socios estarán obligados a cubrir la diferencia»; lo cual implica -a decir de dicho autor- «que, pese al silencio del TRLSA y del RRM, así como de la nueva Ley de limitadas -añado yo-, deben de tratarse de aportaciones complementarias en proporción al capital suscrito por cada socio, y que serán posibles tanto aportaciones dinerarias como in natura..., de manera que serán los fundadores, en el marco de la responsabilidad de los mismos por la regularidad del proceso fundacional, los que en su caso deberán otorgar nueva escritura pública recogiendo las referidas aportaciones complementarias».
     Los terceros no tendrán acción directa frente a los socios en el marco del a r t í c u -lo 15.4 TRLSA, pero sí frente a la Sociedad, que a su vez ostentaría un derecho de crédito frente a los socios en concepto de aportaciones complementarias.
     

SECCIÓN 2.ª ESCRITURA Y ESTATUTOS

Artículo 12. Escritura de constitución
     2. En la escritura de constitución se expresarán:
     a) La identidad del socio o socios.
     b) La voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada.
     c) Las aportaciones que cada socio realice y la numeración de las participaciones asignadas en pago.
     d) Los estatutos de la sociedad.
     e) La determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la administración, en caso de que los estatutos prevean diferentes alternativas.
     f) La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y de la representación social.
     3. En la escritura se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los socios juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad de responsabilidad limitada.
     1.º Menciones de la escrtitura relativas al contrato social El artículo 12.1 de la nueva Ley de Limitadas, puesto en relación con los artículos 125 y 126 de la propia Ley, determina que, tanto en el caso de la sociedad pluripersonal, constituida por dos socios como mínimo, como en el supuesto de sociedad unipersonal, constituida por un solo socio, el nacimiento de la sociedad está en primer lugar condicionado al otorgamiento de la correspondiente escritura pública <<7>> .
     Dado que la ley sólo admite la fundación simultánea -como viene siendo tradicional, tanto en la Ley de 17 de julio de 1953, como en la reforma operada por la Ley de 25 de julio de 1989, a diferencia de la anónima-, la escritura debe estar otorgada por todos ellos, es decir, por el socio o socios fundadores, por sí o por medio de representante. Mención esta última que entiendo completamente superflua, si bien mejora técnicamente la expresión del anterior artículo 7.1 de la LSRL de 1953, que hablaba de «apoderado», ya que pueden concurrir al otorgamiento de la escritura no sólo los representantes voluntarios de los socios vía oportuno poder; sino también los representantes legales de los fundadores (por ejemplo, los padres titulares de la patria potestad sobre sus hijos menores de edad).
     También alude el precepto a que deberán asumir la totalidad de las participaciones sociales, expresión que no se contenía en el anterior artículo 7 de la LSRL de 1953, pero sí en la LSA, aunque obviamente referido a las acciones (artículo 14.1), aplicable también al socio fundador único.
     a) Menciones relativas a los fundadores:
     1. Identidad.
     El artículo 7 de la Ley en versión de 1989 aludía como circunstancias identificadoras de los otorgantes los nombres, apellidos y estado de los socios, si éstas fueren personas físicas, o a la denominación o razón social, si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio; hoy, con buen criterio, el artículo 12.2 a) de la nueva Ley, señala como mención obligatoria de la escritura «La identidad de los socios», y deja al artículo 38 del RRM la concreción de los datos identificadores que, con carácter general, son precisos para constatar en la inscripción la identidad de una persona <<8>> .
     2. Número máximo de socios.
     Respecto al número máximo de socios, recordemos que el artículo 1 de la nueva Ley suprime el límite establecido en cincuenta por la Ley de 1953, no alterado por la Ley de Reforma de 1989.
     A decir de la Exposición de Motivos de la nueva Ley: «La variable solución que en esta materia siguen las legislaciones más representativas, unida al propósito de ampliar al máximo la utilización de esta forma social, han aconsejado eliminar este límite. A estos argumentos se añade la necesidad de superar las cuestiones que, en ocasiones, se suscitaban en la práctica anterior, principalmente en caso de transmisiones mortis causa; y de la falta de constancia registral del número exacto de socios...».
     En nuestro Derecho se admite que puedan ser socios las personas jurídicas (a diferencia de otros, por ejemplo, Bélgica) tanto en la Ley de 1953, versión reformada (artículo 7), como los artículos 174.1.º y 38 del RRM, y hoy expresamente el artículo 125 a) de la nueva Ley de Limitadas, relativo a la sociedad unipersonal.
     3. Otras menciones no exigidas por la legislación mercantil (Ley especial o RRM) son reclamadas por otras disposiciones:
     a) Conforme al artículo 159 del Reglamento Notarial, deberá contener nombre del cónyuge del socio casado y la indicación del régimen económico matrimonial; pero su omisión no constituye defecto u obstáculo para la inscripción en el Registro Mercantil, a tenor de lo dispuesto en los artículos 12 de la nueva Ley de limitadas y 38 del RRM.
     Sin perjuicio de la especial trascendencia de esta indicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.384 del Código civil e interpretación de la DGRN en Resolución de 25 de marzo de 1987, al entender que las participaciones no son títulosvalores a efectos de aplicar el régimen de disposición individual por el cónyuge titular previsto en el mencionado precepto, en sede del régimen económico matrimonial legal de gananciales.
     Esta situación cambiaba radicalmente en la redacción del Proyecto de nueva Ley de limitadas, ya que en su Disposición Adicional Primera daba nueva redacción al mencionado artículo 1.384 del Código civil, para admitir la validez de los actos de administración y disposición de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren; no obstante, tal modificación ha desaparecido del texto definitivo, al aceptar el Congreso de los Diputados una enmienda, número 194, suscrita por el Grupo Socialista, en la que se pidió su supresion, «al no parecer justificada la extensión de la disciplina del artículo 1.384 del Código civil a las participaciones de la sociedad limitada»; por lo que el régimen de transmisión de participaciones sociales de carácter g a n a n c i a l , será el mismo que hasta ahora y seguirá siendo preciso el consentimiento del cónyuge del socio. A diferencia del régimen de disposición de las acciones, conforme al indicado artículo 1.384 del Código civil.
     b) En su caso, también debemos de tener en cuenta la Legislación sobre Inversiones Extranjeras en España, que determina, según los distintos supuestos, la constancia de ciertos datos y documentos de la persona física residente o no residente, o de la persona jurídica extranjera, requisitos administrativos previos (verificaciones o autorizaciones), incorporación a la escritura del impreso correspondiente de declaración al Registro de Inversiones Extranjeras (Modelo MC1A), cuyo examen detenido superaría los límites de esta exposición.
     c) Voluntad de los socios de constituir una sociedad de responsabilidad limitada.
     Esta exigencia no contenida en la legislación actual, pese a lo cual en la práctica notarial se venía cumpliendo, y que algún autor incluso ha justificado vía aplicación analógica del artículo 8, b) de la LSA que expresamente sí lo exige; se contiene ahora, con tal tenor, en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la nueva Ley de limitadas.
     En el caso de sociedad constituida por un solo socio, esta exigencia se traduce en la expresa mención de su voluntad de fundar una «sociedad de responsabilidad limitada unipersonal», conforme a los artículos 125 y 126 de la nueva Ley.
     El T. S., en sentencia de 13 de junio de 1983, señaló que el acto constitutivo de la sociedad anónima exige: «Una declaración de voluntad creativa, seriamente emitida, con el designio de someter unos bienes que se hacen comunes a la disciplina jurídica de la sociedad, persiguiendo un fin de lucro a obtener con el desarrollo de determinada actividad a cuyo servicio se ponen aquéllas».
     Es decir, como señala CABANAS TREJO («Comentarios de urgencia del borrador de anteproyecto de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada», La Notaría, Revista Jurídica del Colegio Notarial de Barcelona, número 9-1993, pág. 35), se trata de la constatación de la «voluntad electora del tipo» social.
     No obstante esta exigencia, debe matizarse en tres sentidos:
     1. La voluntad de los otorgantes de constituir una sociedad limitada, y precisamente ésta y no otra forma social, en la casi totalidad de las ocasiones, es obvia y se desprende del propio hecho del otorgamiento de la escritura fundacional (en este sentido se pronuncia BOLÁS, «La Sociedad de Responsabilidad Limitada. Comentarios a la Ley tras la reforma de 25-VII-89 y el Reglamento del Registro Mercantil de 29-XII-89», pág. 83).
     2. Como indican CLAVERO y PERIEL («Nueva legislación de sociedades anónimas y de responsabilidad limitadas», Madrid 1990, pág. 15): «La ausencia de la declaración hará necesario buscar y comprobar la existencia de una sociedad anónima -en nuestro caso limitada- mediante el análisis de todas las cláusulas que se han recogido en la escritura y los estatutos».
     3. La ausencia en la escritura de constitución de la expresa voluntad de fundar una sociedad limitada no es causa de nulidad de la sociedad inscrita, por no venir recogida en la taxativa enumeración que de éstas efectúa el artí-culo 16 de la nueva Ley de limitadas (como tampoco lo es en sede de anónimas, conforme al artículo 34 del TRLSA); ni creo sea obstáculo que impida la inscripción en el Registro Mercantil de la correspondiente escritura de constitución, dado que el artículo 114 del RRM no la menciona entre las circunstancias que debe contener la primera inscripción de las sociedades anónimas -que como dijimos, su ley reguladora, tanto de 1951 como el actual T.R. de 1989, exigían tal mención, ex artículo 8 b).
     En este sentido se pronuncia DUQUE, en relación a la sociedad anónima, al decir que es la única mención del artículo 8 de la LSA que falta en el artículo 114 del RRM («Escritura, estatutos y libertad estatutaria en la fundación de sociedades anónimas» en obra colectiva titulada Derecho de Sociedades Anónimas. I, La fundación; pág. 49).
     c) Aportaciones de los socios y asunción de las participaciones sociales:
     Como es sabido tanto en la Ley de 1953 como en la reforma de 1989 y en la nueva Ley de limitadas, el capital social debe estar totalmente desembolsado por los socios fundadores en el acto constitutivo, sin que sea posible -a diferencia de la anónima- cubrir tan sólo el veinticinco por ciento de tal cifra social.
     Hasta el punto de que, en el caso improbable, de haberse otorgado la escritura de constitución y practicado la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, sin haber desembolsado íntegramente el capital social, sería causa de nulidad de la sociedad conforme al nuevo artículo 16,1 d) de la Ley de limitadas.
     La importancia de este aspecto queda reflejada en el artículo 1 de la Ley, al disponer: «En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital, que estará dividido en participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de uno o varios socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales».
     Tales aportaciones sociales pueden ser dinerarias o no dinerarias, en cuyo régimen jurídico la Ley introduce modificaciones importantes.
     Sin perjuicio de que esta materia será objeto de desarrollo más completo y pormenorizado en otra parte de esta obra, creo necesario resaltar:
     1. En sede de las aportaciones dinerarias: ahora se exige acreditar su realidad al Notario autorizante de la escritura de constitución o de aumento de capital mediante la entrega de la certificación del depósito de las cantidades a nombre de la sociedad en una entidad de crédito, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella (artículo 19.2 de la nueva Ley).
     En claro contraste al régimen hasta ahora vigente, conforme al cual bastaba la manifestación conjunta de todos los socios fundadores contenida en la escritura, de que «el importe de cada una de las participaciones sociales asumidas había quedado íntegramente desembolsado e ingresado en efectivo en la Caja Social».
     El nuevo régimen es prácticamente idéntico al de los artículos 40 de la LSA y 132 del RRM, salvo la mejora técnica, de la actual Ley, al utilizar la expresión «certificación» en vez de «resguardo o certificación del depósito».
     Conforme a la doctrina sentada por la DGRN en su Resolución de 3 de diciembre de 1992 (BOE de 4 de febrero de 1993, sobre aumento de capital), el nuevo artículo 19.2 párrafo segundo, establece un límite de vigencia de dos meses, entiendo de caducidad, a la certificación acreditativa a contar de su fecha, con la cautela de que entre tanto no transcurra el período de vigencia, la cancelación del depósito por quien lo hubiera constituido exigirá la previa devolución de la certificación a la entidad de crédito emisora.
     Es interesante recordar, como señaló en sede de sociedades anónimas la DGRN en Resolución 29 de junio de 1993, que los ingresos en cuenta corriente abierta a nombre de la Sociedad en entidad de crédito pueden efectuarse por la propia compañía beneficiaria, después de que los socios hayan realizado la aportación del efectivo en la Caja social.
     2. Aportaciones no dinerarias: reguladas en el nuevo artículo 20 de la Ley de limitadas, cuyo número primero tiene un contenido similar al del artículo 174-7.º del RRM; y el número segundo se remite a lo dispuesto en el artículo 39 de la LSA (que por otro lado prácticamente coincide con el antiguo artículo 8 de la LSRL de 1953).
     Por el contrario, no se remite la nueva Ley de limitadas al artículo 38 de la LSA, que como sabemos impone la exigencia de la previa determinación del valor del bien aportado, por un experto independiente designado a tal fin por el Registrador Mercantil. Aunque el artículo 21.5 permite que tal valoración se realice, al igual que en anónimas, con la importante consecuencia de exonerar de responsabilidad a los socios aportantes.
     La justificación, de no exigir como regla general la valoración independiente, a decir de la Exposición de Motivos, es «la preocupación por la flexibilidad del régimen -para las limitadas- más sencillo y menos costoso que el de las sociedades anónimas».
     A lo cual hay que añadir, desde el punto de vista normativo, que la exigencia de verificar la realidad y cuantía de las aportaciones sociales viene impuesta por la Segunda Directiva comunitaria (sobre fundación, protección y modificaciones del capital social, particularmente la garantía de efectividad de dicho capital en el momento de la constitución), que no afecta a las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
     En pago de las aportaciones realizadas por los socios con las cuales se conforma el patrimonio social y desembolsa íntegramente el capital, reciben o asumen los socios fundadores una o varias participaciones sociales.
     Las cuales, según el artículo 5 de la nueva Ley, serán:
     - Iguales, con las excepciones expresamente establecidas en la Ley, esto es, salvo que los estatutos prevean diferencias en sede de derecho de voto, artículo 53.4; derecho al dividendo, artículo 85 <<9>> , y derecho a la cuota de liquidación, artículo 119.1 de la nueva Ley.
     Precepto éste que es objeto de especial comentario en la parte correspondiente a esta obra, al cual me remito <<10>> .
     - Acumulables, es decir, a diferencia de otras legislaciones, como por ejemplo la alemana, no se establece el régimen de participación única, esto es, cada socio sólo asume una participación, en su caso, desigual en la sociedad, a modo de cuota social; por el contrario, fiel a nuestra tradición, queda sujeto a la voluntad de los socios la distribución o división del capital en participaciones sociales y por tanto la indicación de su valor nominal, concepto este último que como veremos emplea expresamente el artículo 13, e) de la nueva Ley.
     - Indivisibles, en caso de copropiedad de una o varias participaciones sociales, conforme al artículo 35 de la nueva Ley, los condueños habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.
     - No tienen el carácter de valores (artículo 5.2 de la Ley), y no pueden, por tanto, estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones (al igual que lo dispuesto en el actual artículo 4).
     En este sentido no es un valor negociable conforme a la Ley reguladora del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988; y el R. D. 29/1992, de 27 de marzo, sobre emisión y ofertas públicas de venta de valores, que expresamente excluye a las participaciones de la relación de valores negociables, artículo 2.2 a).
     Sin embargo, a efectos fiscales, la transmisión de participaciones sociales queda asimilada íntegramente al de las acciones, vía artículo 108 de la Ley de Mercado de Valores (en redacción dada por la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 6 de junio de 1991); así lo entendió la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda en consulta evacuada con mero carácter informativo el 15 de junio de 1989; y hoy, con absoluta rotundidad, lo establece expresamente la Disposición Adicional Cuarta de la nueva Ley de limitadas.
     Como novedad de la Ley, artículos 12.2 c) y 13 e), exigen «la numeración correlativa de las participaciones»; requisito que no supone la cosificación o movilización alguna de participación social, ni por tanto, cualquier atisbo de conversión en títulovalor o valor negociable.
     Entiendo que esta exigencia, la cual en gran número de casos viene ya cumpliéndose en la práctica notarial, responde a una necesidad práctica de perfecta identificación de la cuota o parte que corresponde al socio de una sociedad de responsabilidad limitada, a efectos de su disposición, gravamen y régimen tributario <<11>> .
     d) Los estatutos sociales.
     En la nueva Ley de limitadas se distingue expresamente entre Escritura y Estatutos sociales, de igual manera que en la sociedad anónima (artículos 8 y 9 TRLSA), y a diferencia de la regulación previgente, Ley de 1953 y reforma de 1989.
     La falta de distinción en su día se pretendió justificar en un afán de simplificar la constitución, pese a lo cual la práctica notarial consagró ambos conceptos, y así la DGRN, ya en su Resolución de 9 de noviembre de 1951, decía que en las sociedades de responsabilidad limitada se podía distinguir entre menciones relativas al «contrato de sociedad» y menciones concernientes a los «estatutos».
     Técnicamente -como señaló en sede de sociedad anónima RODRÍGUEZ ADRADOS (en obra citada, pág. 86, respecto a la sociedad anónima)-, no es correcta la distinción entre escritura, artículo 12, y estatutos, artículo 13, por cuanto la escritura es el documento notarial que contiene tanto al contrato como a los estatutos sociales, como reconoce el propio artículo 12.2.d) de la nueva Ley de limitadas.
     En efecto, lo que procede, es discernir -como señala BOLAS, en «La Sociedad de Responsabilidad Limitada. Comentarios a la Ley, tras la reforma de 25-VII-89 y el Reglamento del Registro Mercantil de 29-XII-89», pág. 83- nítidamente entre menciones contractuales, esto es, las que despliegan sus efectos desde el momento de la celebración del contrato social y cuya modificación exige unanimidad de los socios fundadores, y menciones estatutarias, es decir, las que no miran al nacimiento, sino que regulan el funcionamiento de la sociedad y por ello están llamadas a surtir efectos durante la vida de la sociedad, sujetas al régimen de modificación por mayoría cualificada, antes artículo 17, hoy artículo 53 de la nueva Ley.
     e) Determinación del modo concreto de organización inicial del órgano de Administración de la sociedad en caso de que los Estatutos prevean diversas alternativas al efecto; y en todo caso la identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y de la representación social (apartados e y f del artículo 12 de la nueva Ley de limitadas).
     La Ley de reforma y adaptación de 25 de julio de 1989 estableció un régimen igual para las sociedades anónimas y las limitadas (artículo 11 LSRL) al exigir: de un lado, en las respectivas escrituras de constitución, la indicación de las personas que se encarguen inicialmente de la administración y representación social, artículos 8. f) de la LSA y 7. 8.º de la LSRL, y de otro, en los Estatutos sociales, para las anónimas, y en la propia escritura de constitución, para las limitadas, «La estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad.... de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en el Reglamento del Registro Mercantil...»; extremo que reitera el artículo 174.8.º del RRM.
     Gran número de tratadistas interpretaron las normas transcritas, de forma rigurosa, en el sentido de exigir que la escritura de constitución contuviera el nombramiento de los administradores y la determinación concreta de una de las posibles configuraciones del órgano de administración que reglamentariamente ofrecía el artículo 124 <<12>> .
     Criterio que contó a su favor con el pronunciamiento reiterado de la DGRN en sus conocidas Resoluciones de 27 y 28 de febrero de 1991, en las que no se admitió la utilización de fórmulas alternativas.
     Con ello se proscribía la práctica notarial y registral seguida con anterioridad a la reforma de 1989 de recoger en los Estatutos sociales todas las diversas posibilidades de organización de la Administración social, para luego dejar a consideración de la Junta de socios con motivo de proceder al nombramiento de las personas o personas que habrían de encarnar dichos órganos, optar por una u otra posibilidad, de modo que, de un lado, no era preciso alterar la redacción estatutaria (con las ventajas prácticas de sencillez, evitación de errores y costes que ello implicara), y de otro, respecto a la publicidad de la nueva configuración de la Administración, quedaba cubierta, vía inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil.
     Por lo que el sistema de seguridad jurídica no sufría merma alguna y al mismo tiempo se facilitaba la adaptación de la estructura administrativa de la sociedad a sus cambiantes necesidades (posibilidad que vino avalada por la Resolución de la DGRN de 26 de noviembre de 1980, que fundamentaba la admisión, al igual que CÁMARA, en los artículos 11.h de la LSA de 1951 y 102 del RRM de 1959).
     Hoy los artículos 13.f y 57 de la nueva Ley de Limitadas permiten que los estatutos puedan establecer distintos modos de organizar la administración (esto es, un administrador, varios administradores, que actúen solidaria o conjuntamente, o un Consejo de Administración formado por un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros), atribuyendo a la Junta General la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos, sin necesidad de modificación estatutaria.
     Constituye, por tanto, esta norma una importante diferencia respecto al régimen de la sociedad anónima -salvo que por los autores y la DGRN se realice una interpretación como la que propugnamos en su día-; que a mi juicio significa una importante ventaja desde el punto de vista de la práctica jurídica y comercial; y de otro una mejora técnica en la relación de opciones organizativas, respecto a la redacción del desafortunado artículo 124 del RRM.
     No procede extenderme sobre estos extremos, toda vez que son objeto de estudio específico en otras partes de esta obra.
     La segunda de las menciones a la que antes aludía, esto es, la identidad de las personas que van a integrar el órgano de administración y representación social determinado en los estatutos o bien prefigurado alternativamente, requiere diferenciar algunos aspectos:
     1) Las circunstancias identificadoras, de la persona o personas, física o jurídica, se efectuará conforme a los datos requeridos para toda inscripción por el artículo 38 del RRM (al cual ya he aludido a propósito de la constatación registral de los socios fundadores, a cuyo comentario me remito).
     Tratándose de administradores que sean personas jurídicas, es necesario para la inscripción del nombramiento, conforme al artículo 143 del RRM, conste la identidad de la persona física que aquélla haya designado como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo; con aplicación a estos efectos del tracto sucesivo, ex artículo 11 del RRM.
     2) La capacidad para ser designado Administrador, en principio y salvo disposición contraria de los estatutos sociales (artículo 58.2 de la nueva Ley), no exige la cualidad de socio; rigen, por tanto, las normas generales y tradicionales en este punto, esto es, artículo 58.3 de la Ley, de igual contenido que el artículo 124 de la LSA, el cual ya era aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada (vía remisión del artículo 15 de la Ley según redacción de 1989).
     A estos efectos debemos tener en cuenta:
     - No pueden ser administradores los menores de edad emancipados, al no tener capacidad para ejercer el comercio, conforme a la doctrina sentada por la DGRN en Resolución de 24 de febrero de 1986.
     - Las incompatibilidades legales, contenidas en la Legislación del Estado y Comunidades Autónomas (así, Ley 25/1983, de 23 de diciembre, de carácter general; Ley 7/1984, de 14 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Madrid; y Ley 19/1988, de 12 de julio, sobre Auditoría de Cuentas, que establece la incompatibilidad entre el cargo de auditor y administrador de la misma sociedad).
     - La prohibición de concurrencia del nuevo artículo 65 de la nueva Ley, el cual amplía el ámbito de la restricción al decir: «1. Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social» frente a la anterior expresión del antiguo artículo 12, «el mismo género de comercio».
     Salvo que esta prohibición de competencia sea excluida por acuerdo de la Junta General, en quien reside tal posibilidad, en exclusiva (artículo 44.c), con mayoría reforzada (artículo 53.2 b); y en cuya sesión, si el Administrador es socio, no podrá ejercer su derecho de voto, al existir conflicto de intereses, conforme al artículo 52 de la nueva Ley.
     3) En la Ley previgente existían diferencia de trato en orden a la destitución de los administradores sociales, según fueran designados en la escritura f u n d a c i o n a l , para lo que se exigía acuerdo con mayoría reforzada del antiguo artículo 17 de la Ley; o con posterioridad, para cuyo cese bastaba acuerdo mayoritario (antiguo artículo 13 de la LSRL); lo cual implicaba, para algunos autores, una auténtica antinomia, con respecto a la previsión del artículo 174.15 del RRM, de exigir que la escritura expresase y reflejase la inscripción si el nombramiento o nombramientos iniciales pueden ser revocados por los socios que representen la mayoría del capital social.
     El Proyecto de Ley, en su artículo 71, no establecía diferencias, y sujetaba el acuerdo de separación a la mayoría ordinaria del artículo 56.1, que no podrá ser modificada por los estatutos (esto es, votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos el veinticinco por ciento del capital social, sin computar los votos en blanco).
     Sin embargo, el texto definitivo de la Ley, artículo 68.2, permite que los Estatutos puedan exigir una mayoría superior a la ordinaria, pero sin que exceda de los dos tercios de votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social; por lo que la literalidad del artículo 174.15 del RRM debe entenderse modificada por el nuevo régimen establecido en la Ley.
     4) Aceptación.
     Es importante observar, como indica BOLÁS (Comentarios a la Ley..., obra citada, pág. 99), que en el régimen legal y reglamentario -tanto en la reforma de 1989, como en el actual- se parte de la exigencia de que al fundarse la sociedad exista realmente y esté en condiciones de funcionar con normalidad el órgano de administración. Por ello no será inscribible la escritura de constitución mientras no conste la aceptación del órgano de administración (artículo 141 del RRM), lo que obliga a distinguir diversos supuestos (tal y como indica dicho autor):
     1. Si se nombra un administrador único, varios mancomunados o dos solidarios, si han intervenido en la escritura para aceptar el cargo (bien por ser socios, bien pese a no serlo comparecieron a los únicos efectos de manifestar su aceptación), no hay problema; en otro caso será preciso acreditar la aceptación de los nombrados en forma legal.
     2. Si se nombraron dos o más administradores solidarios, será suficiente con la aceptación de dos de ellos.
     3. Si se nombró un Consejo de Administración será necesario contar con la aceptación de al menos tres consejeros.
     Si en la propia escritura, una vez designados los miembros del Consejo de Administración, éstos celebran sesión y designan en su seno los cargos y delegan facultades, se plantea el problema de la representación de un consejero en la reunión del Consejo. La nueva Ley de limitadas nada dice al respecto, por lo que en primer lugar habrá que estar a lo dispuesto en los estatutos; mientras que la LSA, artículo 139, a diferencia de otras legislaciones extranjeras, la admite; y el artículo 97.4.º del RRM la limita a que el representante sea otro consejero (al habla de la representación del consejero por otro miembro del Consejo; pese a que algún autor, como LORA-TAMAYO RODRÍGUEZ -«Elevación a público de los acuerdos sociales», Anales de la Academia Sevillana del Notariado, tomo VII, pág. 201-, considere que es una extralimitación de la norma reglamentaria frente a la Ley).
     Otras estipulaciones de la escritura de constitución El artículo 12.3 de la nueva Ley concluye reconociendo un amplio ámbito a la autonomía de la voluntad de los socios fundadores, al disponer: «En la escritura se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los socios juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad de responsabilidad limitada».
     Ha sido tradicional reconocer, a modo de cláusula de cierre, tanto en anó-nimas (artículo 10), como en limitadas (artículo 7.10 de la Ley de 1953), a los socios la autonomía para determinar otras pactos o condiciones; siempre con el límite de lo ordenado en las leyes o de la Ley especial, como respectivamente aluden las dos normas reseñadas. No obstante, el TRLSA de 1989 añadió otro límite, esto es, no contradecir los principios configuradores de la sociedad anónima, exigencia que el artículo 174.14 del RRM consideraba predicable a las sociedades de responsabilidad limitada.
     La actual redacción de la nueva Ley de limitadas supone, de un lado, una mejora técnica por la expresión «leyes» en minúscula y plural; toda vez que la idea de ordenamiento jurídico prevista, entre otros, por el artículo 9 de la Constitución no admiten una consideración de las normas imperativas en compartimentos estancos; y de otro, da rango normativo de ley, a la previsión del RRM, al remitirse a dichos principios como límite a la autonomía de la voluntad de los socios fundadores.
     Con ello, el texto definitivo de la Ley de limitadas sigue el régimen ya vigente en anónimas (ex artículo 10), y en las propias sociedades limitadas (artículo 174.14 del RRM); rectificando, desde su paso por el Congreso de los Diputados, el inicial criterio del Proyecto de Ley del Gobierno, que no reconocía expresamente este límite <<13>> .
     Son múltiples las estipulaciones que pueden ser fruto de esta autonomía de la voluntad, sin que pueda hacer referencia a todas ellas; pero sin precisar:
     1) La posibilidad de sujetar la constitución de la sociedad a las determinaciones accesorias de la voluntad, esto es, término final, al cual alude el artículo 118.2 del RRM; término inicial o condición suspensiva. En estos dos últimos casos, a decir de la doctrina dominante (BOLÁS, Comentarios a la Ley..., obra citada, pág. 95), la inscripción en el Registro Mercantil quedará diferida al cumplimiento del plazo o de la condición.
     2) La atribución a los administradores, facultades para la fase anterior a la inscripción o la concesión de poder específico a tal fin por todos los socios fundadores, a efectos de vincular plenamente a la sociedad, conforme al artí-culo 15 de la LSA (aplicable limitadas por remisión expresa de la Ley de limitadas, antes artículo 6, hoy artículo 11.3 de la nueva ley).
     3) La solicitud de inscripción parcial del título, esto es, escritura de constitución, en el Registro Mercantil, al amparo del artículo 63 del RRM.
     3.º Pese a lo que a primera vista pueda parecer una discrepancia entre el tenor literal del artículo 12.3 de la Ley que circunscribe como el lugar destinado a recoger los demás pactos o condiciones, «la escritura», mientras el artí-culo 174.14 del RRM lo remite a los «estatutos sociales»; entiendo que la concreta ubicación de las determinaciones de los fundadores vendrá dada por su propia naturaleza estrictamente estatutaria o no <<14>> .
     
Artículo 13. Estatutos
     En los estatutos se hará constar, al menos:
     a) La denominación de la sociedad.
     b) El objeto social, determinando las actividades que lo integran.
     c) La fecha de cierre del ejercicio social.
     d) El domicilio social.
     e) El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa.
     f) El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, en los términos establecidos en esta Ley.
     Menciones de la escritura de constitución relativas a los estatutos sociales El artículo 12.2 e) de la nueva Ley de limitadas señala que en la escritura de constitución «se expresarán: ... Los estatutos sociales».
     Al enjuiciar los Estatutos sociales debemos diferenciar entre el contenido que podemos llamar mínimo u obligatorio, básicamente el detallado en el nuevo artículo 13 de la Ley de limitadas; y el conformado por aquellas otras menciones que son el producto de la autonomía de la voluntad de los socios al optar por una u otra regulación en aquellos aspectos disciplinados por la ley con carácter dispositivo.
     Podemos decir, pues, que los estatutos sociales son configurados por la nueva Ley como una norma sencilla, esto es, basta que contengan las seis menciones determinadas en el artículo 13; pero al mismo tiempo es abierta, a una mayor extensión y complejidad, si los socios ejercen las opciones que la propia ley establece a lo largo de su articulado, de suerte que aquellas que no ejercite serán sus normas dispositivas, las que determinarán el régimen o criterio aplicable.
     Pero, como indicó la DGRN en resoluciones de 19 de mayo de 1983, 24 de enero de 1986 y 9 de diciembre de 1993 (BOE de 19 de enero de 1994 en sede de sociedades anónimas), no es necesario reproducir aquellos preceptos legales que tienen eficacia por encima de los estatutos sociales, aunque ha de evitarse que en caso de remisión o reproducción de la ley se omita una parte de la norma.
     A) Menciones obligatorias:
     Como dijimos, son las contenidas en el artículo 13 de la nueva Ley, es decir:
     a) La denominación de la sociedad e indicación de la forma social, esto es, sociedad de responsabilidad limitada.
     Respecto a esta última, se mantiene la expresión Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual para unos tiene escaso poder diferenciador, VICENT CHULIA (Compendio Crítico de Derecho Mercantil, I, pág. 513), y para otros, DE LA CÁMARA (Estudios de Derecho Mercantil, I, pág. 400) y BOLÁS (Comentarios a la Ley..., obra citada, pág. 38) es inexacta o incorrecta, pues la sociedad, único deudor por razón de las obligaciones sociales, responde de éstas con todos sus bienes presentes y futuros (artícul. 1.911 del C. c.), siendo por tanto su responsabilidad ilimitada, mientras que los socios no responden de las obligaciones sociales, ni limitada ni ilimitadamente.
     A decir de la Exposición de Motivos (primer párrafo del número II), se decide mantener el equívoco nombre de sociedad de responsabilidad limitada «por la tradición que tiene en el derecho español, no sin reconocer que dicho nombre ha podido constituir en el pasado un factor negativo a la hora de la elección de la forma social».
     Tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, bien surgida con tal carácter desde su constitución, bien devenida unipersonal, según el artículo 128.1 del Proyecto de Ley remitido por el Gobierno, debería añadir a la denominación, mientras subsista la situación de unipersonalidad, la expresión «sociedad unipersonal»; sin perjuicio de indicarlo también en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas.
     No obstante, la redacción definitiva de esta materia, dada por la Ley, artí-culo 126, en sede de «publicidad de la unipersonalidad», opta por dos vías distintas para hacer constar a terceros el carácter unipersonal de la sociedad, a saber, la publicidad derivada: a) de la escritura e inscripción en el Registro Mercantil; y b) en toda la documentación, correspondencia, notas de pedido, facturas y anuncios que haya de publicar la sociedad, legal o estatutariamente; sin necesidad de que se modifique la denominación social.
     El artículo 2.1 de la Ley de limitadas, con redacción similar al artículo 2 de la LSA, exige la constancia de la forma social a través de las expresiones «Sociedad de Responsabilidad Limitada», «Sociedad Limitada» o sus abreviaturas «S.R.L.» o «S.L.» <<15>> .
     En cuanto a la denominación social, la sociedad limitada, como entidad dotada de personalidad jurídica distinta a la de cada uno de sus miembros, requiere ser identificada en el tráfico jurídico, lo que se verifica imponiendo a sus fundadores la obligación de señalar tal nombre.
     La elección del título o denominación o razón social corresponde a los socios fundadores, a quienes se les confiere una libertad casi absoluta, con respeto a los limites contenidos en los artículos 2 de la nueva Ley, y 363 a 373 del RRM (a los cuales se remite expresamente el número 3 de aquél; y que han sido desarrollados parcialmente por Orden de 30 de diciembre de 1991, en lo relativo a la expedición de certificaciones por la Sección de Denominaciones).
     Preceptos reglamentarios que no presentan novedad alguna, ya que eran aplicables a la sociedad de responsabilidad limitada, tanto vía remisión del artículo 177 del RRM, como del propio tenor de sus artículos 360 y siguientes, los cuales -como indicó la DGRN en R. de 19 de noviembre de 1993 (BOE de 17 de diciembre)- «son desarrollo del Título II del Libro I del Código de comercio, en la medida que regula el acceso al Registro Mercantil de las Sociedades y actos relativos a las mismas de obligatoria inscripción según los artículos 16.1, segundo, y 22.2 de aquel Código, y también de las leyes especiales reguladoras de unas y otros».
     Todo ello objeto de consideración en otra parte de esta obra, a la cual me remito; tan sólo indicar que la no expresión en la escritura de constitución o en los estatutos sociales de la denominación -pese a lo insólito de tal posibilidades causa de nulidad de la sociedad inscrita, conforme al artículo 16 de la nueva Ley de limitadas, y artículo 34.b del TRLSA.
     b) Objeto social.
     Especifica el artículo 13 b) de la nueva Ley de Limitadas, «determinando las actividades que lo integran»; expresión que si es novedad respecto a la redacción del antiguo artículo 7.3.º de la Ley de 1953, no lo es en cuanto al régimen posterior a la reforma de 1989, toda vez que así lo exige el artículo 117 del RRM, al que se remite en sede de sociedad limitada el artículo 174.3 del mismo Reglamento. Es por ello que en este punto no existen diferencias con el régimen tanto de la sociedad anónima como con el ya aplicable a la limitada, desde la reforma de 1989, tan sólo recordar:
     1.º El objeto podrá ser de cualquier clase, civil o mercantil, a tenor del artículo 3 de la nueva Ley de limitadas, que al igual que su homónimo de la LSA atribuye carácter mercantil a la sociedad cualquiera que sea su objeto.
     Coherentemente con ello, el nuevo artículo 87.2 de la Ley contempla la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada en sociedad civil, cuando el objeto de aquélla no sea mercantil.
     2.º La índole de las actividades que integran el objeto puede determinar la aplicación de normas especiales.
     3.º La determinación del objeto social tiene importantes repercusiones a efectos del límite a la prohibición de concurrencia del actual artículo 65 (anterior artículo 12); así como en orden a las facultades representativas de los administradores (ex artículos 129 de la LSA y 11 de la LRSL de 1953 y hoy artículo 63 de la nueva Ley de limitadas); de tal suerte que, si en los estatutos se contienen limitaciones a tales facultades representativas, ha de indicarse expresamente el mero carácter interno de las mismas, esto es, sin eficacia frente a quienes contraten con la sociedad, para su inscripción en el Registro Mercantil; como tiene afirmado la DGRN en numerosas Resoluciones, tales como las de 13, 14 y 15 de octubre de 1992 (BOE de 11 de noviembre) y 2 de diciembre de 1993 (BOE de 4 de febrero de 1994).
     4.º La expresión del objeto ha de ser determinando la o las actividades que lo integran de forma precisa y sumaria (artículos 13 b de la nueva Ley y 117 del RRM), con proscripción de las expresiones omnicompresivas; aunque cabe la expresión de las auxiliares o complementarias; pero no la inclusión de los actos jurídicos concretos de desarrollo de ese objeto.
     De este modo, la DGRN en diversas resoluciones ha indicado:
     - Que no puede integrar el objeto social de una sociedad limitada el «desempeño y ejecución de toda clase de encargos y representaciones de confianza que se le confieran y otros actos que impliquen gestión a nombre y por cuenta de terceros en la vida económica o mercantil, por chocar con limitaciones legales»; resolución de 15 de diciembre de 1993 (BOE de 18 de enero de 1994).
     - No satisface la exigencia legal de una precisa determinación del ámbito de la actividad social -ex artículos 117 y 174 del RRM y 7.3.º de la LSRL 1953- el objeto consistente:
     a) En «la gestión y explotación de toda clase de bienes incluidos en su patrimonio sean muebles o inmuebles, su alquiler o venta»; resolución de 25 de julio de 1992 (BOE del 14 de octubre).
     b) O en «la contratación, ejecución y promoción por cuenta propia o ajena de cualesquiera clases de servicios»; Resolución de 13 de octubre de 1992, (BOE de 11 de diciembre).
     - Por el contrario, es admisible la actividad de financiación como accesoria o medio de realizar las actividades del objeto social; resoluciones de 11 y 12 de noviembre de 1993 (BOE del 10 de diciembre).
     5.º Respecto a las sociedades de profesionales, quienes frecuentemente acuden a figura de la sociedad de responsabilidad limitada, dados los límites temporales de esta exposición, no puedo extenderme en su completa problemática, la cual, por otro lado, ha sido recientemente expuesta con la maestría que le caracteriza por mi compañero JOSÉ LUIS MEZQUITA DEL CACHO («Las sociedades de profesionales», Anales de la Academia Sevillana del Notariado, tomo VII, págs. 343 y siguientes, en especial las 392 a 418), a la cual me remito; todo lo más por mi parte recordar la doctrina emanada por la DGRN en sus Resoluciones de 2 de junio 1986 y 23 de abril de 1993 (BOE del 3 de junio), que impone diferenciar entre:
     - Las sociedades mercantiles que adoptan como objeto social una actividad que por imperativo legal está reservada en exclusiva a una determinada categoría de profesionales, quienes deben desempeñarla con carácter estrictamente personal. Y por tanto no admisibles, como en el caso de la última resolución mencionada, cuyo objeto era «la actividad profesional de los Arquitectos».
     - Y aquellas otras sociedades que más bien son mediadoras, en el sentido de no proporcionar al solicitante la prestación que está reservada al profesional, sino servir no sólo de intermediaria para que sea este último quien la realice, sino también de coordinadora de las diferentes prestaciones específicas.
     Las cuales son perfectamente admisibles.
     6.º Pese a que el artículo 13 b) de la nueva Ley de limitadas nada precisa al respecto, por imperativo del artículo 117.4 del RRM, «si se pretendiera que las actividades integrantes del objeto social puedan ser desarrolladas por la sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de p a r t i -cipaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo, se indicará así exp r e -samente».
     A decir de DUQUE («Escritura, estatutos y límites a la libertad estatutaria en la fundación de sociedades anónimas», pág. 57), en esta mención estatutaria se ha dado entrada en el ordenamiento español y se ha legalizado la existencia de sociedades holding: en sus dos modalidades, de holding pura o de holding mixta.
     A mi juicio, sustantivamente no es más que una manifestación de la capacidad general y plena que a toda persona jurídica reconoce nuestro Derecho; y formalmente, no es sino una concreción más del objeto social con los efectos que antes hemos reseñado. Todo lo más con el añadido de dar publicidad a la posibilidad de que la sociedad en cuestión pueda llegar a ser cabeza de «un grupo de sociedades», en su caso, con la obligación de presentar las cuentas consolidadas conforme a los artículos 42 y siguientes del Código de comercio.
     Pero que como señaló la DGRN en su resolución de 1 de diciembre de 1993 (BOE de 28 de diciembre), no es preciso indicar que la sociedad al desarrollar de modo indirecto el objeto social, ex artículo 117 RRM, se trate de sociedades de idéntico o análogo objeto. Es decir, como ya declarara la Resolución de 25 de noviembre de 1991, no es necesaria una previsión específica que ampare su desenvolvimiento de modo indirecto a través de otras Entidades de objeto similar, dado que los Administradores de la Sociedad, por el solo hecho de su nombramiento, quedan facultados para la realización de todos los actos jurí-dicos encaminados a la consecución del fin social.
     Sin que el silencio en torno a este ejercicio indirecto del objeto social excluya su posibilidad.
     Y sin que su expresa prohibición inscrita en el Registro Mercantil tenga otro alcance que el interno ineficaz frente a terceros, en aplicación del artículo 129 de la LSA (recordemos en sede de limitadas, artículo 63 de la Ley, que tiene idéntico tenor que aquél).
     No obstante, de existir, esta previsión estatutaria, el artículo 117.4 del RRM ampara su inscripción, pero sin que ello tenga otro alcance que el meramente aclaratorio o explicativo, ni por tanto esa previsión tenga que ajustarse a la dicción literal de la norma reglamentaria.
     Por último, en cuanto a la adquisición de acciones o participaciones de otra sociedad con objeto distinto, la doctrina de la DGRN se encuentra básicamente contenida en su importante Resolución de 8 de junio de 1993 (BOE de 23 de agosto): al decir que esta adquisición no implica necesariamente para aquélla una actuación ajena a su objeto social; si bien supone la dedicación de parte del patrimonio de la entidad a una actividad distinta de la delimitada en su objeto; por lo que habrá de estarse al caso concreto para apreciar si existe o no extralimitación del objeto social y aplicar las soluciones jurídicas que resulten pertinentes.
     Un último requisito debe contener el objeto social, a saber, su licitud, exigencia que como indica RODRÍGUEZ ADRADOS («Constitución y nulidad de la Sociedad Anónima», Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo XXX, volumen I, pág. 92), hay que ir a buscar a la Constitución, artículo 22, y al Código civil, artículos 1.666, 1.271 y 1.255; requisito que adquiere particular relevancia al ser causa de nulidad de la sociedad, no sólo la no expresión en la escritura de constitución o en los estatutos sociales del objeto social (artículo 16.1,e de la nueva Ley de limitadas), sino también «por resultar el objeto social ilícito o contrario al orden público», artículo 16.1.c) de la nueva Ley de limitadas (igual para sociedades anónimas, artículo 34, a) y b) del TRLSA, el cual era ya aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada, vía remisión de su antiguo artículo 6).
     c) La fecha de cierre del ejercicio social.
     Esta mención no aparecía en la Ley de 1953, artículo 7, ni siquiera en el Anteproyecto del Ministerio de Justicia publicado en su Boletín informativo del día 25 de junio de 1993; pero sí en el artículo 174.12 del RRM, el cual añade: «A falta de previsión específica, se entenderá que el ejercicio social termina el 31 de diciembre» (en el mismo sentido, artículo 9. j) TRLSA). Bien es cierto que el texto aprobado por el Congreso de los Diputados introdujo esta última precisión; mas la redacción definitiva de la Ley, resultante de su paso por el Senado, elimina tal expresión, pero se mantiene inalterada la norma del RRM, por lo cual entiendo que, pese a la discrepancia de redacciones, esta previsión reglamentaria es perfectamente válida, toda vez que la omisión de la fecha de cierre del ejercicio no es contemplada por la propia nueva Ley como causa de nulidad de la sociedad, ex artículo 16.
     e) El domicilio social.
     El antiguo artículo 7.5.º exigía la constancia no sólo de aquél, sino de «los lugares en que la sociedad vaya a establecer sus sucursales, agencias o delegaciones». Exigencia esta última que venía inalterada desde la Ley de 1953, con duras críticas por la doctrina, por cuanto obligaba a anticipar decisiones de futuro (que formalmente se cumplían con una simple referencia a todo el territorio nacional en este sentido, CABANAS TREJO, obra citada, pág.
     31); de ahí que el RRM de 1989, artículo 174.5.º, dulcificara el requisito, conformándose con la indicación del «órgano competente para decidir la creación, supresión o traslado de las sucursales», sin que fuera por tanto necesario señalar los lugares precisos o concretos. (En este sentido, BOLÁS, Comentarios a la Ley... obra citada, pág. 96).
     Hoy, el artículo 13 d) de la Ley sólo exige la constancia mínima obligatoria del «domicilio social».
     Y el artículo 7 de dicha norma, con igual tenor literal del artículo 6 del TRLSA, elimina la libertad de la que gozaban antes los socios en orden a determinar el domicilio social, imponiendo que la sociedad de responsabilidad limitada fije su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación; cuyo incumplimiento sanciona con la posibilidad de que los terceros puedan considerar como domicilio el inscrito en el Registro Mercantil (y por tanto el estatutario), o bien el real.
     Y el artículo 8, relativo a las sucursales, con una mejor técnica, se limita, después de reconocer el derecho a establecer sucursales en cualquier punto del territorio nacional, a prever que «salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será el competente para acordar la creación, la supresión o el traslado de las sucursales».
     Con ello, la no expresión en la norma estatutaria del órgano a quien se le confiera estas facultades sobre las sucursales no se considerará a partir de ahora como defecto que impida su inscripción en el Registro Mercantil, en contra de lo que, en base a la actual regulación, señaló la DGRN en su Resolución de 12 de marzo de 1991.
     e) El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa.
     El antiguo artículo 7.6.º de la Ley de 1953, completado con el artículo 174.6.º del RRM, exigían la mención del capital social, expresado en pesetas, y el número de las participaciones en que se divida.
     Hoy, como ya comentamos, se indica el valor nominal y la numeración correlativa; y se mantiene la exigencia introducida en la reforma de 1989 de un capital no inferior a quinientas mil pesetas, el cual se expresará precisamente en esta moneda y desde su origen habrá de estar totalmente desembolsado (artículo 4 de la nueva Ley, antes 3). Recordar que es causa de nulidad de la sociedad inscrita la no expresión en la escritura de constitución o en los estatutos sociales de la cuantía del capital social, o el no haberse desembolsado íntegramente el capital social, artículo 16.1 e) y d) de la nueva Ley (y 34 b) de la LSA, aplicable ya a limitadas en base a la remisión contenida en el anterior artículo 6).
     Para el ejercicio de determinadas actividades sociales, las leyes especiales exigen unas cifras mínimas de capital social (así, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada dedicadas a Agencias de Viajes).
     Por el contrario, no se establece ningún requisito de adecuación entre capital social y necesidades impuestas por el desarrollo de las actividades que integran el objeto social; es decir, para evitar lo que CÁMARA (El contrato de sociedad: ¿Crisis del concepto?, pág. 464, nota 29) denomina el fenómeno tí-pico de nuestro tiempo, cual es la constitución de sociedades que se crean con un capital exiguo en relación con el objeto que se proponen desarrollar, y aun totalmente desproporcionado al tipo de actividad económica que corresponde a su objeto social.
     La jurisprudencia española, desde hace varios años, viene aceptando la posible desestimación de la personalidad jurídica (ss. 28 de mayo de 1984, 16 de julio de 1987, 24 de diciembre de 1988 y 5 de julio de 1991), pero no ha abordado el tema de la infracapitalización de la sociedad y sus consecuencias judiciales para los acreedores; frente a lo cual se ha defendido por la doctrina, por ejemplo CÁMARA (obra citada, pág. 465), la posibilidad de declarar responsables personalmente de las deudas de la Sociedad a los accionistas o socios dominantes.
     El Anteproyecto de Ley de sociedades de responsabilidad limitada -antecedente inmediato del texto que hoy comentamos-, mostraba su preocupación sobre la materia, a decir de su Exposición de Motivos (apartado VII):
     «Aunque no venga impuesta por el derecho comunitario, no parece dudosa la necesidad de afrontar el tema de la infracapitalización de sociedades... La experiencia pone de manifiesto cómo la ausencia de legislación específica en esta materia viene ocasionando consecuencias muy negativas... en las suspensiones de pagos y en las quiebras de sociedades; los socios y administradores se convierten, con demasiada frecuencia, en los principales beneficiarios de las crisis económicas de la sociedad, determinando con su voto el contenido del convenio o liquidación, al haberse provisto oportunamente de suficientes garantías de carácter real...»; de tal modo que mediante una disposición adicional introducía un nuevo capítulo en el T. R. de la LSA mediante los artículos 311 a 316, aplicable también por remisión expresa a las sociedades limitadas, artículo 128, bajo la rúbrica «De la postergación legal de créditos», con el efecto de postergar en caso de suspensión de pagos, quiebra o intervención administrativa en la liquidación, los créditos que, bien por sí o por persona interpuesta tuvieren frente a la sociedad los administradores o cualquier socio con participación superior al 10 por 100 o bien los concedidos por terceros con garantía de aquéllos.
     No obstante, este régimen novedoso no ha prosperado, de suerte que, conforme a los regímenes legales vigente y previgente, no hay más requisito que el de la cifra mínima de capital y no de adecuación entre actividades del objeto y capital social.
     Lo cual no ha impedido que esta cuestión llegara a plantearse ante la DGRN, por negativa de un Registrador Mercantil a inscribir una sociedad limitada cuyo capital estatutario respetaba el mínimo legal, pero que según el parecer del calificador no era suficiente para el desenvolvimiento del objeto social; resolviendo en Resoluciones de 23 de junio (BOE de 29 de septiembre) y 22 de septiembre de 1993, que «el Registrador Mercantil ha de ajustarse en su calificación al requisito legal ex artículo 3 de la LSRL de capital mínimo igual o superior a quinientas mil pesetas sin que pueda alegar desproporción entre capital y objeto social».
     f) El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, en los términos establecidos en esta Ley; artículo 13 f) de la nueva Ley de limitadas.
     Esta exigencia es una novedad respecto del texto del antiguo artículo 7 de la LSRL de 1953, pero no respecto del artículo 174.8.º del RRM, relativo a la primera inscripción de las sociedades de responsabilidad limitada, que exige las mismas menciones que para las sociedades anónimas, conforme a términos previstos en el artículo 124 del propio Reglamento.
     Es objeto de comentario en otra parte de esta obra el estudio pormenorizado del órgano de administración social, a cuyo contenido me remito expresamente; tan sólo precisar, lo siguiente:
     1.º Los estatutos sociales deben determinar la estructura del órgano de administración, y para ello pueden acoger bien una de las determinadas en el artículo 57.1 de la nueva Ley; o bien dos, tres o cuatro de estas posibilidades de modo alternativo, dejando a la consideración de la Junta la elección concreta, conforme al artículo 57.2 de la misma.
     En este último caso, como ya tratamos a propósito de las menciones de la escritura relativas al contrato social, será preciso, por imperativo del artículo 12.2 e) la determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la administración; mientras que en caso de ulterior elección por la Junta general, ésta adoptará el acuerdo sin necesidad de modificar los estatutos, lo cual implica por mayoría ordinaria, esto es, de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos una tercera parte de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social, artículo 53.1 de la Ley de limitadas.
     En cualquier caso, haya o no modificación de estatutos, es necesario el otorgamiento de la correspondiente escritura y su inscripción en el Registro Mercantil, conforme al artículo 57.3; de lo cual se hará la oportuna publicación en el Registro Mercantil, conforme a los artículos 386 y 353.7 del RRM.
     2.º La atribución estatutaria del poder de representación a los administradores se regirá por las previsiones establecidas en el artículo 62.2 de la nueva Ley; el cual es objeto de análisis, como dije, en otro capítulo de esta obra.
     Otras menciones de los estatutos sociales que no constituyen su contenido esencial Esto es, el conformado por aquellas otras menciones que son el producto de la autonomía de la voluntad de los socios al optar por una u otra regulación en aquellos aspectos disciplinados por la ley con carácter dispositivo.
     Entre las que podemos enunciar las siguientes posibilidades:
     1. Indicar otro órgano social que no sea el de administración para acordar l a creación, supresión o traslado de las sucursales (artículo 8.2).
     2. Fijar una fecha distinta para el comienzo de operaciones sociales, ya que si nada dicen los Estatutos, conforme al artículo 14.1 de la nueva Ley, se entenderá que éstas se inician el día del otorgamiento de la escritura de constitución.
     Posteriormente volveremos sobre esta materia, en sede del comentario de dicho artículo.
     3. Fijar la duración de la sociedad, ya que, a tenor del nuevo artículo 14.2, si los estatutos sociales guardan silencio al respecto, se entenderá que la sociedad tiene duración indefinida. Por tanto, ya no será necesario decir nada al respecto en los estatutos sociales, como hasta ahora era necesario, ex artículo 174.4.º del RRM (el cual debe entenderse en esto conforme a la norma legal).
     4. Establecer con carácter obligatorio, para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias, ex artículo 22, así como determinar su vinculación o no a la titularidad de una o varias participaciones sociales y la competencia de un órgano distinto que la Junta General, para conceder la autorización a la transmisión proyectada por el socio obligado a dichas prestaciones accesorias, de sus participaciones sociales, artículo 24.2. O sancionar el incumplimiento de la obligación de realizar prestaciones accesorias, con la exclusión del socio culpable, artículo 25.2.
     5. Limitar la transmisión voluntaria inter vivos de las participaciones sociales en favor de otro socio, del cónyuge, ascendiente, descendiente o sociedades del mismo grupo, artículo 29.1.
     6. Regular el régimen de la transmisión voluntaria por actos inter vivos, pues en caso contrario quedará sujeta a las normas supletorias que al respecto establece el artículo 29.2.
     7. Prohibir la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos, reconociendo al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento, artículo 30.3.
     8. Prohibir la transmisión voluntaria de las participaciones durante un período de tiempo no superior a cinco años, a contar desde la constitución de la sociedad, o desde la escritura de ejecución del aumento de capital, artículo 30.4 de la Ley; frente a igual posibilidad contenida en el artículo 123.4 del RRM, pero con duración máxima temporal de dos años y sólo referida a la constitución de la sociedad.
     9. Establecer en favor de los socios sobrevivientes un derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido, conforme al artículo 32.2 de la Ley.
     Ahora bien, lo que no es admisible es determinar estatutariamente los destinatarios de las participaciones del socio fallecido, por cuanto implica ordenar la sucesión del causante (así lo entendió la DGRN en Resolución de 13 de enero de 1984).
     10. Atribuir al usufructuario o al acreedor pignoraticio determinados derechos de socio, conforme a los artículos 36.1 y 37.
     11. Señalar a la Junta General otras competencias distintas de las relacionadas en el artículo 44 h), por ejemplo, ex artículo 57.2, la facultad de optar alternativamente por cualquiera de los distintos modos de organizar la administración; o reclamar la competencia de la junta para acordar el traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal, artículo 72.1.
     Igualmente puede prohibirse a la Junta General que imparta instrucciones al órgano de administración o someta a autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos de gestión, conforme al artículo 44.2.
     Ahora bien, lo que no cabe es establecer vía de ampliación de la competencia de la junta, limitaciones a las facultades representativas de los administradores con otra eficacia que la meramente interna (artículo 63).
     En este sentido se ha pronunciado la DGRN con relación al artículo 129, de igual tenor que el mencionado artículo 63 de la nueva Ley, en Resoluciones de 13, 14, 15 de octubre de 1992 (BOE de 11 de noviembre).
     12. Prever las fechas o períodos en los cuales los administradores deben convocar Junta General, artículo 45.2.
     13. Establecer un sistema distinto del previsto en el artículo 46.2 para la convocatoria de la Junta General, dentro de las posibilidades que ofrece dicho artículo.
     Es especial, respetando en cualquier caso un plazo de al menos quince días entre la fecha de celebración de la reunión y la convocatoria; criterio que está en sintonía con el expresado por la DGRN en Resoluciones de 9 y 10 de marzo de 1993 (BOE 19 de abril), 10 de junio de 1993 (BOE de 9 de junio) y 14 de julio de 1993 (BOE 25 de agosto).
     14. Excepcionar que, la Junta General deba celebrarse en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio, artículo 47.
     15. Admitir que el representante del socio en la Junta General sea una persona extraña a la sociedad, artículo 49.2.
     16. Determinar quiénes son o cómo se designan al Presidente y Secretario de la Junta General, artículo 50.
     17. En orden a la toma de acuerdos en Junta General, exigir el voto favorable de una proporción del capital superior a la establecida por la Ley, sin que pueda llegar a la unanimidad; así como reclamar además de la proporción de capital el voto favorable de un determinado número de socios.
     A excepción de los acuerdos relativos a separación de los administradores (que no puede exceder de las dos terceras partes de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social) y ejercicio de la acción de responsabilidad contra ellos, (para lo cual se exige mayoría ordinaria, sin que pueda ser alterada), artículo 53.3.
     18. Excepcionar el principio de igualdad de las participaciones sociales, estableciendo diferencias, en sede de los derechos: de voto, artículo 53.4; a los beneficios sociales, artículo 85; a la cuota de liquidación, artículo 119.1.
     19. Como ya apunté, establecer distintos modos de organizar la administración, atribuyendo a la Junta General la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos, artículo 57.2.
     20. Exigir la cualidad de socio para ser designado administrador de la sociedad, artículo 58.2.
     21. No admitir la designación de administradores suplentes, artículo 59 de la Ley, por lo que se aplicaría en toda su crudeza el principio unitario del cargo.
     No obstante, creo que no está vedado el establecer en los estatutos determinadas cautelas, tales como:
     - En caso de Consejo de Administración, atribuir el carácter de vicesecretario del mismo a todos los miembros que no ostenten otro cargo, como admitió la DGRN en Resolución de 14 de diciembre de 1993 (BOE de 18 de enero de 1994).
     - Admitir expresamente que el Consejo pueda delegar la facultad de convocar la Junta General al Presidente del Consejo de Administración, como reconoció la DGRN en Resoluciones de 20 de marzo de 1991 y 7 de diciembre de 1993 (BOE de 4 de enero de 1994).
     - Determinar la sustitución del Presidente y Secretario del Consejo de Administración en sus facultades certificantes por las personas con cargo inscrito e identificables ya por su cargo u otra circunstancia que conste en el Registro Mercantil, según Resolución de la DGRN de 30 de septiembre de 1993 (BOE 5 de noviembre).
     - Prever que ante el cese del Administrador único, entre automática u ocasionalmente a ocupar tal cargo otra persona determinada o determinable (Resolución citada en el apartado anterior).
     22. Establecer un plazo determinado o concreto de duración del cargo de administrador, pues en caso contrario lo es con carácter indefinido, artículo 60.1.
     23. Atribuir el poder de representación a uno o varios miembros del Consejo de Administración a título individual o conjunto, artículo 62.2 d).
     24. Señalar retribución a los administradores, eludiendo la aplicación de la gratuidad como norma legal subsidiaria, conforme al artículo 66.1 de la Ley.
     Hasta ahora, tanto para las sociedades anónimas como limitadas, era preciso fijar la retribución de los administradores en los términos exigidos por los artículos 124.3 del RRM y 130 de la LSA; de tal suerte que su omisión determinaba la no inscripción en el Registro Mercantil; hoy el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada varía sustancialmente, ya que ante el silencio de los estatutos rige sin más la previsión legal.
     25. Excluir la competencia del órgano de administración para trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal, Artículo 72.
     26. Reconocer la posibilidad de transmitir el derecho de asunción preferente de participaciones, en caso de aumento de capital, en favor de personas que por ley o por los estatutos tengan limitada la adquisición de participaciones sociales, artículo 75.3.
     27. Excluir la posibilidad de que el órgano de administración pueda, en caso de asunción incompleta por los socios del aumento de capital social, ofrecer las participaciones sobrantes a los socios que efectivamente hubieren ya ejercitado tal derecho de asunción preferente y, en su defecto, a personas extrañas, artículo 75.4.
     28. Establecer que ningún acuerdo de reducción del capital que implique restitución de sus aportaciones a los socios pueda llevarse a efecto sin que transcurra un plazo de tres meses, a contar desde la fecha en que se haya notificado a los acreedores, a efectos del ejercicio por éstos del derecho de oposición, artículo 81.
     29. Excluir el derecho del socio o socios que representen el cinco por ciento del capital social al examen de los documentos que sirvan de soporte y de antecedente a las cuentas anuales, artículo 86.2.
     A diferencia del régimen absolutamente imperativo del artículo 26 de la LSRL tras la reforma de 1989, que lo establecía en favor de cualquier socio.
     30. Establecer otras causas, además de las legales, de separación y exclusión de socios, artículos 96 y 98.
     31. Indicar otras causas de disolución de la sociedad distintas de las consignadas en la Ley, artículo 104.1 g).
     32. Excluir la conversión automática, en caso de disolución, de los Administradores en liquidadores, artículo 110.1.
     33. Determinar un plazo concreto de duración del cargo de liquidador de la sociedad, a fin de evitar su carácter indefinido, artículo 111.1.
     34. Imponer la actuación conjunta de los liquidadores al ejercitar su poder de representación, artículo 112.
     35. Establecer en favor de alguno o varios socios el derecho a que la cuota de liquidación le sea satisfecha mediante la restitución de las aportaciones no dinerarias u otros bienes, artículo 119.3 de la Ley.
     
Artículo 14. Comienzo de las operaciones y duración de la sociedad
     1. Salvo disposición contraria de los estatutos, las operaciones sociales darán comienzo en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución.Los estatutos no podrán fijar una fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura, excepto en el supuesto de transformación.
     2. Salvo disposición contraria de los estatutos, la sociedad tendrá duración indefinida.
     1. Fecha de comienzo de operaciones sociales Esta mención no venía recogida en la Ley de 1953, versión resultante de la reforma de 1989; aunque sí por el artículo 174.4.º del RRM con aplicación del límite contenido en el artículo 119.2 de dicho Reglamento (aplicable también a las sociedades anónimas) de no poder indicar una fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura de constitución, salvo en el caso de transformación.
     El Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno, y publicado en el Boletín de las Cortes Generales, del día 25 de enero de 1994, en su artículo 13 c), exigía como mención obligatoria de los estatutos sociales la determinación de «la fecha en que dará comienzo a sus operaciones»; con lo cual no constituía novedad la exigencia de tal mención, aunque se elevaba el rango normativo de la exigencia (antes reglamentario y ahora legal).
     No obstante, en el proceso parlamentario, en concreto en el Congreso de los Diputados, se modificó tal previsión; de tal modo que, en el texto aprobado por dicha Cámara y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 23 de noviembre de 1994, desaparece el contenido del proyectado apartado c) del artículo 13; y se amplía el texto del artículo 14, con la redacción definitiva, ya transcrita <<16>> .
     Por tanto, frente al criterio hoy vigente para las sociedades anónimas (a r t í c u -lo 119 del RRM) y el previgente para las limitadas, la nueva Ley no exige que se determine en los estatutos sociales la fecha de inicio de las actividades sociales, pues se entiende que ésta es la del día del otorgamiento de la correspondiente escritura de constitución; criterio que, por otro lado, es el mayoritario en la práctica. Tan sólo en el supuesto de que los socios deseen establecer un día diferente para comenzar las actividades que integran el objeto social, tal fecha será una mención obligatoria de los estatutos (en este sentido se debe entender modificada la exigencia del artículo 119 del RRM, en relación con los artículos 174 y 177 de dicho Reglamento).
     Igualmente se ha dado rango de ley a la norma importante contenida en el citado artículo 119 RRM, que como he dicho impide fijar el inicio de actividades sociales antes del día de la escritura de constitución.
     Por el contrario, al igual que antes, no hay inconveniente en que pueda fij a r s e como tal fecha una posterior a la del otorgamiento de la escritura de constitución, pudiendo diferirse tal inicio a un día concreto, a un plazo a contar desde una fecha determinada o bien al momento en que se cumplan los requisitos administrativos exigidos para poder desarrollar las actividades que integren el objeto social.
     En este sentido, sustantivamente, se mantiene idéntico el régimen previgente, desde la reforma de 1989, salvo la no exigencia material expresa de la fecha de inicio estatutaria cuando ésta coincide con el día del otorgamiento de la escritura de constitución; por lo demás, creo interesante recordar:
     a) Como ha señalado la DGRN en sus Resoluciones de 10 de junio y 13 de octubre de 1992 (BOE de 11 de noviembre), no hay incompatibilidad entre la fijación del momento de otorgamiento de la escritura constitutiva como fecha de comienzo de las operaciones y la exigencia de previa inscripción en el Registro administrativo correspondiente para el desenvolvimiento de la actividad principal de la Sociedad (en atención a la existencia de trámites imprescindibles encaminados a hacer posible en su día el desenvolvimiento de la actividad específica, así como la significación propia de la previsión estatutaria de la fecha de comienzo de las operaciones sociales como mera determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad social en el sentido amplio de esta expresión).
     b) La DGRN, en Resolución de 21 de abril de 1994, con motivo de una escritura de transformación en la cual estatutariamente se decía que la sociedad comenzaba sus operaciones «el día de la aprobación y elevación a público de estos Estatutos», afirmó literalmente: «Carece de sentido señalar una fecha de inicio de operaciones que, o bien se limita a reproducir hacia atrás la fecha en que comenzaron en su día antes de la transformación, o bien señalar hacia el futuro una fecha que, en rigor, no es de inicio, sino de continuación de la actividad societaria. No podría la voluntad social, ni ninguna otra circustancia, alterar la fecha de inicio de las operaciones sociales». Para concluir afirmando que la incorrecta dicción de los Estatutos no podía elevarse a la categoría de defecto obstativo de la inscripción. De donde se deduce que en la escritura de transformación social no es preciso indicar nada sobre el inicio de operaciones sociales.
     2. Duración de la sociedad El contenido actual del número 2 del artículo 14, que comentamos, ha pasado inalterado desde la redacción dada al mismo por el citado Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno. Constituye una norma que presupone legalmente lo que, sin duda, es en la práctica la regla general; a saber, que las sociedades limitadas se constituyan por tiempo o duración ilimitada o indefinida, de suerte que ya no es necesario -a partir de la entrada en vigor de esta Ley- indicar en los estatutos sociales la duración de la compañía, si la voluntad de los socios es que no esté sujeta a plazo alguno.
     Con ello, del mismo modo que, como vimos en el comentario del apartado anterior, mientras el régimen vigente hoy para anónimas, al igual que el previgente para limitadas, exige en todo caso la indicación de la duración de la sociedad (artículos 118 y 174.4.º RRM); conforme al artículo 14.2 de la nueva Ley de limitadas, sólo es preciso señalar la duración concreta de la sociedad de responsabilidad limitada, cuando la voluntad social quiere que ésta no sea indefinida (de nuevo los preceptos del RRM -que de momento no parecen vayan a ser modificados- deben entenderse en el sentido de la norma legal, esto es, sólo será preciso que los Estatutos determinen tal duración cuando ésta no sea por tiempo indefinido).
     Entiendo que en el supuesto de que los estatutos establecieren un plazo de duración de la sociedad, pero no indicaren su comienzo, aquél, conforme al artículo 118.2 del RRM, se empezará a contar desde la fecha de la escritura de constitución.
     Transcurrido el término fijado en los estatutos, la sociedad se disolverá de pleno derecho, a no ser que con anterioridad hubiera sido expresamente prorrogada e inscrita la prórroga en el Registro Mercantil, de conformidad con los artículos 104.1 a) y 107 de la nueva Ley. Régimen que es el mismo que el previsto en el artículo 261 del TRLSA para este tipo social; y aplicable en la legislación anterior a las sociedades limitadas, vía remisión del artículo 30 de su Ley reguladora, tras la reforma operada por ley 19/1989, de 25 de julio.
     No obstante, la problemática de la prórroga de la sociedad y la significación de la disolución de pleno derecho, son objeto de comentario en otra parte de esta obra, a la cual me remito; tan sólo destacar que la fecha de inscripción de la prórroga a la que se refiere el artículo 107 de la nueva Ley es la de presentación en el Registro Mercantil, conforme a lo ordenado por el RRM en su artículo 55.1: «Se considerará como fecha de la inscripción la fecha del asiento de presentación».


Artículo 15. Presentación de la escritura de constitución a inscripción en el Registro Mercantil
     1. La escritura de constitución deberá presentarse a inscripción en el Registro Mercantil del domicilio social en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de su otorgamiento.
     2. Los fundadores y los administradores responderán solidariamente de los daños y perjuicios que causaren por el incumplimiento de esta obligación.
     Este precepto es prácticamente idéntico al artículo 17.2 del TRLSA; por lo cual el régimen jurídico en esta materia, en sociedades anónimas y limitadas, es muy similar.
     1. Inscripción en el Registro Mercantil.
     A propósito del comentario al artículo 11, ya he expuesto el carácter y efectos de la inscripción en el Registro Mercantil; resta tan sólo recordar:
     a) Rigen en esta materia las normas del RRM, es decir, el carácter obligatorio de la inscripción, artículo 4; la competencia del Registro Mercantil correspondiente al domicilio del sujeto inscribible, esto es de la sociedad, artí-culo 17; posibilidad de presentación personal, por correo, artículo 52, o bien en Registro Mercantil distinto del competente para la práctica de la inscripción o del Registro de la Propiedad del distrito donde se haya otorgado la escritura de constitución, por razones de urgencia o necesidad, artículos 46, 47 y 48; expedición del recibo de presentación en el Registro de la escritura de constitución, artículo 53, etc.
     b) Frente al plazo general, de un mes, establecido en los artículos 19.2 del Código de comercio y 83 del RRM, para solicitar la inscripción; el artículo que comentamos (15.1 de la nueva Ley) amplía dicho período hasta los dos meses, a contar desde la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad (al igual que en anónimas, ex artículo 17.2 TRLSA) <<17>> .
     2. Responsabilidad de fundadores y administradores.
     El artículo 15.2 de la nueva Ley -al igual que el artículo 17.2 del TRLSA-contiene una categoría específica, de la responsabilidad general de los administradores, y de la más especial, de éstos y los fundadores, derivada de la constitución de la sociedad (realidad y valoración de las aportaciones sociales, etc.), que a mi juicio es consecuencia del carácter obligatorio de la inscripción en el Registro Mercantil, así como de la conveniencia de que se culmine la fundación de la sociedad mediante el cumplimiento, dentro del menor tiempo posible, del requisito del cual depende la atribución de la personalidad jurídica propia del tipo social elegido, esto es, la inscripción.
     Por ello, la propia Ley ha dado sustantividad a esta obligación y la responsabilidad consiguiente de su incumplimiento, determinando:
     a) Plazo: dos meses, desde el día del otorgamiento de la escritura, contados conforme al artículo 5 del Código civil («... si los plazos estuviesen fijados por meses... se computarán de fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes... En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles»). Teniendo en cuenta que la obligación quedará cumplida con la presentación del título en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que la inscripción se practique transcurrido el plazo de dos meses (artículo 55.1 RRM).
     b) Sujetos: Pese a que el artículo 15 de la Ley de limitadas no dice expresamente quiénes son los obligados, a diferencia del artículo 17.1 del TRLSA, es claro que se está refiriendo a los fundadores y administradores, quienes están facultados para la realización de los trámites previos a la solicitud de inscripción en el Registro Mercantil. Bien por el principio general del derecho de que nadie puede ser responsable de realizar aquello para lo cual no tiene facultades; bien por la eventual aplicación analógica del artículo 17.1 TRLSA, dada la identidad de razón con igual supuesto en sede de sociedades anónimas (artículo 4 del Código civil); bien por la propia interpretación sistemática del precepto, en atención al contenido del número 2.
     Entiendo con PERIEL y CLAVERO (obra citada, pág. 28) que es una responsabilidad puramente subjetiva y nace no de la cualidad de socio, sino de la de otorgante o administrador social, que también ha de concurrir a la escritura de constitución.
     c) Responsabilidad: La misma surge por incumplimiento de la obligación antes dicha, esto es, la presentación de la escritura de constitución en el Registro, lo cual para algunos autores técnicamente constituye una carga.
     El cumplimiento extemporáneo, transcurridos los dos meses de plazo, entiendo no impide el ejercicio de la acción de responsabilidad si efectivamente se han producido daños o perjuicios.
     En principio bastaría la presentación del título, pero obviamente la Ley lo que desea es que esta solicitud de registración concluya con la práctica efectiva del correspondiente asiento de inscripción. Lo cual puede plantear algún problema si la existencia de algún requisito, o subsanación de defectos, no puede lograrse sin el concurso de otras personas.
     Esto nos lleva a plantear la naturaleza de esta responsabilidad, que creemos responde al esquema de una responsabilidad civil, por daños y perjuicios, ex lege, aunque con ciertas adherencias contractuales derivada de la formal declaración de voluntad de constituir una sociedad limitada, por tanto, de tal tipo legal.
     Es una responsabilidad de carácter solidario de todos los obligados, derivada del incumplimiento de la carga u obligación impuesta por la Ley, de no presentar el título para su inscripción, que se constata por el hecho negativo de su no presentación sin necesidad de probar que ha habido culpa o negligencia en la no presentación, pues la carga de la prueba se invierte a modo análogo a la responsabilidad objetiva. Dicho de otro modo, los demandantes deberán probar los demás elementos desencadenantes de la responsabilidad en nuestro Derecho, la no presentación, el perjuicio o daño producido y en nexo causal o relación causaefecto entre aquélla y éste.
     La nueva Ley de limitadas, al igual que el TRLSA, guardan silencio sobre las características de la acción de responsabilidad, la legitimación activa, plazo de prescripción, etc.; extremos que entiendo pueden integrarse con la aplicación de las normas generales en la materia o la analógica respecto de otros supuestos de responsabilidad; así en la legislación previgente, por la doctrina mayoritaria, se admitió el ejercicio de la acción por los socios, terceros y por la propia sociedad.
     Por último, esta responsabilidad, es plenamente compatible con otras consecuencias sustantivas determinadas por la Ley, para el caso de no inscripción de la escritura de constitución -no sólo de la no presentación, sino de la práctica del asiento definitivo- a través de las figuras, ya tratadas, de la sociedad en formación y sociedad irregular <<18>> .
     

SECCIÓN 3.ª DE LA NULIDAD DE LA SOCIEDAD

Artículo 16. Causas de nulidad
     a) Por la incapacidad de todos los socios fundadores.
     b) Por no haber concurrido en el acto constitutivo la voluntad efectiva de, al menos, dos socios fundadores, en el caso de pluralidad de éstos, o del socio fundador cuando se trate de sociedad unipersonal.
     c) Por resultar el objeto social ilícito o contrario al orden público.
     d) Por no haberse desembolsado íntegramente el capital social.
     e) Por no expresarse en la escritura de constitución o en los estatutos sociales la denominación de la sociedad, las aportaciones de los socios, la cuantía del capital o el objeto social.
     2. Fuera de los casos enunciados en el apartado anterior, no podrá declararse la inexistencia ni la nulidad de la sociedad inscrita, ni tampoco acordarse su anulación.
     1. Introducción Nuestro Derecho positivo no reguló expresamente «la nulidad de la sociedad», hasta la ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades, en los definitivos artículos 34 y 35 del TRLSA, aplicables también a las sociedades limitadas, de conformidad con la remisión, en bloque, contenida en el artículo 6 de su Ley reguladora (... se aplicará la sección cuarta del capítulo II de esa Ley -LSA- al régimen de la nulidad de las sociedades de responsabilidad limitada).
     Hoy los artículos 16 y 17 de la nueva Ley de limitadas, que constituyen la Sección 3.ª del Capítulo II, disciplinan esta materia con tenor literal prácticamente idéntico al de los preceptos 34 y 35 TRLSA, con tan sólo las siguientes diferencias:
     a) El distinto orden, conforme al cual se enumeran las causa de nulidad; esto es, las reseñadas en el artículo 16, bajo las letras a), b), c), d) y e); se corresponden con las agrupadas en el artículo 34 del TRLSA, respectivamente, bajo las letras, c), d), a), b), último inciso y b).
     b) El contenido diferente de la causa indicada bajo la letra d) del artículo 16, esto es, «por no haberse desembolsado íntegramente el capital social», frente a la expresión del artículo 34 b) del TRLSA, que dice: «... finalmente, por no respetarse el desembolso mínimo del capital legalmente previsto».
     Modificación con la cual, precisamente, se supera uno de los desajustes provocados por la remisión en bloque de la Ley de limitadas previgente, al ré-gimen de las anónimas, dado que -como es sabido- en aquellas sociedades el capital social debe estar totalmente desembolsado (antiguo artículo 3, hoy 4), mientras en las sociedades anónimas basta con el desembolso de una cuarta parte del valor nominal de cada acción (artículo 12 TRLSA).
     c) Coherentemente con la modificación a que hemos hecho referencia en el apartado anterior, también hay diferencias en la redacción del número 3 del artículo 17, con relación a su homónimo, del artículo 35, relativos a la obligación de los socios de desembolsar la parte de capital no aportado.
     2. Nulidad de la sociedad, concepto La expresión «nulidad de la sociedad» implica en cierta medida una falta de precisión técnica del lenguaje empleado por la ley, toda vez que en tesis de principio la noción de nulidad es predicable de los actos, negocios jurídicos o contratos, pero no, de los sujetos del derecho, esto es, de las personas, en nuestro caso jurídicas <<19>> .
     Una primera explicación podría darse en base a entender que los artículos 16 y 17 de la nueva Ley de limitadas (al igual que los artículos 34 y 35 del TRLSA) sólo contemplan las únicas causas de nulidad del acto fundacional de la sociedad y las consecuencias o efectos de la sentencia que la declare; por lo que sólo indirectamente puede hablarse de nulidad de la sociedad como derivada de la de aquel acto.
     Una segunda hipótesis, contraria a la anterior, nos llevaría (como señala LÁZARO SÁNCHEZ en obra citada en nota 1, pág. 24) a «concluir que la actual Sección 4.ª del Capítulo I -artículos 34 y 35- del TRLSA regula exclusivamente el problema específicamente societario de la cesación de la personalidad jurídica de la Sociedad Anónima, ocupándose sólo de manera incidental del acto constitutivo como tal, lo cual acarrearía la consecuencia de que la disciplina del contrato social continuaría siendo la general de los contratos salvo en aquello en que los artículos 34 y 35 estableciesen desviaciones».
     Cualquiera que sea la opinión del intérprete, es evidente que dicha polé-mica, a mi juicio, tiene mucho que ver con la evolución de los derechos positivos de los Estados miembros de la Unión Europea y del propio Derecho Comunitario.
     En efecto, como nos enseña RODRÍGUEZ ADRADOS (obra citada, pág. 95), «la ausencia de normas específicas, en los Códigos de comercio y en las Leyes de Sociedades, sobre la nulidad de la Sociedad Anónima, debía conducir inicialmente a la aplicación de las normas generales: la Sociedad Anónima sería nula -o, en su caso, anulable; o inexistente- cuando concurriera cualquiera de las causas de nulidad del contrato, o del negocio jurídico, y en los supuestos de infracción de ley imperativa. Pero en cuanto la sociedad hubiera dado comienzo a sus operaciones, semejante sistema se revelaba, como escribió DOMINEDO, impracticable, peligroso y aberrante».
     Para evitar estos inconvenientes -continúa diciéndonos dicho autor- se desarrollan dos caminos: el sistema francés de la sociedad de hecho, basado en la idea de que si la sociedad declarada nula había funcionado de hecho, no era posible borrar de un plumazo retroactivamente ese pasado; y el sistema alemán de la nulidadliquidación por causas tasadas (parágrafos 216, 217 y 218 de la Aktiengesellschaft de 1937), es decir, la acción de nulidad tiene como resultado la disolución y liquidación de la sociedad.
     En respuesta a la necesidad de armonización, entre los diversos sistemas vigentes en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, la Primera Directiva CEE en materia de sociedades, en sus artículos 11 y 12, opta decididamente por el sistema alemán. A su vez, nuestra Ley de reforma, número 19/1989 y el definitivo TRLSA, artículos 34 y 35, prácticamente se limitan a transcribir la norma comunitaria; y la nueva Ley de limitadas sigue, en los artículos que comentamos, igual camino.
     3. Causas de nulidad De ellas se ocupa el actual artículo 16 (como dije de modo prácticamente idéntico al artículo 34 del TRLSA) con carácter taxativo, es decir, como dice el número 2 de dicho precepto, «fuera de los casos enunciados en el apartado anterior, no podrá declararse la inexistencia ni la nulidad de la sociedad inscrita, ni tampoco acordarse su anulación».
     Dado el número reducido de tales causas, de nuevo, la doctrina difiere en la interpretación restrictiva o meramente declarativa del mencionado precepto; así EIZAGUIRRE (obra citada, pág. 285) mantiene una interpretación en gran medida restrictiva del artículo, con base en las doctrinas alemana e italiana, de suerte que deja convertidas muchas causas de nulidad en supuestos de escuela, totalmente irreales en la vida práctica; frente a ello, RODRÍGUEZ ADRA-DOS (obra citada, pág. 101) entiende procedente «una interpretación declarativa del precepto, que respete la reducción del precepto, pero no la agrave», de modo que pueden darse supuestos de invalidez sobrevenida, al formar parte los Estatutos del acto constitutivo y afectar la nulidad no al contrato sino a la Sociedad en sí:
     a) Por la incapacidad de todos los socios fundadores.
     Sólo se precisa la capacidad de uno de los fundadores; dicho de otro modo, es suficiente con que uno solo de los socios constituyentes sea capaz para que la sociedad no pueda ser declarada nula.
     Algunos autores (BORGIOLI y BOCCHINI en la doctrina italiana y EIZAGUIRRE entre nosotros -obra citada, pág. 354-<<20>> ) refieren esta causa sólo a las personas físicas, supuesta la capacidad general de las personas jurídicas.
     Me parece más fundada la opinión de RODRÍGUEZ ADRADOS (obra citada, pág. 106), que estima esta restricción injustificada; «porque no se trata de la capacidad abstracta, sino de la capacidad concreta para aquel acto de constitución de la Sociedad, incluidas la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, la representación voluntaria, orgánica o legal, los vicios del consentimiento que no supongan la absoluta eliminación de éste, es decir, los que dan lugar en la teoría general a la mera anulabilidad» <<21>> .
     b) Por no haber concurrido en el acto constitutivo la voluntad efectiva de, al menos, dos socios fundadores, en el caso de pluralidad de éstos, o del socio fundador cuando se trate de sociedad unipersonal.
     La admisión de la sociedad constituida por un solo socio, tanto anónima como limitada, en virtud de la nueva Ley (artículos 125 a 129; y Disposición Adicional Segunda, números 1 y 2), ha impuesto la modificación de la letra d) del apartado 1 del artículo 34 del TRLSA, que a partir de este momento tiene idéntico tenor que el transcrito artículo 16.1 b) <<22>> .
     Con ello, para las sociedades anónimas y limitadas, es causa de nulidad la falta de voluntad efectiva del socio fundador, en caso de unipersonalidad; o de al menos dos socios, en el supuesto de pluripersonalidad.
     Si se interpreta esta exigencia desde el punto de vista estrictamente formal, esto es, la presencia material ante el Notario autorizante de la escritura de constitución de dos otorgantes, en caso de sociedad pluripersonal, o del fundador único, en el supuesto de sociedad unipersonal; es claro que, en la práctica, no existirá esta causa de nulidad, pues el mínimo control notarial eliminará que en escritura de constitución de sociedad no existan dos o un socio fundador, respectivamente.
     Ahora bien, como ya apuntó RODRÍGUEZ ADRADOS (obra citada, pag. 103), el aspecto sustancial que verdaderamente interesa es la admisibilidad de la s i m u l a c i ó n como causa de nulidad de la sociedad; extremo que a su juicio y, frente a la opinión de EIZAGUIRRE, se deduce, entre otros de lo expresivo de nuestro precepto, al decir: «No haber concurrido... la voluntad efectiva».
     Con la nueva regulación, a mi juicio, lo que se sanciona específicamente en este apartado, con nulidad de la sociedad, son dos supuestos:
     a) La apariencia de fundar una sociedad pluripersonal, de al menos dos socios, cuando realmente se está disimulando lo verdaderamente querido, cual es la existencia de un único socio fundador.
     b) La existencia tan sólo de la voluntad del socio oculto de una sociedad unipersonal constituida exclusivamente por un testaferro o socio de complacencia.
     Dicho de otro modo, mientras si son varios los otorgantes, se admite la existencia de uno o más socios de complacencia, siempre que al menos haya concurrido la voluntad efectiva de dos de ellos; en el caso de dos fundadores, por tanto, sin cumplir los requisitos exigidos por la Ley para las sociedades unipersonales, en especial de publicidad, ex artículo 126 de la nueva Ley, se demuestra que sólo ha existido dicha voluntad en un socio fundador, este hecho es causa de nulidad de la sociedad.
     c) Por resultar el objeto social ilícito o contrario al orden público.
     En tesis de principio, este apartado se está refiriendo al objeto estatutario, es decir, cuando la relación de actividades consignada en la norma estatutaria -conforme a lo que vimos al comentar el artículo 13- sea en sí ilícita, no cuando precise para su inicio el cumplimiento de determinadas formalidades o autorizaciones.
     Obsérvese que de los tres criterios que con carácter general establece el Código civil en su artículo 1.255, para limitar la autonomía de la voluntad, el artículo que comentamos no incorpora «la moral», salvo que en el caso concreto se pueda subsumir en los de contravención del orden público o ilicitud.
     Como señala RODRÍGUEZ ADRADOS (a quien básicamente seguimos en esta materia, obra citada, pág. 109), no es causa de nulidad la imposibilidad material o legal del desarrollo de las actividades que integran el objeto social; sino de disolución, artículos 260.3.º TRLSA y 104.1. c) y d) de la nueva Ley de limitadas.
     Respecto a la dudas doctrinales relativas a si se entiende incluido en el texto del precepto la ilicitud del objeto real, no sólo el definido en los Estatutos, el citado autor, se inclina por la afirmativa, en atención al mismo tenor del texto legal, al decir «por resultar» el objeto social ilícito o contrario al orden público.
     Por último, por orden público entiendo el económico, en particular el derivado de las disposiciones de nuestra Constitución <<23>> .
     d) Por no haberse desembolsado íntegramente el capital social.
     Bajo la legislación previgente, vía remisión global del artículo 6 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, tras la reforma de 1989, era aplicable a este tipo de sociedades el artículo 34.1 b) último inciso, que decía expresamente: «No respetarse el desembolso mínimo del capital legalmente previsto»; lo cual era contradictorio con la exigencia legal del íntegro desembolso del capital social en las limitadas. Por ello, la doctrina <<24>> entendió que dicho supuesto no era de aplicación literal, debiendo traducirse por «la falta de cumplimiento de desembolso íntegro»; y es ésta, precisamente, la redacción que ha prosperado en el texto definitivo de la nueva Ley.
     Esta causa de nulidad se refiere tanto al aspecto sustantivo, de que el desembolso efectuado no respete el límite mínimo de capital previsto en el artí-culo 5 (500.000 pesetas), como el formal, de que se indique en la escritura de constitución un desembolso inferior a dicho mínimo.
     En este sentido es significativo que el artículo 17 de la nueva Ley contemple expresamente una de dichas hipótesis, la falta de desembolso íntegro del capital, para exigir a los socios el desembolso de la parte del capital social asumido por ellos y no aportado íntegramente.
     e) Por no expresarse en la escritura de constitución o en los estatutos sociales la denominación de la sociedad, las aportaciones de los socios, la cuantía del capital o el objeto social.
     A propósito del comentario de los artículos 12 y 13 de la nueva Ley, ya analizamos el contenido legal mínimo de las menciones de la escritura de constitución y dentro de ella de las estatutarias; pero ya advertí que no toda omisión de ellas desencadenaba la nulidad de la sociedad, tan sólo lo producen las contenidas en este apartado:
     1. No expresarse la denominación.
     Es decir, la no indicación del nombre de la sociedad que permite diferenciarla en el tráfico, como la omisión de la expresión del tipo social (SRL o SL), siendo indiferente que la denominación empleada sea en sí nula (RODRÍ-GUEZ ADRADOS, obra citada, pag. 107); por ilegal, artículos 366 a 373 RRM, por lesionar los derechos de terceros, por ejemplo en materia de propiedad industrial, o por haber desaparecido en virtud de sentencia, artículo 382 del RRM.
     2. No expresarse las aportaciones de los socios.
     Estamos en presencia, de nuevo, de una causa estrictamente formal, es decir, la falta completa de expresión de lo aportado por los socios.
     Por tanto, entiendo con RODRÍGUEZ ADRADOS (obra citada, pág. 108) la expresión insuficiente, carente de alguno de los requisitos legales o reglamentarios, la falta de verificación de las aportaciones en efectivo, etc., no constituyen causa de nulidad de la sociedad.
     3. No expresarse la cuantía del capital.
     De nuevo esta causa de nulidad alude exclusivamente al aspecto formal de lo indicado en la escritura de la cifra de capital social; y también cuando la cuantía expresada resulte incierta.
     4. No expresarse el objeto social.
     Aquí se entiende por objeto social la relación de actividades que integran el objeto estatutario.
     Esta causa de nulidad social, al igual que las anteriores, que responden a una concepción exclusivamente formal, esto es, no inclusión de la correspondiente mención, son más teóricas o de escuela que reales, en atención al control preventivo ejercido por el Notario autorizante de la escritura de constitución.


Artículo 17. Efectos de la declaración de nulidad
     2. La nulidad no afectará a la validez de las obligaciones o de los créditos de la sociedad frente a terceros, ni a la de los contraídos por éstos frente a la sociedad, sometiéndose unos y otros al régimen propio de la liquidación.
     3. Los socios, cuando se dé el supuesto del artículo 16.1 d) de esta Ley, estarán obligados a desembolsar la parte del capital social suscrita y no desembolsada íntegramente.
     4. Efectos de la nulidad declarada      Los efectos de la declaración de nulidad aparecen contenidos en el artí-culo 17 de la nueva Ley de limitadas, con tenor prácticamente idéntico al conocido artículo 35 del TRLSA, el cual a su vez es esencialmente un resumen del artículo 12 de la Primera Directiva.
     Ahora bien, la declaración de nulidad de la sociedad es siempre el resultado de un procedimiento judicial, previo ejercicio de la correspondiente acción.
     Pese a que, tanto el TRLSA como la nueva Ley, guardan silencio sobre una serie de aspectos de gran trascendencia práctica, cuales son:
     1. Clase de procedimiento.
     En tesis de principio debe ser el declarativo ordinario, de mayor o menor cuantía, según corresponda a la significación económica del mismo; pese que por algunos comentaristas se ha sugerido aplicar analógicamente el contenido en el artículo 115 del TRLSA, relativo a la impugnación de acuerdos sociales, al cual se remite el artículo 56 de la nueva Ley de limitadas.
     2. Legitimación activa y plazo.
     Ante el silencio legal, deberán de aplicarse las normas generales sobre la materia, dado que no todas las causas de nulidad son de igual significación, por ejemplo, ilicitud por comisión de un delito, o falta de intervención del representante legal del menor o incapacitado, etc.
     En relación al plazo de caducidad o prescripción, la doctrina parece acoger el de tres años, que prevé el artículo 947 del Código de comercio para las acciones que incumben al socio frente a la Sociedad, tal y como defendía GARRIGUES, con base a la legislación ya derogada, o RODRÍGUEZ ADRADOS, respecto al TRLSA.
     La declaración judicial de nulidad abre la liquidación de la sociedad, lo cual determina que dicha sentencia sea constitutiva de la apertura del procedimiento liquidatorio previsto en los artículos 109 a 124 de la nueva Ley, objeto de estudio en otra parte de esta obra, a la cual me remito.
     Ahora bien, como decíamos al principio, la nulidad en aras de la seguridad jurídica y la protección de terceros no produce la desaparición del ente social con eficacia retroactiva, por lo que:
     a) No se ven afectadas las obligaciones o créditos de la sociedad con terceros, y viceversa; todo lo más quedan sometidos a la nueva situación liquidatoria de la compañía.
     b) Los socios están obligados a desembolsar íntegramente el capital social, si la causa de nulidad ha sido precisamente esta falta de aportación íntegra.
     Así lo determina expresamente el apartado 3 del artículo 17; según redacción dada por el Congreso de los Diputados frente al Proyecto del Gobierno, que nada decía al respecto <<25>> .
     JOSÉ-JAVIER ESCOLANO NAVARRO
     Notario
     Colegio Notarial de Albacete
     
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     <<1>>
Una exposición más detallada de esta controversia doctrinal puede verse en Revista General del Derecho, año L, número 596, mayo 1994, páginas 5477 a 5522, publicado por mí, bajo el título «Constitución de la sociedad de responsabilidad limitada: escritura y esta-
     <<2>>
Lo cual no se empaña -como muy bien dice BOLÁS, obra citada, pág. 78- por la dicción del artículo 286.2 del RRM, que al hablar de la inscripción de sociedades irregulares, en sede de suspensión de pagos, alude a «las no formalizadas en escritura pública», expresión que ha de entenderse sólo referida a las sociedades colectivas y comanditarias simples,
      <<3>>
Dado el amplio ámbito de la autonomía de la voluntad, destacar la importancia de la labor del Notario autorizante de la escritura conforme a lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento Notarial, que dice: «El Notario redactará el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes, la cual deberá indagar, interpretar y adecuar al Ordenamiento Jurídico, e informará a aquéllos del valor y alcance de su redacción».
     <<4>>
A los que RUBIO, «Curso de Derecho de Sociedades Anónimas», Madrid, 1964, pág.
     179, aludía al decir: «Lo que la Ley prohíbe es que la sociedad tenga un estatuto público y otro reservado, a la manera de los viejos protocolos secretos».
     <<5>>
Respecto a la importante materia de la rectificación de lo pactado en escritura, ex artí-culo 1.219 del Código civil, véase RODRÍGUEZ ADRADOS, obra citada, pág. 95, y el trabajo específico de dicho autor, «Escrituras, contraescrituras y terceros», Anales de la Academia Matritense del Notariado, to-
     <<6>>
CÁMARA ÁLVAREZ, a la vista del Anteproyecto de 1988: «Sería injusto que la sociedad anónima, una vez inscrita, eludiera el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los administradores dentro del ámbito de sus facultades, con arreglo a lo dispuesto en la escritura de constitución, siendo así que los estatutos -consentidos por todos los fundadorespermiten que el órgano gestor empiece a actuar aunque la sociedad todavía no esté inscrita; entender lo contrario obedecería a una innecesaria supervaloración de la personalidad
      <<7>>
Máxime cuando la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, durante la tramitación en el Congreso con el número 236, fue rechazada, y en el Senado bajo el nú-mero 62 fue retirada por el propio Grupo, en la Ponencia de la Comisión de Justicia de dicha Cámara, la cual pretendía adicionar un número 4 a este artículo 12, con el siguiente tenor:
     «La sociedad unipersonal podrá constituirse por escrito del socio único».
     <<8>>
Artículo 38 del RRM: «1. Cuando haya de hacerse constar en la inscripción la identidad de una persona física, se consignarán los siguientes datos:
     1.º El nombre y apellidos.
     2.º El estado civil.
     3.º La edad, por medio de la indicación de la fecha de nacimiento.
     4.º La nacionalidad, cuando se trate de extranjeros.
     5.º El domicilio, expresando la calle número o el lugar de situación, la localidad y el municipio.
     Si estuviese fuera de poblado, bastará con indicar el término municipal y el nombre del lugar o cualquier otro dato de localización.
     6.º El documento nacional de identidad. Tratándose de extranjeros, se expresará el nú-mero de su pasaporte, de su tarjeta de residencia o de cualquier otro documento legal de identificación, con indicación de la fecha y lugar de expedición.
     Igualmente se consignará el número de identificación fiscal cuando se trate de personas que dispongan del mismo con arreglo a la normativa tributaria.
     2. Tratándose de personas jurídicas se indicará:.
     1.º La razón social o denominación.
     2.º Los datos de identificación registral.
     3.º La nacionalidad, si fuesen extranjeras.
     4.º El domicilio, en los términos expresados en el número 5.º del apartado anterior.
     5.º El número de identificación fiscal, cuando se trate de entidades que deban disponer del mismo con arreglo a la normativa tributaria.
     3. Cuando haya de hacerse constar en la inscripción el domicilio de una persona, física o jurídica, se expresarán los datos a que se refiere el número 5.º del apartado primero de
     <<9>>
Quizás, esta excepción al principio de igualdad en sede de distribución de beneficios sociales, pueda acoger la reserva en favor de todos o algunos de los socios un porcentaje superior en su favor al de los demás socios en los dividendos sociales, a modo de las «ventajas de fundador». En este sentido recordamos que el texto del Anteproyecto de ley publicado el día 25 de junio de 1993 en el Boletín Informativo del Ministerio de Justicia, se admitían y regulaban las ventajas de fundador en el artículo 15, aunque no prosperó en el texto definitivo, ya desde la aprobación por el Gobierno del
     <<10>>
En este sentido creo son significativas las palabras pronunciadas por el representante del Grupo Parlamentario Socialista, en la Comisión de Justicia del Senado, en relación con este artículo: «El cambio que ha sufrido el proyecto a su paso por el Congreso modifica ese principio de igualdad que figuraba en el texto de la ley, es decir, ya se admite, según el artí-culo 5, un régimen diferenciado de participaciones sociales..., por ejemplo, en el artículo 22, en cuanto a prestaciones accesorias; en el artículo 53, en cuanto a la posibilidad de crear participaciones con voto privado; en el artículo 84, donde se posibilita la desigualdad en la distribución de dividendos en el 118 (debe decir 119), en cuanto a la desigualdad en la cuota de liquidación. En definitiva, se ha roto el principio inicial de igualdad de participación».
     <<11>>
Por ejemplo, el socio casado titular de varias participaciones, unas de carácter ganancial y otras privativas, que desee realizar algún acto de gravamen o disposición de alguna aplicación del principio de subrogación real); o la enajenación de participaciones sociales, que conforme a los artículos 22.2 y 24 de la Ley lleven vinculadas la obligación de realizar determinadas prestaciones accesorias; o la de aquellas que han sido asumidas por aportación no dineraria, a efectos sustantivos de la responsabilidad del adquirente sobre la realidad y valoración de los bienes aportados, artículo 21 de la Ley, o a efectos fiscales, conforme al artículo 108.2 de la Ley del Mercado de Valores, si la transmisión se realiza antes de los dos años contados desde la asunción de la participación, determinará la sujeción de la enajenación actual el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas al tipo correspon-<<12>>
BOLÁS, «Comentarios a la Ley...» citada, págs. 98 y 122; GONZÁLEZ-MENESES ROBLES, «Inscripción de las Escrituras de Constitución de sociedades en la nueva reglamentación», pág. 58; OLIVARES JAMES, «Los órganos sociales: estructura y funcionamiento», Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo XXX, pág. 300); CANO FERNÁNDEZ («La representación de la sociedad», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, número 598, pág. 1062).
     <<13>>
No desconozco las dificultades que el intérprete o juzgador pueden encontrar para identificar con seguridad cuáles son estos «principios configuradores de la Sociedad Limitada»; toda vez que, incluso, los autores no se ponen de acuerdo sobre el significado tipológico de la nueva Ley; así BERCOVITZ ROJO y EMBID en sus respectivas aportaciones a la obra colectiva La reforma de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Dykinson, 1994, páginas 35, 81 y 109, respectivamente.
     <<14>>
Junto a estas estipulaciones de la escritura, como he dicho, derivadas del ejercicio por tarios; por ejemplo, la expresa inclusión de no poder ejercitar cargos las personas incompatibles, conforme a la Ley 25/1983, de 23 de diciembre; o la exhibición e incorporación por el Notario de la certificación negativa expedida por la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central, conforme al artículo 378.3 del RRM, que por ser sobradamente cono-<<15>>
Frente al Anteproyecto que sólo admitía la expresión sociedad de responsabilidad limitada y su correspondiente abreviatura.
     De otro lado, en el trámite legislativo, tanto en el Congreso como en el Senado, fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria un grupo de enmiendas (de los Grupos Nacionalistas Vasco y Catalán) que propugnaban el empleo de las lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas, para expresar la forma social; a decir del representante del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, la no admisión se debía: a la indudable competencia exclusiva del Estado de la materia mercantil o registral; a que las siglas SRL o SL son las que dan garantía de comprensión al contenido societario en todo el territorio nacional, pues si bien en catalán no tendría diferencias, en euskera, sería EMB y la expresión completa, Erantzukizun Mugatuko Baltzu, lo cual dificultaría la comprensión de los terceros, además <<16>>
Todo ello debido a la aceptación de la enmienda número 170 del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, en aras de «una mejora técnica».
     <<17>>
No fue aceptada por la mayoría parlamentaria la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, bajo el número 263, en virtud de la cual se debería decir en este precepto: «La escritura de constitución quedará sin efecto si no se presentase a inscripción en el Registro Mercantil dentro de los dos meses siguientes a su realización»
     <<18>>
No puedo, por razones de concepción de esta obra, adentrarme en la problemática específica de la naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad de los administradores (en este caso también fundadores) y en los presupuestos desencadenantes de dicha responsabilidad; para ello pueden consultarse, QUIJANO, Responsabilidades derivadas del proceso fundacional, pág. 448, en obra colectiva Derecho de Sociedades Anónimas, Civitas; SUÁREZ LLANOS, Sociedad Anónima en formación. Efectos de la escritura antes de la inscripción registral, RDP, 1964; JOSÉ MARÍA GARRETA SUCH, La responsabilidad civil, fiscal y penal de los administradores de las sociedades, Marcial Pons, 1991; EDUARDO POLO, Comentario al
     <<19>>
En este sentido, EIZAGUIRRE, «La Sociedad nula», en obra colectiva La reforma del Derecho español de sociedades de capital, Madrid, 1987, pág. 281; y LÁZARO SÁNCHEZ, La nulidad de la Sociedad Anónima, BOSCH, 1994, pág. 24.
     <<20>>
ALESSANDRO BORGIOLI, La nullitá della societá per azioni, Milán, 1977; y ERMANNO BOC-CHINI, I vizi della costituzione e la nullitá della societá per azioni, Nápoles, 1977; las citas las tomamos de RODRÍGUEZ ADRADOS.
     <<21>>
Como señala GARRIDO DE PALMA, obra citada, pág. 196, en cuanto a la salida del incapaz o del aquejado de causa que vicia la voluntad contractual (error, dolo, violencia, etc.), ante el silencio legal es digno de considerar la regulación que de la cuestión hace el actual Código de Sociedades Portugués de 1986, artículos 42 a 52.
     <<22>>
La modificación de este apartado fue debida a la aceptación de la enmienda (número 171) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, con justificación en la «mejora técnica, a fin de tener en cuenta la posibilidad de que la sociedad
     <<23>>
El marco de la Constitución económica está regulado en el Capítulo relativo a los "Derechos económicos", artículos 95 a 109; como dijo el Tribunal Constitucional en sentencia 1/1982, de 28 de marzo, nuestra Carta Magna contiene, además de los clásicos contenidos orgánico (distribución de poderes) y dogmático (derechos individuales), "el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica".
     <<24>>
GARRIDO DE PALMA, obra citada, pág. 194.
     <<25>>
Redacción que fue introducida en el texto aprobado inicialmente por el Congreso de los Diputados, al aceptar la enmienda número 6, suscrita por el Grupo Federal Izquierda Unida - Iniciativa por Cataluña; con la justificación de seguir el mismo régimen que para las sociedades anónimas establece el artículo 35 TRLSA y la congruencia con el propio artículo 16, de indicar como causa de nulidad el no desembolso íntegro del capital social.

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